El primer encuentro del juez Juan Carlos Peinado con el Tribunal Supremo ha acabado en rapapolvo para el magistrado que investiga a Begoña Gómez desde hace más de un año. Los jueces de la Sala de lo Penal han rechazado su petición de imputar al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, en la causa por la contratación de una asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre duros reproches al instructor: por acusarle sin pruebas, omitir datos clave en la exposición razonada, esquivar a la Fiscalía y acusarle de mentir sin que el caso haya llegado ni siquiera a juicio.
La causa que Peinado abrió hace 15 meses en su juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid ha ido mutando con el paso del tiempo. Lo que arrancó como una denuncia de Manos Limpias plagada de recortes de prensa y un bulo, centrada sobre todo en el rescate de Air Europa y la relación de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, se ha transformado en un caso penal sobre cualquier fleco de la vida profesional de la esposa del presidente del Gobierno. En la empresa privada, en la universidad pública y en su día a día en el Palacio de la Moncloa.
Diversos varapalos de la Audiencia Provincial de Madrid, el tribunal que supervisa su investigación, han obligado a Peinado a centrarse en una línea de investigación: la contratación de una asesora en Moncloa, Cristina Gómez, para asistir a la mujer de Sánchez. Las parejas de otros jefes del ejecutivo también han disfrutado de una figura similar. Existen fotografías, por ejemplo, del hoy diputado del PP Jaime de los Santos llevando la compra a la esposa de Mariano Rajoy. Pero para Peinado la existencia de esa trabajadora podía implicar malversación de dinero público porque la relación de Gómez con la Universidad Complutense en la que dirigía un máster no tenía nada que ver con su vida en la Moncloa.
La exposición razonada de Peinado llegaba después de un tenso interrogatorio en el que llegó a reprochar a Félix Bolaños que sonriera mientras contestaba a sus preguntas. También se apoyaba en un argumento que el Tribunal Supremo ha rechazado en decenas de ocasiones en el último lustro: que un político deba ser imputado por el simple hecho de ostentar un cargo público. En este caso, Bolaños debía ser imputado por la contratación de una asesora en la Moncloa porque él, en ese momento, era secretario general de Presidencia del Gobierno. También, como ha hecho en otras ocasiones, retorció las declaraciones de los testigos para acusar al ministro de mentir.
Las 32 páginas de exposición razonada de Peinado fueron recibidas con cautela incluso por Alberto Núñez Feijóo y un Partido Popular con poco interés por el matiz. Bolaños también se mostró tranquilo: “Contiene errores de bulto”, dijo entonces. “El tiempo siempre pone a todo y todos en su sitio”, añadió este martes, tras conocer la decisión del Supremo. La decisión tira por tierra la estrategia de Peinado y desnuda las carencias de una exposición razonada que pretendía imputar al ministro de Justicia sin ninguna prueba, basándose, dicen los jueces, en “meras hipótesis”.
Ni pruebas ni “verosimilitud”
El Tribunal Supremo lleva casi cinco años recordando una cosa cada vez que tiene que rechazar una querella o denuncia contra un miembro del Gobierno. Algo que dijo por primera vez a finales de 2020 cuando rechazó medio centenar de denuncias y querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus: no se puede imputar a un responsable público simplemente por tener un alto cargo en la administración, por ejemplo a Pedro Sánchez o al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, por cualquier error en los peores meses de pandemia.
El argumento lo repite ahora para explicar a Juan Carlos Peinado que no puede pedir la imputación de Félix Bolaños solo porque en ese momento fuera secretario general de Presidencia del Gobierno y Cristina Álvarez trabajara como asesora en la Moncloa para Begoña Gómez. En sus 32 páginas de exposición razonada, afea el Supremo, “no existen indicios probatorios, más allá de meras hipótesis, sin el suficiente sustrato fáctico”.
El Supremo no entra en el fondo del asunto y en si es posible hablar de malversación en el caso de Cristina Álvarez. Pero sí tiene claro que Bolaños no puede ser acusado por el hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en ese momento en Presidencia del Gobierno. Además, recuerda, la malversación es un delito “doloso”. Trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendía hacer Peinado.
Los jueces no solo acusan a Peinado de pedir la imputación de Bolaños sin pruebas y saltándose la jurisprudencia básica que rodea la malversación de caudales públicos. También evidencian que el magistrado esquivó a la Fiscalía y ocultó al Supremo información clave para tomar su decisión. No remitió al alto tribunal la documentación de la secretaría general de Presidencia del Gobierno que tuvo que incorporar el Ministerio Público. “A pesar de ser omitido en la exposición, es relevante para conocer la normativa que rige el nombramiento de un empleado eventual, y sus funciones”, reprocha la Sala de lo Penal.
Los reveses a Peinado
El auto del Tribunal Supremo conocido en las últimas horas es el mayor revolcón que los jueces han dado a Peinado en su acelerada investigación sobre la vida profesional de Begoña Gómez, pero no es el primero. La Audiencia Provincial de Madrid, encargada de supervisar la causa y estudiar los recursos, ha tenido que exigir en media docena de ocasiones al juez que se limite a investigar los hechos sobre los que tiene indicios y no “conjeturas” de Manos Limpias.
En poco más de un año el tribunal madrileño ha tenido que repetir varias veces a Peinado que no hay ninguna prueba que atribuya participación alguna a Begoña Gómez en el rescate a Air Europa. Se trata de una de las piezas de caza mayor que la extrema derecha busca impulsar en los tribunales: vincular de alguna manera a la esposa del presidente del Gobierno en el rescate con más de 450 millones de dinero público a la empresa de Javier Hidalgo con Víctor de Aldama de por medio. La última vez, el pasado mes de mayo.
Los jueces ya han corregido varias veces a Peinado por imputar a gente sin pruebas. Por ejemplo, a Juan José Güemes –exconsejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid– por contratar a Gómez en el IE Business School. También a Joaquín Goyache, rector de la Complutense, a pesar de la “ausencia de datos incriminatorios contra él”. Y han llegado a acusarle de buscar “la verdad real a cualquier precio” al haber registrado la casa del empresario Juan Carlos Barrabés mientras estaba hospitalizado.
Peinado también ha mostrado una tendencia a imputar a las personas que acuden a su juzgado a declarar como testigos y, por tanto, obligados a decir la verdad. Lo hizo con Güemes, con Goyache y con Cristina Álvarez. También lo intentó hacer con Bolaños y no solo por malversación: también por mentir. Algo que también esgrimió en el caso de Güemes. El Supremo recuerda a Peinado que no puede hacerlo antes de que exista una “verdad judicial” con la que comparar la declaración del ministro. Una sentencia firme del caso.
Está por ver la incidencia que este portazo del Supremo tiene en la causa contra Begoña Gómez con un juez que tardó varios meses en acatar el criterio de la Audiencia de Madrid sobre el rescate de Air Europa. Los tribunales han acotado mucho la causa de Peinado, pero han avalado que investigue si hubo malversación en el trabajo que Álvarez hizo para la esposa de Pedro Sánchez y ahora Peinado tendrá que explicar algo clave: si la causa tiene continuidad ahora que el que consideraba máximo responsable, Félix Bolaños, ha sido exonerado de forma contundente por el Supremo.
