La investigación judicial a la consultora Equipo Económico, que mantiene imputados a Cristóbal Montoro y a nueve de sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda, entra después de siete años en una nueva fase con el reciente levantamiento del secreto. El juez Rubén Rus debe tomar declaración a los 28 investigados, si antes no prospera alguno de los recursos presentados contra una instrucción que dura más siete años. El secreto que pesaba sobre ella también ocultaba un crudo enfrentamiento en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, entre la fiscal asignada al caso y sus jefes, contrarios a ampliar el caso al uso de información confidencial que Montoro realizó durante su última etapa al frente de Hacienda.
Equipo Económico, el despacho de abogados y consultora con sede en Madrid, ha aprovechado el acceso a las actuaciones para solicitar el archivo de todas ellas. Alega que el correo que dio origen al caso fue un hallazgo casual de los Mossos d’Esquadra que no tiene cobertura legal, lo que invalidaría toda la causa. Montoro y sus colaboradores están acusados de haber maniobrado para que dos modificaciones legales favorecieran a las empresas gasísticas que contrataron a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro en 2006 y de cuyas acciones se desprendió a un precio anormalmente bajo, según los investigadores, dos años después.
Esa acusación parte de una serie de correos electrónicos encontrados por un grupo territorial de la Policía catalana a finales de 2017. Los agentes investigaban la construcción y posterior ampliación una planta de Messer Ibérica de Gases S.A. en El Morell (Tarragona). En uno de esos correos, un directivo escribe a otro que se ha servido de su puesto directivo en la asociación recuerda a otro a quien deben recurrir para conseguir sus intereses en las modificaciones legales que les afectan. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar”, escribe.
Los Mossos remitieron el hallazgo a sus compañeros de la División Anticorrupción y estos elaboraron un atestado que fue a reparto, y que recayó finalmente en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, al frente del cual está Rubén Rus Vela. Del caso se encargaría en Anticorrupción la fiscal Carmen García Cerdá, por haber investigado a Equipo Económico por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con la Cámara de Comercio de Madrid, un caso que había acabado en archivo.
Y fue entonces cuando comenzaron los problemas en el seno del caso. La solicitud del volcado de los correos electrónicos de los miembros de Equipo Económico que habían pasado por el Ministerio de Hacienda provocó las primeras discrepancias entre García Cerdá y sus superiores. Sin embargo, el resultado de la diligencia resultó reveladora. Un centenar de esos mensajes retratan el uso que de la información confidencial de los contribuyentes se hizo durante el paso de Cristóbal Montoro por el Ministerio de Hacienda.
El ministro no había ahorrado en amenazas públicas contra determinados colectivos de contribuyentes, incluso desde la bancada del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Ahora ha trascendido que las amenazas contra periodistas críticos se hacían en privado. Pero en público, Montoro se cuidaba de referirse a datos confidenciales para no cometer un delito.
elDiario.es ha revelado un correo en el que aparece un borrador de reforma legal según el cual el equipo de Montoro pretendía introducir una cláusula para poder hacer públicos los datos fiscales de aquel que criticara en público a Hacienda. Esa parte de la reforma de la Ley General Tributaria nunca se llegó a aprobar.
Montoro recibía en una dirección de correo información puntual y reservada de los adversarios políticos, como Podemos, los enemigos internos, caso de Rodrigo Rato, o el periodista que había publicado el caso de la Cámara de Comercio, Javier Chicote. Cualquiera con relevancia pública era objeto de acabar con su expediente en una dirección de correo electrónico que, por alguna razón, evitaba identificarse con el apellido Montoro. El ministro recibía todo ese arsenal documental en [email protected].
El correo de Montoro no se toca
De esto se supo al analizar los correos electrónicos entregados por Hacienda. Y fue entonces cuando estalló el enfrentamiento en Anticorrupción. La fiscal del caso, auxiliada por los Mossos d’Esquadra y los técnicos de la Agencia Tributaria, intentó abrir una pieza separada al caso de las gasísticas para investigar el contenido de esos correos electrónicos. La primera medida es solicitar el volcado de la dirección correspondiente a Montoro. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se negó en redondo.
García Cerdá apreciaba varios delitos, como revelación de secretos u obstrucción a la justicia. Aquí cabe destacar que Montoro y su equipo, según los correos, maniobraron para salvar al Partido Popular de la acusación de fraude fiscal que intentaba atribuirle el juez Pablo Ruz en el caso de la caja B.
El fiscal del caso de la caja B era Antonio Romeral, ahora teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, número dos de Alejandro Luzón. Romeral fue el fiscal elegido por Luzón para monitorizar toda la tarea de García Cerdá una vez surgieron las discrepancias. Sería el encargado de visar los escritos que su compañera enviara al juzgado. Si es que lo hacía. Varios quedaron sin enviar.
elDiario.es publicó el pasado jueves que Montoro recibió en su correo del Ministerio de Hacienda, por dos vías, un escrito de Romeral al juez Ruz que no llevaba firma, semanas antes del fin de la instrucción del caso de la caja B. Anticorrupción, alineado con la tesis de Hacienda, no acusó al PP por delito fiscal.
El sumario recoge que Cristóbal Montoro está formalmente imputado desde el 16 de diciembre de 2021. El magistrado le atribuye “un rol nuclear”: habría nombrado como altos cargos de Hacienda a responsables de Equipo Económico y eso “aseguraría” que la normativa de su departamento se redactara “a demanda” de las empresas gasísticas, “tras aceptar estas pagar por ello”.
El mismo día que imputó a Montoro, el juez Rus Vela, a propuesta de los Mossos d’Esquadra, acordó que se pincharan los teléfonos de Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz y Covadonga Gómez Garrido. Las escuchas, sin embargo, apenas se extenderían veinte días.
Los pinchazos estaban dando un resultado positivo para el esclarecimiento de los hechos, según fuentes de la investigación, pero el teniente fiscal de Anticorrupción, Antonio Romeral, presentó un recurso ante la Audiencia Provincial, que decidió interrumpirlas y considerar nulas las que habían sido practicadas hasta ese momento. También se interrumpieron los seguimientos policiales a varios de los investigados.
García Cerdá enumeró a su jefe todos los indicios que tenía contra Montoro por el contenido de los correos. En ese escrito aparecía una lista con algunas de las personas y casos en los que se habría entrometido el ministro de Hacienda: Margarita Robles, José María Aznar, los Pujol, Bárcenas, Rodrigo Rato, Parques Eólicos, Podemos, Pretoria, Gürtel, la jueza Alaya, caso Noos…
En el documento, la fiscal del caso divide los hallazgos en tres categorías: correos en los que se pasa al ministro información y datos de “periodistas, contrincantes políticos y hasta compañeros de partido”; un segundo bloque que evidencia el flujo de información a Montoro sobre “causas judicializadas” desde la Agencia Tributaria y la Oficina Antifraude (ONIF); y un tercero que explicaría actuaciones de la AEAT a expreso requerimiento del ministro de Hacienda.
La fiscal aprecia posibles delitos de revelación de secretos, de aprovechamiento de secreto por el particular, de encubrimiento y de obstrucción a la justicia.“Como fiscales que somos, me cuesta que tengamos dudas sobre este extremo [de investigar]”, escribió a Luzón en una nota interna de mayo de 2023.
Su cargo lo justificaba
El fiscal jefe Anticorrupción le contestó con su análisis jurídico de las evidencias. “Los correos revelan que el ministro habría estado al tanto de determinados pormenores de la actuación de la Agencia en algunos relevantes procedimientos en los que esta intervenía. No consta correo o información alguna que ponga de manifiesto que el contenido y documentación a la que se refieren los correos hayan salido del ámbito de conocimiento de los sujetos que aparecen como transmisores y receptores de aquellos”, aseguraba el fiscal jefe.
Afirmaba también que “la mayor parte de los correos que se analizan” no proceden de “ficheros automatizados o en otro tipo de archivo o registro público”, lo que resulta necesario para acusar por revelación de secretos. Además, alegaba que no hay “apoderamiento, utilización o modificación” del material, como marca el Código Penal, y que los correos proceden de las tareas de “auxilio judicial” que realizan los inspectores de Hacienda para un juzgado.
El director de la Agencia Tributaria o el propio ministro, seguía Luzón, tienen derecho a acceder a esa información en “ejercicio legítimo” de sus cargos. Por último, la revelación de secretos requiere de que se haya producido un perjuicio que, ni siquiera de forma indiciaria, han sufrido las personas a las que se refiere la información de los correos.
La pieza separada por la utilización de información confidencial de Montoro gracias a su cargo nunca se abrió. La fiscal García Cerdá recurrió a una prerrogativa con la que cuentan los fiscales, la Junta del artículo 27 de su estatuto. Todos los fiscales de Anticorrupción debatieron el asunto y dieron la razón a su jefe con una votación de 18 a 5.
El resultado de esa junta de fiscales ha servido al juez Rus Vela para rechazar la personación de los perjudicados por los correos de Montoro en la causa. Algunos, como Rodrigo Rato, ya han anunciado su decisión de recurrir ante la Audiencia Provincial de Tarragona, la instancia superior al juez que puede corregir esa decisión.
La fiscal García Cerdá fue sancionada con una multa de 1.000 euros porque después de la junta de fiscales telefoneó al responsable de la investigación en los Mossos y le pidió que fueran ellos quien propusieran al juez investigar el contenido de los correos incautados. El agente autonómico comentó la conversación con el comandante de la UCO de Guardia Civil, cuyos agentes están adscritos a la Fiscalía Anticorrupción y este se lo contó al fiscal jefe Anticorrupción, que abrió un proceso sancionador luego confirmado por el Tribunal Supremo.
La fiscal ya había incluido una queja del comportamiento de la UCO en su escrito a Luzón: “Esperando tu pronunciamiento expreso seguí analizando los correos incorporados a la causa, ya que, como muy bien sabéis tú y Antonio [Romeral, segundo de Anticorrupción], los miembros de nuestra Unidad de Apoyo de la Guardia Civil, bajo las órdenes del Teniente Coronel Antonio Balas y el Comandante del grupo, no quieren hacer nada, desconozco los verdaderos motivos de esta decisión”.
García Cerdá había pedido a la UCO un análisis de los correos y un informe en el que apoyarse para dar un salto en la investigación y solicitar al juez entradas y registros. Pero los guardias civiles contestaron que ya habían colaborado en el informe de los Mossos y que tampoco tenían “indicios suficientes para elaborar informe de solicitud de Entradas y Registros, máxime cuando han sido solicitadas medidas mucho menos gravosas como el análisis de productos bancarios ya referidos, y no han sido autorizadas en el marco de la causa”.
Precisamente a ese informe se refiere el escrito de Equipo Económico remitido al juez tras el levantamiento del secreto. La defensa expresa su deseo de conocerlo cuanto antes. No se equivocaban en que sería beneficioso para ellos. En el informe, la UCO no encuentra las estructuras societarias opacas que los técnicos de la Agencia Tributaria creían que podían albergar el dinero de las gasísticas y otros clientes de Equipo Económico, como grandes constructoras o sociedades de gases renovables.
En los 19 tomos de sumario de la causa aparecen indicios de que la práctica de las gasísticas se extendieron a otros poderosos sectores empresariales, que también habrían recurrido a Equipo Económico para que intercediera en la redacción de leyes. El juzgado no ha abierto ninguna pieza separada para investigarlo. Fuentes del caso aseguran que en la decisión del juez ha influido decisivamente las desavenencias en el seno de la Fiscalía Anticorrupción.
