Juan Carlos Peinado, el juez que a raíz de una denuncia de la ultraderechista Manos Limpias investiga desde abril de 2024 a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha dado el primer paso para querellarse por injurias y calumnias contra el activista que tras tildarlo reiteradamente en redes sociales de prevaricador, infractor urbanístico y seguidor de la filosofía jurídica del nazismo denunció en diciembre ante la Fiscalía la ilegalidad de su chalé de La Adrada (Ávila).
Construido en vulneración de las normas urbanísticas, la historia de ese inmueble de 858 metros cuadrados que se alza sobre una parcela de casi 0,3 hectáreas comenzó a gestarse hace dos décadas. Lo sucedido desde entonces habla, según la Fiscalía, de “indicios de criminalidad urbanística” centrados en un delito –prevaricación atribuible a responsables municipales de La Adrada antecesores de la actual alcaldesa (PP)– que en cualquier caso ya habría “prescrito”. Los entrecomillados pertenecen al decreto por el que el 16 de junio la Fiscalía de Ávila archivó la denuncia de Fernando Jabonero, exconcejal del PSOE en Pastrana (Guadalajara) y quien se define como “activista anticorrupción”.
Ahora, Jabonero ha recibido una citación para comparecer el próximo 23 de septiembre en el juzgado de primera instancia 63 de Madrid. Se trata de lo que el argot jurídico denomina “acto de conciliación” previo a la interposición de querella penal si el demandado no acepta retractarse en ese momento. Ni, en este caso, acepta tampoco pagar los 25.000 euros que el magistrado le reclama a modo de compensación por daños.
En declaraciones a elDiario.es, Fernando Jabonero considera que ni se ha extralimitado con sus ataques a Peinado en la antigua Twitter –la actual X– ni tiene ningún motivo para dar marcha atrás en sus conclusiones sobre la actuación del magistrado respecto a la esposa de Begoña Gómez. “En diciembre –recuerda Jabonero– ya le llamó prevaricador el ministro Óscar López y el Supremo ha tenido que parar a Peinado al resolver que quería la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, pese a la absoluta ausencia de indicios”.
¿Entrará en algún juzgado la querella de Peinado si finalmente la presenta o se encontrará con un portazo? Aportar una respuesta es de momento misión imposible. Lo que sí se sabe es que, hasta la fecha, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) inadmitió en 2024 las querellas por prevaricación formuladas tanto por el presidente del Gobierno como por su esposa. La decisión más reciente del TSJM relativa al caso se produjo en junio: el tribunal anuló las sanciones impuestas por Peinado a los abogados del caso por atender a los medios de comunicación. Al abogado de Begoña Gómez, el magistrado le había multado con 5.000 euros. Para la letrada de Manos Limpias y el de la también ultraderechista Hazte Oír había fijado la décima parte: 500 euros.
¿Es esta la primera actuación legal del juez Peinado contra quienes le reprochan sus métodos en la instrucción del caso Begoña Gómez o cuestionan su apariencia de imparcialidad –como hizo Jabonero– al mantenerse al frente de esas diligencias mientras su hija ejerce como concejal del PP en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón? Que se sepa, Peinado mantiene una demanda de honor contra el analista y tertuliano Max Pradera, como publicó Okdiario el pasado 6 de junio en un artículo cuyo titular subrayaba que el juez de Madrid había iniciado “la batalla contra las difamaciones”.
elDiario.es ha intentado sin éxito contactar con el juez Peinado. Las fuentes jurídicas consultadas al trascender el anuncio de querella contra Fernando Jabonero se han limitado a señalar que el magistrado se plantea emprender acciones contra otras personas físicas y contra “varios medios de comunicación” aunque no precisaron cuáles ni con qué argumentos.
Lo que Peinado pretende con la citación judicial de Jabonero es que este “se avenga a reconocer” cuatro cosas. La primera, que a lo largo de 2024 solicitó al Ayuntamiento de La Adrada información urbanística sobre su “segunda residencia” –el chalé construido ilegalmente y desconectado de la red de aguas fecales hasta al menos junio de ese año– y que lo hizo para filtrar a medios de comunicación resoluciones municipales así como para difundir “la dirección exacta” del inmueble, “exponiendo sin su consentimiento información sensible y confidencial que atañe a su esfera íntima”.
El segundo objetivo de la amenaza judicial es que Jabonero reconozca que si presentó una denuncia contra Peinado –inadmitida por el Tribunal Superior de Madrid en septiembre de 2024– fue para “cuestionar la instrucción” contra Begoña Gómez y para “crear artificiosamente una causa de recusación” para apartarlo del caso.
Como tercera meta, el juez se propone que el denunciante de su chalé ilegal y crítico constante con su proceder admita como “radicalmente falso” que sus actuaciones en el caso “tengan carácter prospectivo” –o sea, sin sustento en indicios objetivos y tan solo cimentadas en conjeturas– o un “propósito político” o que haya “previsto contraprestaciones políticas o económicas por sus actuaciones instructoras”. Las decisiones judiciales de Peinado –sostiene él mismo en su demanda– “son autónomas, objetivas, imparciales e independientes”.
Peinado cierra el bucle de exigencias reclamando a Jabonero que le indemnice con 25.000 euros por “daños morales”. Pero en el párrafo previo introduce un aviso que se resume así: que “se avenga a comprometerse a no volver a realizar manifestaciones difamatorias, insidiosas, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas vinculadas a D. Juan Carlos Peinado García”. Todo indica que, salvo cambio de última hora, no habrá conciliación posible entre ambas partes. ¿Dará el juez el paso de interponer querella contra Jabonero? En caso afirmativo, ¿la admitirán los tribunales en un momento en que el discurso político ha normalizado llamar corrupto o mafioso al presidente del Gobierno? El interrogante permanece abierto.
