“Creo que te van a pedir el impuesto”, le dice Koldo García al entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, en uno de los audios que recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hecho público este jueves y que provocó la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE. García le avisa así a Herrero de que la gerente del partido, Ana María Fuentes, iba a contactarle para pedirle ese “impuesto”, lo que en las últimas horas ha despertado todo tipo de sospechas sobre si de esa conversación podía inferirse algún indicio de financiación irregular del PSOE.
“Perdona que te moleste, me pide tu teléfono el gerente del partido. Te puedo llamar 15 segundos. Si no se lo doy yo, lo consigue seguro”, le dice García a Herrero. La lectura que hace la UCO de esas palabras es que “desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica”.
En realidad esa palabra, “impuesto” o incluso “impuesto revolucionario”, es el término con el que se suelen referirse coloquialmente en todos los partidos a las aportaciones económicas que están obligados a realizar todos los cargos públicos o de especial relevancia a la formación política a la que están afiliados. Es decir, normalmente en los estatutos o normas internas de los partidos se recoge la obligación de que los cargos con sueldos públicos destinen parte de los mismos a contribuir económicamente a la financiación de la organización en la que militan.
En el caso del PSOE, partido de Herrero, quien ejerció como máximo responsable de Carreteras durante la etapa en la que José Luis Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes, esa obligación está recogida en el artículo 63 de los Estatutos del partido aprobados en el 41 Congreso Federal, que lleva como título “de las aportaciones comprometidas o donaciones de cargos públicos o asimilados.
En su primer punto, este artículo señala que es Comisión Ejecutiva Federal la que propone al Comité Federal “para su aprobación” la cuantía o el porcentaje de las “aportaciones comprometidas para los cargos públicos o asimilados, así como para fijar su cuantía y los mecanismos de revisión de esta”. Según ha podido conocer este diario de fuentes socialistas, ese porcentaje suele ser habitualmente de entorno al 10% del salario que ingresa cada cargo público en cuestión y su aportación al partido es obligatoria según los estatutos.
“El incumplimiento del compromiso de pago de las aportaciones de cargo público o asimilado por un periodo superior a tres meses podrá dar lugar a la actuación disciplinaria correspondiente recogida en la normativa del partido, así como su valoración como causa impeditiva para el ejercicio de cargos orgánicos o para su elegibilidad en las candidaturas electorales, según su desarrollo en el Reglamento Federal de Desarrollo”, señalan los estatutos del PSOE.
Según la última Memoria Económica del partido, correspondiente al año 2023, esas aportaciones alcanzaron los 10 millones de euros de un total de 62,5 millones que el PSOE ingresó de sus militantes.
