El Partido Popular ha abrazado una de las estrategias más habituales de la extrema derecha para deslegitimar al Gobierno al que aspira a desbancar: cuestionar el sistema electoral español. Los conservadores han reavivado las sospechas que ya lanzaron en 2023 sobre el sistema de voto postal en las últimas elecciones generales, después de que hayan trascendido las maniobras de Leire Díez y los audios en los que Santos Cerdán daba órdenes a Koldo García para las primarias del PSOE de 2014. “El sistema no está completamente blindado”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo, sin aportar pruebas de sus sospechas, con los sistemas de seguridad reforzados desde hace dos años y sin explicar si vivió algo similar cuando fue presidente de Correos durante tres años. Feijóo ha llegado incluso a pedir un “grupo de trabajo” del que no tienen conocimiento en la Junta Electoral. “No hay ninguno”, explican desde este organismo.
Poner los resultados en tela de juicio es una de las maniobras de cabecera de líderes políticos como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil. Las dudas las difunden masivamente sin pruebas de forma preventiva antes de unos comicios o cuando no ganan unas elecciones. Pero son teorías que se disipan cuando ganan y gobiernan como ha sido el caso de las últimas elecciones estadounidenses. Una vez en el gobierno tampoco suelen abrir investigaciones y las pruebas de esos supuestos fraudes electorales masivos nunca aparecen.
La derecha y la extrema derecha en España no son ajenas a esta tendencia. Rodrigo Rato puso en duda el censo electoral en 1993 horas antes de la victoria del PSOE de Felipe González y Santiago Abascal y Vox cuestionan el sistema de voto por correo en cualquier elección a la que se han presentado en la última década. El Partido Popular se subió a esta ola en 2023, cuando Feijóo se estrenó como candidato nacional del partido pidiendo a los carteros que entregaran todas las papeletas pese a “sus jefes”.
El funambulismo dialéctico del PP sobre este asunto –a medio camino entre cuestionar el sistema de voto por correo, pero solo en las elecciones en las que no han conseguido formar gobierno– ha vuelto dos años después al calor de las revelaciones sobre Leire Díez y del caso Koldo. La ya exmilitante socialista, expulsada por sus maniobras para obtener información comprometedora de mandos de la Unidad Central Operativa, ocupó distintos cargos en la compañía estatal entre 2021 y 2024, relación que ha llevado al PP a cuestionar los resultados de las elecciones generales de 2023 de forma retroactiva.
El pistoletazo de salida lo dio José María Aznar en una entrevista en El Mundo este fin de semana. El expresidente del Gobierno mencionó la presencia de Díez en Correos y también los audios en los que Santos Cerdán ordena a Koldo García que manipule dos papeletas en las primarias del PSOE de 2014 que ganó Pedro Sánchez. “Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?”, se preguntaba Aznar.
El PP actual ha recogido el guante, y Feijóo aseguraba lo siguiente en el programa de Federico Jiménez Losantos: “Si uno ha robado una joyería, por qué no puede robar un banco”. A medio camino entre cuestionar el voto por correo de las últimas elecciones generales, pero afirmando también no tener “dudas sobre los funcionarios de Correos”, Feijóo pidió a la Junta Electoral que “supervise” todo el proceso y que, en la práctica, revise esos resultados electorales, en la línea de lo solicitado por Vox. La Junta Electoral Central ya rechazó hace unos días la petición del partido de Santiago Abascal en ese sentido: si tienen sospechas sobre un fraude electoral, donde hay que ir es a la Fiscalía y los tribunales penales.
Las sospechas y teorías de la conspiración lanzadas por PP y Vox chocan contra el mismo muro contra el que se estrellaron en 2023: los controles internos en Correos y en el sistema electoral, reforzados precisamente hace dos años, dificultan que una manipulación del voto por correo a gran escala pueda llegar a alterar un resultado electoral. Los casos documentados o bajo investigación en España ubican el momento de la corrupción del voto a favor de un partido, en todo caso, antes de que las papeletas lleguen a manos de Correos.
Los refuerzos a la seguridad en 2023
El voto por correo en España arranca con los electores enviando sus papeletas a la administración a través de las oficinas de Correos, donde son custodiadas hasta el día de las elecciones. Esas papeletas son entregadas en las mesas electorales correspondientes a las nueve de la mañana, la hora a la que se abren las urnas y tras el cierre de los colegios electorales se mezclan con las papeletas presenciales después de comprobar que los electores están inscritos en el censo y que no están votando dos veces. Si la documentación falla, la papeleta se queda fuera de la urna.
Varios frentes judiciales pusieron las elecciones de 2023 debajo del foco sin que ningún tribunal, ni siquiera el Constitucional, apreciara nada parecido a una sospecha. Las detenciones de varios políticos de Coalición Por Melilla (CPM) y personas ligadas al partido y la apertura de causas judiciales en localidades como Mojácar con acusados de comprar votos para PSOE y también PP llevaron a la Junta Electoral Central a elevar el listón de la seguridad.
Feijóo disfrazó de preocupación laboral sus dudas sobre la limpieza del proceso electoral en su primer enfrentamiento con Pedro Sánchez en las urnas. Después de pedir a los carteros que repartieran todas las papeletas pese a “sus jefes”, el PP ciñó esas insinuaciones a las denuncias de un sindicato de falta de personal. En esos comicios, Correos terminó contratando 20.000 refuerzos para velar por la transparencia de esas elecciones. Y la normativa cambió para asegurarse de que la persona que llevaba el voto era, efectivamente, quien votaba.
El cambio empezó por Melilla después de que algunos líderes políticos fueran involucrados en una trama corrupta de compra de voto por correo. Allí, la Junta Electoral de Zona optó por exigir que quien fuera a votar por correo tuviera que identificarse a la hora de llevar su papeleta a Correos. Los sobres depositados en buzones no eran válidos y los votos entregados una vez vencido el plazo serían llevados a la Junta Electoral y no a la mesa. “Ante estos hechos, y para evitar cualquier duda que pueda suscitarse sobre la regularidad del procedimiento del voto por correo”, dijo la Junta Electoral poco después, esa doctrina quedaba extendida a todo el país: quien quiera votar por correo tiene que identificarse enseñando el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir o la tarjeta de residencia.
Feijóo, expresidente de Correos
Ese nuevo filtro, unido a todos los existentes de forma previa y el funcionamiento del sistema de voto por correo, acota según fuentes de la Junta Electoral las posibilidades de que exista algún tipo de fraude y llegue hasta las urnas. “Habría que corromper a gente de Correos que entreguen cajas con votos falsos, pero también a quien luego las recibe en la administración electoral”, explican estas fuentes a elDiario.es. En los casos que se han registrado y sentenciado en España, como el que llevó al banquillo a Mustafá Aberchán en Melilla, el fraude se perpetra antes de llegar a Correos: comprando la voluntad del votante para que meta una papeleta determinada.
Parte del discurso de Alberto Núñez Feijóo se basa en recordar que el PSOE, en esos comicios de 2023, ya acudió al Constitucional buscando la revisión de 30.000 votos en Madrid para conseguir un escaño clave. El que permitía a Pedro Sánchez depender de la abstención y no del voto a favor de Junts. “En las últimas elecciones el PSOE llegó al Constitucional cuestionando el último escaño que le correspondía al PP”, ha afirmado el líder del PP.
Ese recurso del PSOE, que fue rechazado de plano por el tribunal de garantías, dio pie a una sentencia que estableció que el resultado de unas elecciones no puede cuestionarse sin pruebas y que los recuentos y revisiones como los que pide ahora Feijóo no pueden instarse solo por sospechas cuando, como en el caso de 2023, no hay ningún indicio de fraude electoral. “La revisión de la totalidad de los votos nulos, sin que existan al menos indicios de irregularidades en el procedimiento electoral, supone una desproporción”, dijo el Constitucional.
“¿Quién tenía las papeletas? Estaban en Correos. Lo justo es que lo tenga la Junta Electoral”, añadió, para sembrar la duda sobre el papel de la empresa pública en un proceso que, añade, “no está blindado”. No explica el líder del PP a qué se refiere, teniendo en cuenta que fue presidente de Correos desde el año 2000 hasta 2003, etapa en la que no hubo elecciones generales, pero sí, por ejemplo, unas elecciones gallegas en las que arrasó el PP de Manuel Fraga y en la que más de 19.000 personas votaron por correo a través de la empresa pública que presidía.
Feijóo nunca puso en duda el sistema electoral cuando estaba al frente de Correos, pero tardó apenas dos años en hacerlo tras salir de la empresa pública. En 2005, cuando encabezó la lista del PP por Pontevedra, exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que custodiara las sacas del voto exterior cuando llegaran a Madrid. En esa ocasión también acudió a la Junta Electoral, consiguiendo solo que se conservaran los votos nulos por “precaución”. El PP desistió en ese recurso cuando comprobó que los votos susceptibles de revisar no les servían para recuperar la mayoría absoluta.
Veinte años después, el líder del PP también ha esgrimido un dato imposible de comprobar: que en las generales de 2023 el PSOE mejoró sus resultados en Madrid gracias al voto por correo porque sacó “muchísimos” votos con respecto a las autonómicas de ese mismo año en la región. El voto por correo se mezcla con las papeletas presenciales y no es posible conocer su incidencia, al margen de la posibilidad de que una misma persona vote cosas distintas en dos elecciones diferentes.
