El juez Juan Carlos Peinado redobla la presión contra el Gobierno. El magistrado, que lleva un año investigando cualquier actividad profesional que haya desarrollado Begoña Gómez desde que su marido es presidente, insiste en involucrar al Poder Ejecutivo en lo que es ya una macrocausa alimentada por la extrema derecha de Vox. Tras tomar declaración como testigo al propio presidente del Gobierno y a su ministro de Justicia, Félix Bolaños, el magistrado acuerda imputar ahora a un antiguo alto cargo del Palacio de la Moncloa que en la actualidad ejerce como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.
Peinado pretende interrogarlo en busca de indicios del delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por Cristina Álvarez, la asesora encargada de coordinar la agenda de la esposa del jefe del Ejecutivo y también imputada. Su citación, prevista para el 14 de mayo, viene motivada por el hecho de que Martín —entonces Secretario General de la Presidencia del Gobierno— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” donde Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente.
El magistrado ahonda en esta línea de investigación apoyado en Vox, que el pasado diciembre presentó una querella que se basaba en la existencia de dos correos electrónicos que la asesora envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, entidad aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Universidad Complutense en relación a un evento en el que iba a participar. Según la formación de extrema derecha, el envío de esos dos correos es suficiente para atribuir al actual delegado al Gobierno, a la asesora y a Begoña Gómez delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
El juez se ampara en la “emblemática” sentencia del procés para reconocer el derecho del partido de Santiago Abascal a ejercer la acusación popular y acuerda admitir parte de su querella. Así, la existencia de esos correos sirve al juez para sostener que “procede” investigar al actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid por un delito de malversación que vincula a su “aparente participación” en el nombramiento de la asesora “para el ejercicio de funciones privadas” de Begoña Gómez “con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública”.
Sin embargo, la información que ha aflorado en la instrucción apunta a que el responsable de su contratación, que tuvo lugar en junio de 2018, fue el entonces subsecretario de Presidencia, Alfredo González, tal y como informó el Gobierno a un requerimiento del juez. Este alto cargo ya fue interrogado el pasado 26 de febrero, cuando explicó a Peinado que no recordaba de quién partió la propuesta de contratar a Álvarez como personal eventual y que en esa época despachó “multitud de asuntos” con su superior, el ahora ministro Félix Bolaños, y con el jefe de gabinete de este, Francisco Martín.
Además, el Gobierno informó al juez de que a Álvarez se la contrató como “personal eventual” para llevar a cabo “funciones expresamente calificadas como de confianza”. También el ministro Bolaños explicó que cargos como el de la asesora de Gómez ya existían con gobiernos precedentes y que son necesarios por el volumen de trabajo que requiere la figura de las esposas de los presidentes del Gobierno. También detalló que el empleado Raúl Díaz Silva —que es la persona que coordina al personal de Palacio, más de 2.000 personas— era el responsable de la asistente.
No hay delito en Gómez ni en su asistente
En otra parte de la resolución, el magistrado admite que no es posible atribuir ni a Begoña Gómez ni a su asesora en la Moncloa los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación que les atribuye Vox, lo que las fuentes jurídicas consultadas señalan que conduce inevitablemente a la desimputación de la asesora, a la que el juez acordó citar como investigada después de escuchar su testimonio como testigo y, en consecuencia, con obligación de decir de verdad.
Peinado admite que “no se alcanza a percibir en qué medida” la asistente ha podido malversar dinero público “por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada”. Cuando declaró ante el juez, la asesora aseguró que no había mantenido “ninguna comunicación” con ninguna persona de Reale ni de la Fundación La Caixa “relacionada con la cátedra” que Begoña Gómez dirigía en la Complutense. Ambas entidades eran financiadoras de esa cátedra y la asesora contactó con directivas de las mismas para un evento en Ifema en el que iba a participar Gómez en 2021.
La última resolución del juez también despeja el horizonte penal de Begoña Gómez en esta parte concreta de la causa. El magistrado reconoce que no hay base para atribuirle delito alguno por el trabajo de la asesora que gestiona su agenda. Sostiene que no hay indicios de que participara en su nombramiento y que se ha limitado a “hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales”. En lo que se refiere al delito de prevaricación, el juez admite que los hechos investigados no pasan de constituir, en todo caso, “una irregularidad en el nombramiento” de la asesora “por omitir trámites que obvian o prescinden de los procedimientos reglamentariamente establecidos”, pero ningún supuesto “exceden de la infracción administrativa”.
Precisamente la contratación de la asesora —a la que el juez ahora no otorga relevancia penal— motivó que el juez se trasladara hace unas semanas por segunda vez al Palacio de la Moncloa para interrogar a un miembro del Ejecutivo después de que el pasado verano tomara declaración al presidente del Gobierno en calidad de marido (y testigo).
En esta ocasión, el testigo era el ministro Bolaños, que explicó que no conoció a la asesora hasta “semanas después” de que ella empezara a trabajar en la Moncloa y que no participó en su contratación. Entre tanto, sin embargo, esta ramificación del caso ha servido al magistrado para tratar de escalar la causa hasta el corazón del Gobierno.
