El ingreso mínimo vital (IMV), la renta mínima estatal contra la pobreza lanzada en 2020, llegó a 9.480 hogares de Barcelona, a 69 de Pedro Martínez (Granada) y a 10 de Albaladejo (Ciudad Real) en junio. Son datos inéditos de la distribución del IMV por municipios, de junio de este año, obtenidos por elDiario.es vía Ley de Transparencia, ya que la Seguridad Social publica solo la distribución territorial por comunidades autónomas y provincias. Los datos reflejan un mayor alcance de la ayuda en aquellos municipios con menor renta, especialmente en el sur peninsular, aunque hay desigualdades, con algunas localidades empobrecidas con escasa penetración de la prestación.
Aunque el IMV ha aumentado sus beneficiarios, aún mantiene como reto llegar a un amplio colectivo con derecho a la ayuda que no la percibe: el 55%, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El mapa del ingreso mínimo vital por municipios muestra una mayor cobertura en el sur peninsular, en localidades de Andalucía, Extremadura y Murcia, regiones con menor nivel de renta dentro del país. En España, casi una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza, un 19,7% de la población. En Andalucía alcanza el 29%, en Extremadura, el 27,5% y en Murcia, el 26%. En Castilla-La Mancha, otra de las regiones con más pobreza del país (27,4%), hay en cambio una menor tasa de percepción de la ayuda.
El mapa visualiza en tonos azules o rojizos aquellos municipios con menor y mayor penetración del IMV, respectivamente, teniendo en cuenta los hogares que perciben la prestación por cada 10.000 habitantes. Así, Madrid en términos absolutos tiene un dato elevado de prestaciones (29.500) respecto a otros municipios, lo que se muestra con un gran círculo, pero este es de color azul, porque respecto a su población total tiene una tasa reducida: 86,5 prestaciones por cada 10.000 habitantes. La Carolina, en Jaén, tiene muchas menos prestaciones (771), pero una mayor cobertura respecto a su población, de menos de 15.000 habitantes, con una tasa de 525 por cada 10.000 habitantes.
Los datos, recabados por elDiario.es gracias a una solicitud de información pública en virtud de la Ley de Transparencia, recogen todas las prestaciones de IMV en vigor en junio en todos los municipios del país, excepto en los de Euskadi y Navarra, que tienen las competencias del IMV transferidas y para las que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ofrece datos. Los territorios forales tampoco cedieron información sobre el ingreso mínimo vital a la AIReF para su último informe sobre la prestación, según denunció el organismo público, por lo que su análisis tuvo que excluir a estas comunidades autónomas.
Por tamaño de los municipios, el IMV encuentra una mayor penetración en aquellos de tamaño medio. En aquellos con entre 20.000 y 50.000 habitantes, según los datos de empadronamiento, se presenta la tasa de IMV más elevada, de 172 prestaciones por cada 10.000 habitantes. Las tasas de IMV más bajas las encontramos en dos extremos: las ciudades más grandes, de más de 250.000 habitantes, con una tasa de 122 prestaciones, y en los municipios más pequeños, de menos de 1.000 habitantes, con 124 prestaciones por cada 10.000 habitantes.
Cómo llega el IMV a los municipios más pobres y más ricos
Algunos municipios pueden tener una reducida tasa de IMV porque sean más ricos y presentar poca población en pobreza severa, que cumpla los requisitos para ser beneficiaria de la renta mínima estatal. Por ejemplo, Pozuelo de Alarcón (Madrid) es el municipio con mayor renta anual media del país, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE, unos 130.000 euros brutos al año. Con 138 prestaciones, su tasa de IMV es de 15 por cada 10.000 habitantes. El segundo municipio más rico, Matadepera (Barcelona), con una renta media de 113.000 euros brutos anuales, tiene una tasa de 7 IMV por cada 10.000 habitantes.
El siguiente gráfico recoge todos los municipios del país, excepto los mencionados de Euskadi ni Navarra, y tampoco aquellos con menos de 1.000 habitantes, ordenados según su tasa de percepción de IMV (prestaciones por cada 10.000 habitantes) así como por su renta media. Las localidades con más renta son las que más se aproximan a la derecha y las de mayor tasa de IMV, las que figuran más altas en el eje vertical.
El ingreso mínimo vital encuentra sus tasas más elevadas –en rojo– entre los municipios de escasa renta y las más reducidas –azul oscuro– en aquellos más ricos. Sin embargo, también se observan algunas excepciones, con tasas reducidas de la prestación en algunas de las localidades más pobres del país. Por ejemplo, Algarinejo (Granada), con una renta media de algo menos de 21.000 euros brutos al año, presenta una tasa de IMV de 120 por cada 10.000 habitantes. O Piornal (Cáceres), con una renta media de 22.700 euros al año, y una tasa de 62 IMV por cada 10.000 habitantes.
Por qué no llega a algunos municipios más pobres
¿De qué depende que municipios con niveles de renta bajos tengan una mayor o menor penetración del ingreso mínimo vital? Por ejemplo, Darro, en Granada, con una renta media de 23.500 euros brutos al año, es el municipio de más de 1.000 habitantes con más tasa de IMV (743). Mientras que Oria, en Almería, con una renta media muy similar (23.700 euros), tiene su tasa de IMV en lo bajo de la tabla, con 81 prestaciones por cada 10.000 habitantes.
El alcance del IMV en las poblaciones más pobres depende de muchos factores distintos, como advirtió la red de ONG contra la pobreza EAPN, en su estudio sobre la falta de cobertura (también denominada entre los especialistas e investigadores como ) que publicó en 2024 como resultados de un proyecto para el Ministerio de la Seguridad Social. Entre ellos, que la población esté cubierta por otras ayudas, como subsidios de desempleo o rentas mínimas autonómicas, y no hayan solicitado el ingreso mínimo vital.
La AIReF ha calculado que, en el 56% de la falta de cobertura detectada en el IMV de personas con derecho a la ayuda que no la reciben, “cinco puntos porcentuales corresponden a hogares que cobran renta mínima autonómica en 2023”. Seguridad Social destacaba recientemente que “más del 40% de los potenciales beneficiarios de IMV en situación de disponen de otros ingresos, en la mayoría de los casos procedentes de subsidios por desempleo”, lo que “puede derivar en una menor motivación para solicitar el IMV o en que consideren que no son elegibles”.
También puede que esta población “no conozca la prestación o que no se identifiquen a sí mismas como potenciales beneficiarias” de la ayuda; o que “el estigma” sobre la pobreza haga que tengan vergüenza de pedir ayuda, advierte José Javier López, director de EAPN-ES. Según el estudio de la organización, el 43,7% de personas que viven en zonas con altas tasas de pobreza severa no han solicitado el IMV porque no lo conocen. El 33,6% de los hogares que podrían optar a él creen que no cumplen los requisitos. Y un 41,5%, que no les corresponde.
El siguiente gráfico pone la lupa en la población más vulnerable. En concreto, en la población de cada municipio con ingresos por unidad de consumo inferiores a 7.500 euros al año, una cuantía que se aproxima a los criterios económicos para percibir el ingreso mínimo vital. En 2025, la renta garantizada para un hogar de un adulto es de 7.900 euros al año, unos 659 euros al mes. Los puntos que se sitúan más a la derecha son los de municipios con más población con una renta inferior a los 7.500 euros al año y los que están más altos en el eje vertical, los que tienen una mayor tasa de IMV por cada 10.000 habitantes.
De nuevo, aunque se observa una mayor penetración de la ayuda en los municipios con más hogares de escasos recursos, se evidencian muchas diferencias. Pruna, en Sevilla, y Puntagorda, en Tenerife, tienen ambas un 26% de población con ingresos por debajo de los 7.500 euros al año y, sin embargo, presentan tasas de IMV muy distintas: 566 prestaciones por cada 10.000 habitantes en Pruna y 136 en Puntagorda.
Hay algunos hogares que no solicitan la prestación porque tienen otra fuente de ingresos no declarada a través de la economía sumergida, o también otros en los que la desinformación y los bulos les llevan a no acudir siquiera a servicios sociales a informarse por miedo. “Hay un bulo, muy difundido desgraciadamente, de gente que no quiere venir a servicios sociales porque creen que, ‘si no tienes recursos, te quitan los hijos”, explica Hontanares Arranz, trabajadora social y activista de ATD Cuarto Mundo, ONG contra la pobreza.
Además, la complejidad para tramitar la ayuda, la burocracia a través de medios digitales y la dificultad de acreditar ciertos requisitos, también distancian a algunas personas de la ayuda. Según el estudio de la EAPN sobre la falta de cobertura, un 20% de las personas no solicitantes valoraba mal los trámites del IMV porque consideran “que es muy difícil poder solicitarlo sin apoyo”. En la investigación, no encontraron motivos territoriales que justificaran distintos datos de cobertura, responde Helder Ferreira, responsable de Asuntos Europeos de la EAPN.
El miedo a las devoluciones del ingreso mínimo vital fruto de las revisiones anuales de la ayuda, denunciadas por la ONG ATD Cuarto Mundo ante el Consejo de Europa y criticadas por el Defensor del Pueblo, también es otra barrera para pedir la ayuda, añade Hontanares Arranz. “Hay gente con derecho que hay que convencerla para volver a pedirlo tras una experiencia de cobros indebidos, no quieren”, explica. Hace unos meses, Seguridad Social adelantó la revisión anual de la prestación precisamente para reducir las cuantías reclamadas en cobros indebidos.
El resultado final de esta gran variedad de factores supone distintos niveles de cobertura de la ayuda estatal, siendo más o menos capaz de alcanzar a la población en pobreza severa a la que va dirigida la prestación. El siguiente gráfico muestra una estimación aproximada de qué porcentaje de hogares están en umbrales de pobreza que cubre el IMV (658 euros mensuales), a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida, y cuántos están recibiendo realmente el IMV, según los datos proporcionados por el ministerio. Con algunas diferencias territoriales, los datos muestran una tendencia: una parte importante de la pobreza en España está quedando fuera del Ingreso Mínimo Vital.
Margen de mejora en el IMV y las rentas autonómicas
En la EAPN recuerdan en cualquier caso que estos problemas de cobertura () “no solo existen para el ingreso mínimo vital”, sostiene José Javier López, “solo hay que mirar otras ayudas como el verano joven o el bono social eléctrico”, pone a modo de ejemplo. En la red de ONG alertan de los “ataques y discursos que están planteando el IMV como una medida que no está siendo beneficiosa”, algo que no comparten. “La medida para nosotros es positiva, puede aportar muchísimo, pero nace y continúa con muchas dificultades y deficiencias en su diseño y en su puesta en marcha. Eso lo va arrastrando”, sostiene el director de EAPN-ES.
Desde ese punto de vista, las ONG prefieren identificar cuáles son esos problemas e implementar los cambios que permitan ampliar el alcance del IMV. Tanto para que las personas que no lo piden (y tienen derecho) lo soliciten, como para reducir los datos de rechazos e inadmisiones de la renta mínima, ya que “destaca el elevado número de solicitudes inadmitidas y denegadas cada año”, destacó recientemente el Tribunal de Cuentas en su evaluación del IMV.
Del total de 3,4 millones de solicitudes del ingreso mínimo vital presentadas a la Seguridad Social desde su nacimiento en 2020 hasta el pasado mes de junio, solo el 30% han sido aprobadas, según los datos aportados por Seguridad Social a la solicitud de información pública realizada por elDiario.es a través del Portal de Transparencia.
Entre las posibles mejoras, las entidades sociales suelen reclamar un proceso de tramitación menos complejo, el acompañamiento de las personas beneficiarias, ampliar los criterios de acceso y el concepto de “unidad de convivencia”, modificar los criterios de patrimonio, el periodo mínimo de un año de residencia legal de los migrantes para poder solicitarlo o la ampliación al colectivo entre 18 y 23 años, entre otros, menciona Helder Ferreira (EAPN).
“Es más sencillo dirigir una ayuda a un colectivo muy concreto”, indica Ferreira, pero “hay mucha más complejidad” para que una prestación llegue a muchas personas en contextos y con características distintas, como es el caso del IMV.
Otra de las tareas pendientes más repetidas es la mejor colaboración de las Administraciones en la coordinación del IMV con las rentas mínimas autonómicas, para que ambas ayudas se complementen y garanticen una mayor protección social, ya sea llegando a más beneficiarios o mejorando las cuantías de la población que percibe estas ayudas.
Sin embargo, muchas comunidades han reducido sus rentas mínimas tras la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Algunas, hasta “prácticamente su desaparición”, destaca Hontanares Arranz, como es el caso de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Por el lado contrario, hay contadas excepciones, entre las que destaca la Comunidad Valenciana, Catalunya y Canarias. Además de Navarra y Euskadi, ambas con una mayor apuesta por sus rentas mínimas desde hace años, que han mantenido.
“Tenemos que exigir a nuestras administraciones en sus respectivos niveles de competencia que atiendan a las personas que están en situación de pobreza y exclusión. Estamos viendo que la cobertura con el ingreso mínimo en muchas comunidades autónomas ha crecido y es mayor que la que tenían con rentas autonómicas”, indica José Javier López. Es el caso de Castilla-La Mancha y Andalucía, que ha incrementado mucho su población cubierta por alguna renta mínima, básicamente gracias al IMV, así como la Comunidad Valenciana, en su caso con un refuerzo de su renta mínima regional.
“Hay que exigir que no se pierdan las prestaciones que ya había de rentas autonómicas en el sentido de ayuda a las personas en riesgo de pobreza, porque pueden complementarse con el IMV o pueden ampliarse a otro tipo de de ayudas, prestaciones y servicios a personas que están en situación de exclusión”, reivindica el director de la EAPN-ES. La clave, subraya, es sumar –y no perder– esfuerzos para reducir la pobreza en España, un deber de las distintas administraciones. “Tenemos un cuarto de la población en situación de pobreza. Son 12 millones de personas en España, por tanto, no es un elemento que podamos obviar”, recuerda López.
En este buscador puedes consultar todos los municipios del país, también los más pequeños, y comprobar el número de hogares con el IMV en vigor en junio, así como la tasa de prestaciones por cada 10.000 habitantes.
