La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados en la que se tiene que debatir “el paquete fiscal” previo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 no se celebrará esta semana. Tras posponerse el lunes, este jueves se ha vuelto a retrasar al próximo lunes 18 de noviembre. El Gobierno busca ganar tiempo para seguir negociando sobre los cambios en los impuestos ante los “vetos cruzados” entre los socios de la investidura.
La clave del choque está en que el PSOE está atrapado ente sus acuerdos con PNV y Junts y las exigencias de sus socios de izquierda. El principal punto de conflicto es el impuesto especial a las empresas energéticas que caduca a final de año y que el Ministerio de Hacienda había pactado tumbar con las fuerzas nacionalistas y conservadoras. Pero es precisamente ese gravamen el que quieren mantener a toda costa Sumar y sobre todo ERC, EH Bildu y Podemos.
Ante este bloqueo, el Partido Popular (PP) se ha ofrecido a apoyar este jueves en la Comisión de Hacienda el Proyecto de Ley que transpone a la legislación española un nuevo impuesto mínimo del 15% para empresas multinacionales, si no se añaden nuevos tributos como los que han estado negociando el PSOE y sus socios. Estos nuevos impuestos se pretenden incluir como enmiendas a ese Proyecto de Ley que tendrá que ser aprobado en un Pleno del Congreso.
La principal amenaza de “los vetos cruzados” entre los socios del Gobierno va más allá de “la reforma o paquete fiscal”. Si no sale adelante, están en riesgo los Presupuestos del próximo año y también los próximos desembolsos de los fondos del Plan de Recuperación, ya que el compromiso con la Comisión Europea es seguir abordando cambios en los impuestos que mejoren la eficacia y la equidad de nuestro sistema fiscal.
Los pactos iniciales del PSOE con PNV y Junts provocaron una decepción en Sumar, que este mismo lunes consiguió arranca otro acuerdo a los socialistas que contempla convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto permanente, un nuevo tributo al lujo y subir dos puntos el IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros, entre otras medidas.
Sin embargo, estos acuerdos han levantado ampollas a derechas —incluidos algunos sectores empresariales—, y a izquierdas. Y, al menos de momento, no han hecho posible una mayoría suficiente de apoyos en el Congreso.
