Un fenómeno de “sobretensiones” y una “reacción en cadena” causada por “una combinación de factores”, con centrales de generación que “no estaban regulando tensión” y una desconexión “indebida” de instalaciones causaron el histórico apagón del pasado 28 de abril, según ha explicado este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
En rueda de prensa tras presentar en el Consejo de Ministros el informe elaborado por el comité de investigación del gravísimo cero energético, aprobado esta mañana por el Consejo de Seguridad Nacional, Aagesen ha explicado que una de las causas del apagón es que el sistema “no tenía suficiente capacidad de control de tensión”.
Los grupos de generación que tenían que hacerlo, “muchos de ellos” retribuidos económicamente, “no contribuyeron” a hacerlo porque las centrales “no estaban programadas” adecuadamente. Hay que recordar que desde hace al menos cinco años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene previsto aprobar una normativa para regular este asunto ya que la actual está “obsoleta”, como ha reconocido el propio regulador.
Aagesen ha insistido que “hay varias causas” del apagón y una de ellas es la “escasa capacidad de regulación de tensión”, por una “mala planificación” o porque “algunos operadores” no estaban cumpliendo la normativa.
El resultado de ese deficiente control de las tensiones es que esa mañana ese parámetro “no para de subir” y comienzan las desconexiones de plantas. También las “más pequeñas”, que el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), “no puede ver porque están en la red de distribución”. Tras una primera desconexión en Granada y las ya conocidas en Badajoz y en Sevilla, hay más desconexiones que no se habían revelado hasta ahora en Segovia, Huelva y Cáceres.
Según ha explicado Aagesen, “algunas de estas desconexiones ocurrieron de forma indebida” y otras se produjeron “dentro de los límites autorizados para proteger las instalaciones”. Y de ahí al “deslastre” masivo en un lapso de cinco segundos, con una “reacción en cadena” ante la que no había “nada que hacer”.
En la primera fase de inestabilidad de las tensiones, la víspera del apagón, REE pide a 10 centrales “repartidas por el territorio” que no resultaron casadas por el mercado que entraran mediante el denominado sistema de restricciones técnicas. Pero esa tarde, una de las centrales previstas se declaró “indisponible”. Ante este cambio, el operador del sistema tiene que “reajustar” y decide “reprogramar pero no sustituir” esa central, a la que el informe no identifica porque está “anonimizado”.
La vicepresidenta ha pedido “una reflexión” de “todos los agentes” del sistema eléctrico pero no ha querido señalar responsabilidades, que es algo que ocurrirá en “la siguiente fase”: serán “los procedimientos administrativos y judiciales” los que deban fijarlas.
Aagesen ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará un Real Decreto-Ley con un paquete de medidas para que el incideente “no vuelva a suceder”. Se va a “acelerar la puesta en marcha” de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) anunciada hace más de un año; un refuerzo de la “supervisión y verificación” de los agentes del sistema y una normativa para permitir a las renovables controlar tensión, como pidió REE en 2021.
Aagesen ha explicado que en el análisis de la operación del sistema se han realizado más de 100 solicitudes de información, con más de 700 peticiones y millones de datos en 170 GB de información.
El informe recoge una primera fase de inestabilidades en las tensiones, también en los “días previos” al apagón, una segunda fase de oscilaciones del sistema (en la media hora previa al corta), otra de pérdidas de generación; y el posterior colapso del sistema eléctrico. Un análisis “complejo, delicado” y con datos “contradictorio” e “información que finalmente no ha llegado”. Estas “omisiones” han quedado “explicitadas en el informe” que se va a publicar esta tarde.
Desde el punto de vista de la ciberseguridad, se ha concluido que “no existe evidencia de ciberincidente ni ciberataque como causa de la crisis energética, ni en el operador ni en los distintos niveles.”
Pero sí se han identificado “vulnerabilidades” y “carencias” en los sistemas frente a potenciales riesgos que se van a “aprovechar” para emitir recomendaciones de cara a futuro, tras “la mayor investigación en materia de ciberseguridad que se ha dado en nuestro país”, con más de 1600 horas de trabajo, más de un millar de IP, más de 133 GB y catorce operadores analizados: del operador del sistema a los más de 30 centros de control de las distribuidoras por todo el territorio nacional; y un tercer nivel “de detalle” de las instalaciones de generación.
Algunas conclusiones se van a poner en conocimiento de la CNMC: aquellas cuestiones que deba conocer el organismo. El informe, por una “obligación de confidencialidad” tiene información “anonimizada”, “en la mayor parte de las ocasiones” a petición de los actores implicados. Aagesen va a comparecer esta semana en la Comisión de Secretos Oficiales.
El informe ha sido presentado 49 días después del apagón, “prácticamente la mitad del tiempo que da Europa para que presente su informe a la UE” y mucho antes de lo previsto.
Aagesen había prometido que el documento estaría listo antes de tres meses desde el incidente, pero en los últimos días (en paralelo a la explosión del escándalo de presunta corrupción de Santos Cerdán, ya ex secretario de Organización del PSOE) se han acelerado las reuniones del comité interministerial que ha investigado el corte. Las últimas, el pasado viernes, el domingo y el lunes.
En total este órgano presidido por Aagesen y formado “por profesionales estatales de reconocido prestigio” se creó el pasado 30 de abril. Está integrado por varios ministerios y ha celebrado 14 reuniones desde ese histórico cero ibérico, que ha provocado acusaciones cruzadas entre las empresas eléctricas (singularmente Iberdrola), y el operador del sistema, con el transfondo de las multimillonarias indemnizaciones que hay en juego.
El pasado 4 de junio, el comité llegó a dirigirse por carta a las empresas eléctricas para trasladarles su “preocupación” por la lentitud en el envío de determinada información, lo que llevó a la patronal aelec, en la que están integradas Iberdrola y Endesa, a afirmar que es “absolutamente falso” que estuvieran “ocultando información” sobre el apagón, aunque estas dos empresas reconocieron que tenían algunos requerimientos de datos pendientes de contestar.
El comité esta formado por varios ministerios, además de Transición Ecológica (Economía, Defensa, Interior…) y organismos como el Centro Criptológico Nacional o el Estado Mayor de la Defensa. Como “invitados” figuran el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la CNMC, que también va a elaborar su propio informe. A este documento se sumará el que, tal y como marca la normativa de la UE, elaborará la asociación de transportistas europea ENTSO-e, en la que está integrada REE.
