El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha dejado en libertad con medidas cautelares a los dos antiguos altos cargos de Transportes acusados de amañar obra pública para la trama: Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. El magistrado atribuye a los dos varios delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias y les retira el pasaporte después de que ambos hayan negado irregularidades en la adjudicación de obra pública.
El magistrado, que investiga la parte de la causa que no afecta directamente al exministro José Luis Ábalos imputado en el Supremo, entiende que hay pruebas de que Pardo de Vera y Herrero sí amañaron contrataciones públicas para favorecer a empresas que después, supuestamente, pagaban mordidas a Koldo García y el resto de la trama. De Pardo de Vera afirma en su auto que “habría participado favoreciendo, de manera recurrente, a petición de Koldo García Izaguirre a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública”. El auto cita a Acciona y Levantina.
El juez afirma, incluso, que detrás de esta capacidad para otorgar contratos de obra pública estaba “el interés” que tanto Santos Cerdán como Koldo García mostraron en “promocionar” a Pardo de Vera “al cargo de Secretaria de Estado”, que no llegó a producirse. También atribuye a Pardo de Vera una “participación decisiva” en la contratación de la expareja de José Luis Ábalos, entonces ministro, en las empresas públicas INECO y Tragsatec, donde se investiga si llegó a trabajar de forma efectiva.
El juez Moreno cita, sobre todo, las conversaciones y mensajes intervenidos a Koldo García en el registro de su domicilio, documentación que acumula una decena de teras de datos. También para mantener imputado y retirar el pasaporte al exdirector general de Carreteras. El juez destaca, como en el caso de Pardo de Vera, que las “intercesiones” que Herrero hizo a favor de la trama en algunas obras para favorecer a constructoras se tradujo en un interés real en Koldo García y Santos Cerdán para “darle un puesto de mayor responsabilidad”.
Los dos han comparecido este lunes como imputados en la Audiencia Nacional y han negado haber participado en el amaño de adjudicaciones de obra pública o conocer la existencia de un entramado de comisiones ilegales, apuntando sobre todo a la presión que ejercía Koldo García como mano derecha del ministro. El magistrado, tal y como ha solicitado la Fiscalía, ha retirado el pasaporte a ambos y les ha prohibido salir de España, manteniendo por tanto su imputación.
