Desde principios de años, los planes de Israel y Estados Unidos para Gaza han sido transparentes: hay que echar a sus 2,3 millones de habitantes, palestinos sin derechos, y controlar la franja costera, con tantos alicientes a la vista, del turismo al gas, pasando por las comunicaciones. Lo que primero se anunció como un plan de Donald Trump, el presidente estadounidense, con las semanas se ha descubierto como una apuesta total del primer ministro israelí, Benjamin Netanyhu, con la anuencia de su aliado de siempre, esta vez un poco más aliado por cuanto el republicano tiene intereses personales en Oriente Medio.
Antes de la reunión que la pasada madrugada tuvieron en Washington los dos mandatarios, Tel Aviv anunció nuevos detalles de su plan para que los gazatíes abandonen su tierra. Ya en la reunión, Netanyahu expuso los detalles y Trump asintió. Ni una queja ante un paso que se considera una violación del derecho internacional y un posible crimen de lesa humanidad por el desplazamiento masivo de civiles de su suelo. El magnate se limitó a decir que hay países que han mostrado ya una «gran cooperación» para acoger a los palestinos que dejen Gaza. «Voluntariamente», abundó Netanyahu. No hubo más detalles. Tampoco fisuras. Van a una.
Lo que ha presentado Israel Katz, el ministro de Defensa israelí, es una hoja de ruta para obligar a todos los palestinos de Gaza a vivir en un campamento sobre las ruinas de Rafah, la ciudad sureña que hace frontera con Egipto. Ya ha ordenado al Ejército que se prepare para establecer un macrocampamento, al que llamó «ciudad humanitaria». Los palestinos pasarían por un «control de seguridad» antes de entrar al recinto, y una vez dentro, no se les permitiría salir más. Las fuerzas israelíes controlarían el perímetro del sitio e inicialmente “trasladarían” a 600.000 palestinos al área, en su mayoría personas actualmente desplazadas en el área de al-Mawasi. Ese espacio fue calificado como «seguro» por Tel Aviv a finales de 2023 pero nunca lo ha sido, porque también han sido y son constantes los ataques de su aviación en este enclave.
Al final, toda la población de Gaza se alojaría en ese punto e Israel pretende implementar, cuando eso pase, su «plan de emigración, lo cual se llevará a cabo», dijo han afirmado sin lugar a dudas fuentes del Gobierno citadas por el diario Haaretz.
Desde que Trump sugirió a inicios de este año que un gran número de palestinos deberían abandonar Gaza para «limpiar» la franja y levantar una Riviera mediterránea, los políticos israelíes, de Netanyahu a los ministros ultranacionalistas y religiosos en los que se apoya, han promovido con entusiasmo la deportación forzada de ciudadanos de la franja. Ahora, el plan de Katz viola el derecho internacional, afirma el Centro Palestino por los Derechos Humanos (CPDH). Si el desplazamiento de civiles es un crimen de guerra, el de miles y miles de palestinos, es masa, pasa a ser de lesa humanidad, dice.
«Es simplemente eso», insiste este centro, de referencia para conocer lo que ocurre en Gaza. «Se trata de trasladar población al extremo sur de la Franja de Gaza como preparación para la deportación fuera de la franja. No hay nada de voluntario en eso cuando los ciudadanos están sometidos a presiones inhumanas, como los bombardeos o los desplazamientos. Nadie puede negar que eso son medidas coercitivas, lo que hace que no se pueda considerar su salida, si un día se da, como pactada o acordada».
La misma opinión tiene la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), que denuncia que los discursos «saturados de traslados y limpieza étnica» de su Gobierno lleva a una «aparente normalización» que preocupa, porque «es como si aportasen soluciones legítimas», cuando son contrarias a derecho. «Está prohibido expulsar a los residentes de la Franja de Gaza y está prohibido forzarlos a marcharse de cualquier forma. Está prohibido el traslado y la limpieza étnica. Está prohibido, y quien lo haga viola el derecho internacional y es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad», afirma en una carta enviada a Netanyahu y a su ministro de Defensa.
Las obras de la mal llamada «ciudad humanitaria» podrían comenzar durante un hipotético alto el fuego, afirmó el ministro de Defensa. Netanyahu lidera los esfuerzos para encontrar países dispuestos a acoger a los palestinos, añadió. Sin embargo, no hay avances aún en los contactos indirectos retomados el día 6 de julio en Qatar, con un armisticio de 60 días como meta, tiempo en el que habría que liberar a parte de los 50 rehenes israelíes que permanecen en manos de Hamás. Las dos partes, Tel Aviv y el partido-milicia palestino, han dado el visto bueno a hablar la propuesta de Washington, pero ninguna se ha comprometido con su cumplimiento en los términos avanzados. Hay que hablar. Anoche, en la Casa Blanca, tampoco se trasladó que haya buenas vibraciones que lleven a pensar en un acuerdo inmediato.
Hablando desde Washington, antes de ver a Trump, Netanyahu enfatizó que EEUU y su país estaban trabajando con otros países que darían a los palestinos un «futuro mejor». Se barajan naciones árabes cercanas, como Egipto y Jordania, aunque ambos han mostrado sus reticencias porque saben que supone una violación de los derechos de los palestinos. «Lo harán. Hacemos mucho por ellos», avisó ya en enero el presidente norteamericano, como un preludio de amenaza y extorsión. «Si la gente quiere quedarse, puede quedarse, pero si quiere irse, debería poder irse», dijo ayer Netanyahu. El CPDH se pregunta «qué margen de elección» queda a quienes o mueren por los ataques israelíes o mueren en las colas del hambre.
Los planes para la construcción de campamentos llamados de forma rimbombante «áreas de tránsito humanitario», habían sido presentados previamente a la administración Trump y discutidos en la Casa Blanca, informa Reuters. El plan, de 2.000 millones de dólares de inversión según añade la agencia, llevaba el nombre de la Fundación Humanitaria para Gaza (FGH), respaldada por EEUU. La FGH, sin embargo, ha negado haber presentado propuesta alguna y afirmóaque las diapositivas vistas por Reuters con los detalles del plan «no constituyen un documento de la FGH».
Ministros israelíes radicales como Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben-Gvir (Seguridad Nacional) han festejado cada alusión a la expulsión de los gazatíes, porque además son entusiastas defensores de nuevos asentamientos israelíes en Gaza, zona que dejaron en 2005. Si embargo, sí que hay roces al respecto con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), porque sus mandos han dicho repetidamente que no tienen intención de promover la salida de población en sus actividades diarias.
Michael Sfard, uno de los principales abogados israelíes de derechos humanos, presentó esta primavera un recurso de tres reservistas exigiendo ante la justicia que se revocaran las órdenes de «movilizar y concentrar» a la población civil de Gaza y se prohibiera cualquier plan de deportación de palestinos. En una carta en respuesta a sus afirmaciones, la oficina del jefe de Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó que desplazar a los palestinos o concentrar a la población en una parte de Gaza no estaban entre los objetivos de la operación. Nada que vez con lo dicho por Katz.
Un contexto crucial
A medida que el conflicto en Gaza se acerca a sus dos años, parece estar llegando a una coyuntura crítica. Las muertes y los desplazamientos han aumentado, las necesidades básicas están insatisfechas y el sistema de ayuda se encuentra en una situación crítica, según denuncia la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Palestina en sus partes (el último, del 2 de julio). El Gobierno de Israel se encuentra bajo una creciente presión internacional y popular, al igual que Hamás, para llegar a un alto el fuego, aunque Netanyahu ha logrado ganar tiempo con el éxito de su andanada contra Irán, la llamada Guerra de los 12 días, en junio. Nadie sabe lo que está por venir.
Persisten diferencias significativas entre ambas partes y una tregua sería solo el primer paso en la solución. Ya tuvimos 57 ilusionantes días sin ataques a inicios del año, que quedaron en nada, por la presión de los más radicales. Ahora la presión para un acuerdo aumenta, dado el deseo de Trump de un anuncio de paz de alto perfil (no lo consigue con Ucrania y, además, abriría paso a la diplomacia en Oriente Medio, ideal para sus negocios), así como el creciente malestar internacional con la situación en Gaza, con un Occidente que amenaza con más reconocimientos del Estado palestino y hasta sanciones a Tel Aviv.
Vayamos a lo básico: las víctimas. Gaza se encuentra en un estado de intensa y sostenida catástrofe humanitaria. El Ministerio de Salud, en manos de Hamás, informa de que 57.000 palestinos han muerto, mientras que el primer estudio independiente, publicado en la revista Nature, estima que van ya más de 80.000 muertes. Esas no son ya cifras del grupo armado. Tampoco lo es la de Unicef, que cree que ya han sido asesinados más de 50.000 menores de edad, triplicando los números del propio Hamás.
Más de 1,9 millones de personas -alrededor del 90% de la población- han sido desplazadas por la fuerza, muchas de ellas en repetidas ocasiones. En apenas tres meses, han abandonado sus hogares 714.000 civiles. El CPDH denuncia que los 2,3 millones de habitantes de Gaza están hoy hacinados en apenas un 15% del territorio. En Al Mawasi, por ejemplo, la densidad de población se ha triplicado en tres meses (48,000 personas en nueve kilómetros cuadrados), porque se ha pasado de 115.000 a más de 425.000 personas malviviendo en tiendas improvisadas. Pese a ello, entre marzo y junio la zona ha sido atacada 112 veces, con 380 muertos como resultado, dice Naciones Unidas.
La infraestructura básica ha colapsado y necesidades esenciales como la atención médica, el agua potable y los alimentos están prácticamente insatisfechas. El acceso humanitario sigue estando severamente restringido y políticamente controvertido. Dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que el «colapso humanitario es inminente» sobre todo si no llega combustible de forma urgente. Sin fuel, no hay sanidad, agua, saneamiento o telecomunicaciones, es peor la seguridad alimentaria, aumenta el hambre, se entra en crisis energética. Todo, con Israel cayendo en «bloqueos y demoras» incomprensibles si no es porque se trata de una estrategia. Guterres recuerda que, como potencia ocupante, tiene la obligación de velar por el bienestar de las personas que están bajo su yugo.
El ejército israelí, que controla más de tres cuartas partes del territorio de Gaza, lanzó una nueva ofensiva terrestre en mayo, cuyo objetivo oficial era tomar posesión de todo el territorio. El nuevo corredor Mora busca acorralar a una mayor proporción de la población en el sur. Por eso no sólo controla lo que entra en la franja, de ayuda, sino el movimiento absoluto de cada bien. Israel también ha introducido un nuevo enfoque para la distribución de ayuda. Respalda varios megasitios, gestionados por la hasta entonces desconocida Fundación Humanitaria de Gaza, para controlar el acceso a la ayuda y eludir los canales establecidos por la ONU, que afirma fueron desviados por Hamás. Se han convertido en un foco de violencia diaria, matando a cientos de solicitantes de ayuda. «Se mueren simplemente tratando de alimentarse o alimentar a sus familias», se duele Guterres.
La crisis humanitaria ha tensado las relaciones de Israel con aliados clave, incluso en Europa, a pesar de que parte de la presión inmediata se vio reducida por la desviación de la atención internacional hacia el conflicto con Irán. Estados Unidos, como se ha visto con el plan del encierro en el sur, mantiene un amplio apoyo, pero aún así Trump está cada vez más ansioso por poner fin al conflicto para impulsar planes regionales más amplios y beneficiosos, como la ampliación de los Acuerdos de Abraham, por los que países átabes establecen relaciones con Israel y, a la par, tejen acuerdos comerciales, culturales y hasta defensivos. La opinión pública israelí también está cada vez más insatisfecha con los costes de la guerra y es especialmente sensible a las protestas de las familias de los rehenes, que ven alejarse las posibilidades de ver a los suyos con vida o incluso recuperar sus cuerpos si la guerra se alarga.
Hamás, débil
De igual manera, Hamás se encuentra bajo presión de sus interlocutores extranjeros (así como de la sufrida población de Gaza), aunque sigue presionando por el fin total de la guerra. Ha declarado públicamente que renunciará al Gobierno de Gaza a largo plazo, pero tampoco tiene ases en la manga para insistir. Como ha desvelado un alto oficial a la BBC, el grupo armado palestino ha perdido alrededor del 80% de su control sobre la Franja de Gaza y los clanes armados locales están llenando el vacío que provoca esa debilidad. El sistema de comando y control de Hamás colapsó, dice, hace meses, a causa de los ataques israelíes que han devastado el liderazgo político, militar y de seguridad del grupo.
Habla de un 95% de líderes asesinados, de «desintegración interna», de un entramado «completamente desmoronado», «desaparecido por completo» y «sin control» en cuestiones de seguridad, sobre todo. El ministro israelí Katz, en septiembre, ya dijo: «Hamás, como formación militar, no existe».
Hasta ha sufrido saqueos en sus cuarteles generales, lo que ha hecho que circulen las armas, en otras manos. Los salarios de la gente afín no llegan o llegan muy tarde, con lo que el descontento crece, también porque la especulación se ha disparado en los mercados y cuesta dar con qué comer. O pagarlo.
En este vacío, seis grupos armados afiliados a poderosos clanes locales han surgido como serios contendientes para llenar el vacío, según el oficial. Estos grupos tienen acceso a dinero, armas y hombres, y están activos en toda Gaza, pero sobre todo en el sur. Uno de ellos está liderado por Yasser Abu Shabab, una figura que ha atraído la atención de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que tiene su base en Cisjordania ocupada y es rival de Hamás, particularmente después de que Israel confirmara el mes pasado que le estaba suministrando armas. Directamente.
El oficial que ha intercambiado mensajes con la BBC confirma que Hamás había ofrecido una gran recompensa por la cabeza de Abu Shabab, por temor a que pudiera convertirse en una figura unificadora de sus numerosos enemigos. Fuentes en Gaza confirmaron a la cadena británica que Abu Shabab estaba trabajando para coordinarse con otros grupos armados para formar un consejo conjunto destinado a derrocar al Movimiento de Resistencia Islámica.
Los escenarios
A medida que aumenta el impulso para poner fin a la guerra, aún existe una gran incertidumbre sobre qué podría suceder en Gaza si se mantiene el alto el fuego y la atención se centra en los próximos pasos. En general, se perfilan cuatro escenarios plausibles, a juicio de la directora adjunta de Análisis de Oxford Analytica, especializada en Oriente Medio, Laura James.
Una posibilidad sería la reintroducción de la Autoridad Palestina, con sede administrativa en Ramala (Cisjordania), en Gaza, bajo un mandato revisado. «Esto implicaría una reforma institucional, respaldo financiero internacional y una renovada cooperación en materia de seguridad con patrocinadores externos como la UE, el Reino Unido y Estados Unidos», expone. Se asemejaría al modelo aplicado en Cisjordania a principios de la década de 2000. En aquel entonces, la ANP, bajo un liderazgo no ideológico y con una fuerte dependencia de la ayuda exterior, impulsó «el desarrollo institucional tecnocrático, así como la coordinación en materia de seguridad con Israel y sus socios occidentales».
Sin embargo, este modelo resultó problemático, «ya que se entregó menos de la mitad de la ayuda prometida». De nuevo, la comunidad internacional dejando deudas pendientes. Más importante aún, la propia Autoridad Palestina «desarrolló un persistente déficit de legitimidad, exacerbado por la suspensión indefinida de las elecciones, la falta de progreso hacia un Estado palestino y la percepción pública de corrupción, lo que contribuyó al empoderamiento de Hamás en Gaza». Así, hasta que ganó las elecciones y tomó el poder en 2007, y hasta hoy.
Los principales actores internacionales, como la Unión Europea (UE) y los estados árabes del Golfo, tienden a favorecer esta perspectiva, ya que implica a un socio conocido y vincula la gobernanza y la reconstrucción a la reanudación de las negociaciones hacia una solución de dos Estados. Sin embargo, los obstáculos son considerables: la desconfianza local hacia la Autoridad Palestina en Gaza, la reticencia israelí y la profunda fatiga de los donantes ante la magnitud de la reconstrucción necesaria. «En las condiciones actuales, sigue siendo improbable», reconoce James.
Una alternativa podría ser el establecimiento de un «Gobierno palestino nominal en Gaza que rivalice o sustituya a la Autoridad Palestina». Gestionaría formalmente los asuntos civiles en Gaza, pero «probablemente tendría que funcionar bajo la supervisión israelí, sirviendo principalmente para desviar la presión internacional». Por lo tanto, tendría aún menos autoridad o independencia genuina que la ANP.
Como ya citaba la BBC, «están surgiendo pruebas de que Israel apoya a actores palestinos alternativos para distribuir ayuda, asistir al FGH y ejercer control en partes de Gaza, eludiendo a Hamás y los mecanismos internacionales establecidos», como Abu Shabab, a quien Hamás ha llamado a juicio por traición.
El sitio de noticias israelí Ynet también informó el 2 de julio que otras dos milicias armadas y asistidas por Israel operaban en las ciudades de Shujaiya y Khan Younis, respectivamente. También estaban afiliados a la Autoridad Palestina, aunque uno de los líderes mencionados negó rotundamente ambas conexiones.
Existen algunos precedentes locales recientes de este modelo. Por ejemplo, en la década de 1970, en Cisjordania, Israel apoyó a las «Ligas de Aldeas» como una supuesta alternativa a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de la Autoridad Palestina. Su objetivo era crear un liderazgo local obediente, pero el plan finalmente fracasó debido a la falta de apoyo público. También existen algunos paralelismos con el enfoque anterior de Israel de facilitar transferencias de efectivo cataríes a Hamás -estimadas en 30 millones de dólares estadounidenses mensuales entre 2018 y 2023- como medio para debilitar a la Autoridad Palestina apuntalando a su rival en Gaza.
Sin embargo, tal escenario «probablemente resultaría insostenible, al no resolver la crisis política subyacente. Carecería de legitimidad; probablemente disuadiría una participación internacional sostenida (que seguiría centrándose en la Autoridad Palestina); y proporcionaría un blanco para una renovada insurgencia», dice la experta.
Si las alternativas fracasan, Israel podría establecer un control militar y administrativo total sobre la Franja de Gaza, quizás como una medida de seguridad temporal que se transforme en una ocupación indefinida. Esto se asemejaría a la situación tras la Guerra de los Seís Días, de 1967 a 2005, «pero en condiciones mucho más hostiles y degradantes» que entonces. En la práctica, este escenario «implicaría una presencia militar constante en toda Gaza, controlando la infraestructura, la seguridad, la distribución de recursos y la administración a través de una autoridad civil. Las fuerzas israelíes probablemente patrullarían las calles y mantendrían el orden público».
Israel sería legalmente responsable del bienestar de la población palestina, según la Cuarta Convención de Ginebra. No obstante, los derechos políticos y civiles palestinos probablemente se verían severamente reprimidos. De hecho, el Gobierno de Israel podría ceder a la presión de los partidos de derecha (incluidos los del Likud de Netanyahu, así como de miembros de la coalición de extrema derecha) para restablecer asentamientos exclusivamente judíos en el territorio, a raíz del desplazamiento palestino «voluntario».
Los funcionarios israelíes, incluido Netanyahu, han mantenido cierta ambigüedad sobre si la reocupación de Gaza es o podría convertirse en un objetivo. «La promesa de «quedarse» hasta que ya no represente una amenaza para Israel podría, sin duda, quedar indefinida»; avisa el análisis. «El entusiasta respaldo del primer ministro al «Plan Trump» para reasentar a los palestinos de Gaza en otros lugares y reconstruir mejor también podría apuntar en esta dirección», destaca.
Es casi seguro que «habría una condena internacional, en particular de la ONU, los Estados miembros de la UE y los países árabes». Sin embargo, especialmente si EEUU apoyara a Israel, «probablemente tendría un impacto limitado». Los precedentes, incluida la expansión de los asentamientos en Cisjordania a pesar de las constantes críticas internacionales, sugieren que «es improbable que la oposición retórica por sí sola cambie la política israelí«.
No obstante, los elevados costes económicos -especialmente si, por ejemplo, la UE considerara imponer sanciones o los países árabes revirtieran la trayectoria de «normalización»- «podrían hacer que esta opción resultara poco atractiva para Israel». La retirada israelí en 2005 se debió a múltiples factores: «no sólo a los elevados costes económicos y de seguridad de la ocupación, sino también a la creciente salinidad de la tierra, que socava la agricultura». Ninguno de estos costes ha disminuido desde entonces.
El escenario final y «más probable», por lo tanto, podría denominarse «ingobernabilidad estratégica», que describe «una situación deliberada o tolerada en la que no se permite el surgimiento de ninguna autoridad gobernante como método para consolidar el poder de la fuerza de ocupación». Si no se permite el funcionamiento de ninguna estructura administrativa ni surge una vía creíble hacia la estabilidad política, «el vacío de poder resultante podría dejar a Gaza en un estado de desorden sostenido». La falta de una autoridad alternativa «podría beneficiar a Israel en este escenario, sin los elevados costos y responsabilidades de la ocupación formal».
«La destrucción sistemática de infraestructuras por parte de Israel, sus ataques contra instituciones civiles y su negativa a aceptar la legitimidad tanto de las facciones políticas palestinas existentes como de actores internacionales como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) ya están empezando a crear dicho entorno. Si el statu quo se mantiene y se convierte en la «nueva normalidad»: los donantes internacionales no estarán dispuestos a invertir; los actores locales no podrán organizarse por temor a represalias; y la ayuda humanitaria seguirá filtrándose a través de canales militares».
Algunos precedentes parciales de esta estrategia podrían incluir el desplazamiento sistemático de los rohinyá en Myanmar sin que se les proporcione una autoridad alternativa ni una vía de retorno. la fragmentación deliberada de la autoridad en regiones en disputa por parte de líderes nacionalistas entre los serbios y croatas de Bosnia en la década de 1990; o la propia ocupación israelí del sur del Líbano entre 1982 y 2000, cuando la incapacidad de establecer un gobierno sustituto estable dio lugar a una insurgencia a largo plazo.
«Esta no es una estrategia formal, sino más bien una vuelta a la situación por defecto», dice la experta. Como tal, no necesita un marco administrativo activo. En cambio, se sustentaría en la continua negación (o fracaso) de «alternativas políticas» y en el mantenimiento del perímetro de seguridad existente, que aísla a Gaza de los sistemas regionales y globales. Al evitar la anexión formal, «Israel limitaría las consecuencias legales y la responsabilidad por los resultados». Sin embargo, al fomentar tácitamente la fragmentación, también «bloquearía la organización política interna, la representación o el compromiso entre facciones». Los costos de dicha política serían absorbidos por la población civil y las pocas instituciones humanitarias capaces de funcionar en ese entorno, en lugar de una «potencia ocupante».
Todos estos escenarios siguen siendo posibles, y ninguno es aún inevitable. La lógica estándar posconflicto que moldeó las respuestas internacionales anteriores es que «la guerra termina con la negociación, la negociación conduce a la reconstrucción y la reconstrucción apoya la estabilidad política». Esto apuntaría al regreso de la ANP o a una fachada de autonomía, pero «esta lógica podría haberse derrumbado en el caso de Gaza», tan complejo.
Mientras tanto, la deriva a la derecha del país implica que la política interna israelí se inclina cada vez más hacia la reocupación formal. Sin embargo, mantenerla sería «muy costoso, diplomáticamente problemático y administrativamente oneroso». Por lo tanto, parece «cada vez más probable que la «ingobernabilidad estratégica» se convierta en la opción por defecto, facilitada por la inacción israelí e internacional. Esto podría deberse a una combinación de: la abrumadora magnitud de la destrucción en Gaza; la renuencia de Israel a aceptar que Gaza se convierta de nuevo en una fuente de inseguridad transfronteriza; los fracasos de la Autoridad Palestina; y el rechazo de Israel a cualquier progreso hacia la autonomía palestina, lo que contribuye a la falta de un proceso de paz. Ese escenario refleja plausiblemente la convergencia del dominio militar israelí, el estancamiento político palestino y la fatiga diplomática internacional. Sin embargo, representaría una perspectiva sombría a largo plazo para los palestinos de Gaza».
Incluso si hay tregua, todo lo demás que hay que hilar y aclarar dibuja un escenario para los palestinos preñado de miedo e incertidumbre. De momento, queda la muerte.
