La batalla judicial entre Cataluña y Aragón por las pinturas de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) afronta un nuevo asalto: la juez Rocío Pilar Vargas, magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, ha dictado la orden de ejecución definitiva de la sentencia -confirmada previamente por el Tribunal Supremo- que obliga al museo a devolver las pinturas murales del Monasterio y establece un plazo de siete meses para proceder a la entrega, como había pedido el Gobierno de Aragón.
No obstante, la magistrada también da al MNAC un margen de 10 días para que presente su propio «cronograma alternativo». Es decir, teniendo en cuenta que agosto no es un mes hábil, esta propuesta puede demorarse hasta septiembre, un periodo en el que el museo también puede tratar de reunir y presentar los informes encargados a expertos internacionales y nacionales sobre la fragilidad de las obras y los riesgos de su devolución.
La historia de los murales de Sijena se remonta al 1 de octubre de 1936, cuando el arquitecto Josep Gudiol i Ricart se presentó en Villanueva de Sijena, en el árido desierto de los Monegros. Conocía bien el pueblo oscense, ya que años atrás había realizado un reportaje para La Vanguardia, en el que retrató los coloridos frescos románicos del siglo XIII de la sala capitular del Monasterio de Santa María de Sijena. Aquellas fueron las últimas instantáneas que se tomaron de las pinturas antes de que un grupo de milicianos anarquistas prendiera fuego a varias estancias del cenobio, provocando graves daños en las obras.
Gudiol, quien formaba parte del Servicio de Salvamento de Patrimonio de la Generalitat, acudía al monasterio, que por aquel entonces pertenecía a la Diócesis de Lleida, con el objetivo de rescatar lo que se pudiera de los murales. Acompañado por dos técnicos de confianza, Antoni Robert y Antoni Llopart, se dispuso a sustraer las obras mediante la técnica del strappo. Hasta 120 metros cuadrados de los frescos salieron del convento destino a la Casa Amatller, donde Gudiol tenía su taller. Después, se trasladaron al MNAC, donde permanecen expuestos desde 1961 y hasta hoy.
En marzo de este año y tras una batalla judicial dividida en varias fases, el Tribunal Supremo ordenó que Cataluña devolviera las obras a Sijena de forma definitiva. El fallo desestimó los recursos presentados por el propio MNAC y la Generalitat y ratificó las resoluciones del Juzgado de Primera Instancia de Huesca en 2016 y la Audiencia Provincial en 2020, que ordenaban su entrega a Aragón. Según confirma la sentencia, el museo catalán «nunca las ha poseído a título de dueño, porque las pinturas murales fueron arrancadas e ingresaron en el museo mediante depósito, por lo cual no concurren los presupuestos para declarar prescrita la acción reivindicatoria». Esta es una de las claves para entender la resolución judicial que obliga a Cataluña a devolver a Aragón el conjunto de obras.
Sin embargo, y tras esta sentencia firme, el MNAC alegó la «imposibilidad de realizar el traslado de las pinturas murales» para restituir la sala capitular del Real Monasterio de Sijena «sin ponerlas en riesgo».
«Desde el principio del litigio, la prioridad absoluta ha sido la preservación del bien cultural, que es la misión del museo. Pero cumplir la sentencia, retirar y trasladar los bienes implica necesariamente someterlos a un riesgo de daños que no son reparables», explicó Pepe Serra, director del MNAC, en rueda de prensa. «Hablamos de un bien calcinado de 1.000 años, de 132 metros de superficie y en forma curva», resalta Serra, que deja claro que el arranque de Gudiol «no fue un expolio, sino un salvamento patrimonial en tiempos de guerra».
Tras conocer la sentencia, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, rechazó desobedecer y respetó la resolución judicial a pesar de ser presionado en el Parlament mediante una moción presentada por Junts -sin recorrido jurídico, pero de marcado carácter político- apoyada por PSC, ERC, comunes, CUP y Aliança Catalana a favor de agotar todos los resortes posibles para mantener las pinturas de Sijena. De hecho, el president decidió delegar las responsabilidades del traslado en el patronato MNAC, integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Cultura.
Esta decisión de lavarse las manos tomada por el socialista llevó al presidente de Aragón, Jorge Azcón, a reconocer a EL MUNDO que se sentía «engañado» por el presidente catalán.
«Este es un debate que solo se explica desde la miopía política, pero ahora mismo soy incapaz de prever todos los escenarios que se pueden producir. Ya fui incapaz de prever la eliminación del delito de sedición o la aplicación de los indultos o de la amnistía, por lo que quién nos dice ahora que estos bienes no van a entrar en liza para que Sánchez siga en La Moncloa. Y si eso pasa, todos sabemos que él solo se va a preocupar por defender sus intereses políticos», advertía el barón popular días antes de conocer la nueva orden judicial.
El momento más álgido de la disputa por el tesoro de Sijena entre Cataluña y Aragón fue en 2017, cuando la batalla se centró en la devolución de los 97 bienes pertenecientes al monasterio que la Generalitat custodiaba en el MNAC y en el Museo de Lleida. En el caso de las piezas guardadas en Barcelona, no se produjo ningún problema para el traslado gracias a un acuerdo entre comunidades. En cambio, la institución ilerdense desoyó las órdenes del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca. La Guardia Civil tuvo que entrar en sus salas junto a los técnicos del Gobierno de Aragón el 11 de diciembre de 2017. 44 obras de arte sacro de Sijena que permanecían en el Museo de Lleida salieron rumbo al monasterio oscense en un ambiente de tensión y protestas del independentismo. En ese momento estaba vigente la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el referéndum del 1-O y la DUI del 27 de octubre.
Javier Lambán, presidente de Aragón en aquella época, explica en conversación con este periódico que «el problema se produjo cuando el Museo de Lérida se cerró en banda, porque con el Gobierno de Puigdemont habíamos logrado llegar a un entendimiento con las piezas de Barcelona». Por ello, «dada la cerrazón catalana, no tuvimos más opción que entrar allí con la Guardia Civil, lo que era absolutamente legal a pesar de la bronca que se montó».
