Y de repente, el discurso antiinmigración se institucionalizó. La escalada verbal del PP y Vox sobre las personas de origen de extranjero escaló esta semana en Jumilla, un municipio de poco más de 27.000 habitantes en la Región de Murcia, cuyo Ayuntamiento ha impulsado el veto de rezos islámicos en espacios públicos municipales. La decisión no solo supone un salto de lo discursivo a lo normativo, sino que también implica abrir el foco del señalamiento. Ya no son los inmigrantes, sea cual sea su situación legal, sino los musulmanes como sinónimo de lo que no es o no debe ser, en esencia, español. Por más que muchos de esos musulmanes hayan nacido y crecido en España.
“¡Sí! Hay que proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida. Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión”, celebró el líder de Vox en redes sociales la decisión de un consistorio gobernado por el PP. De la población total de Jumilla, se calcula que unas 3.000 personas profesan la fe musulmana, muchos de ellos ciudadanos españoles de pleno derecho. Durante las últimas dos décadas, la comunidad islámica del pueblo había solicitado y accedido al polideportivo municipal para los rezos del fin del Ramadán y de la fiesta del cordero, dos días al año en los que jamás se produjo, según conste, incidente de convivencia alguno.
“La gente está muy sorprendida. Desde hace más de 20 años la comunidad musulmana alquila y paga por el uso del pabellón deportivo para el rezo durante media hora en dos festividades. ¡Dos medias horas al año! Imagínate el problema que supone eso para la administración”, señala Mounir Benjelloun, el presidente de la Federación de Entidades Islámicas, que solo encuentra una explicación a la decisión del Ayuntamiento. “El tema es crear un conflicto donde no lo hay, que haya controversia, que haya reacción. Lo que quieren es llegar a Torre Pacheco, a que todo lo que es musulmán sufra persecución, a ponernos la vida más difícil para que se genere ese conflicto social y ese odio en busca de votos”.
Mientras la extrema derecha celebra la conquista de ese salto cualitativo que la izquierda tacha de “islamofobia institucional”, en el PP se afanan por enmascarar la medida impulsada desde un ayuntamiento que gobiernan en solitario. “Es falso que el Partido Popular vaya a señalar a nadie por su credo, porque es absolutamente inaceptable que se pretenda hacer pasar al Partido Popular por un partido xenófobo”, se defendió el vicesecretario de Educación e Igualdad de los populares, Jaime de los Santos.
No obstante, este viernes el portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, se mostraba abiertamente “a favor” de la decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de prohibir la celebración de actos religiosos islámicos en los polideportivos municipales, una medida sobre la que expresó su “respeto y apoyo”. “En España debemos tener un modelo integrador y no es una crítica, es un a favor de lo que se está produciendo en Jumilla y un a favor de controlar según qué celebraciones”, añadió. Fernández fue más allá y cargó contra las “tradiciones que atentan contra la libertad de expresión y la libertad y dignidad de la mujer”, como, a su juicio, supone el velo islámico, e instó a “poner coto a estas prácticas”.
La alcaldesa de Jumilla, del PP, llegó a cancelar la rueda de prensa prevista esta semana ante la polémica generada. A preguntas de la prensa, Seve González achaca el revuelo a “una tergiversación interesada” y sostiene que en Jumilla está garantizada la libertad de culto “sin vetos ni prohibición a nadie por su origen religioso”. Pero lo cierto es que su decisión ha llegado a colocar al Partido Popular incluso en una situación de choque con la Iglesia Católica.
“Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución”, recordó la Conferencia Episcopal en un comunicado en el que se califica de “inaceptable” la decisión adoptada. “La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes. Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”, concluyen los obispos españoles.
La moción que permitirá evitar que la comunidad musulmana continúe celebrando eventos como el fin de Ramadán o la fiesta del cordero en las instalaciones deportivas de la localidad fue aprobada por la mayoría del PP el pasado 28 de julio. El texto finalmente aprobado es fruto de una enmienda presentada por el partido de Alberto Núñez Feijóo a un texto inicial de la formación de extrema derecha que contenía una supuesta defensa de las “tradiciones” del pueblo español.
Ese texto calificaba de “retroceso cultural” y “agravio comparativo hacia quienes conservan las tradiciones españolas” el “desarrollo en suelo español” de esas festividades islámicas y pedía “prohibir” su “celebración pública”. El PP, que podía rechazar de plano la iniciativa, optó por presentar una enmienda que aunque no es explícita en su rechazo a esos actos islámicos, sí mantiene su espíritu y mantiene la restricción específica del uso de instalaciones deportivas municipales a fines ajenos al Ayuntamiento.
La propuesta finalmente aprobada elimina hasta seis puntos de la moción de Vox, pero mantiene el artículo que permite impedir que la comunidad musulmana siga celebrando el fin del Ramadán y la ‘fiesta del cordero’ en esas instalaciones. Según el PP, los pasajes eliminados aunque perseguían “la legítima finalidad de proteger” las “tradiciones y costumbres” españolas, podían “dar lugar a interpretaciones que no se ajustan plenamente al marco jurídico vigente”.
En realidad, el discurso duro del PP en materia de inmigración ya subió varios peldaños hace justo un año de la mano de su propio líder, Alberto Núñez Feijóo, que se ha entregado a la vinculación de inseguridad con la población extranjera en contra de lo que reflejan los datos. Feijóo ha llegado a relacionar las ocupaciones ilegales o la criminalidad con la población extranjera. Aunque los datos reflejen justo lo contrario. Según cifras del ministerio del Interior, las personas de nacionalidad extranjera eran 3,7 millones en 2005 y hoy son 7 millones. Y la tasa de criminalidad es 9 puntos más baja desde entonces.
A pesar de ello, el PP ha endurecido en este último curso político su discurso migratorio, con el hito del reparto de los menores de Canarias, cuyo acogimiento se ha presentado desde el principio como un problema indeseado por parte de las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales están gobernadas por el Partido Popular.
Después de los disturbios y “caza al inmigrante” en Torre Pacheco este verano, Feijóo no encaró el discurso xenófobo. Durante un curso de la universidad CEU San Pablo, de hecho, llegó a asegurar que “la inmigración no da carta blanca para cometer delitos” y que en Torre Pacheco hay “un nivel de delincuencia muy superior a la media” porque “hay inmigrantes que no trabajan, jóvenes que no quieren trabajar ni estudiar”.
La tasa de criminalidad en esa localidad murciana está en la media y son las ciudades más pobladas de España donde se cometen más crímenes. Según el último CIS de julio, los españoles consideran la inmigración el quinto de los “problemas” que les afectan, por detrás de asuntos económicos, vivienda, sanidad y paro.
