Las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social a partir de 2026, que se acercan progresivamente a un porcentaje de sus ganancias con el nuevo sistema lanzado en 2023, es una de las principales tareas del Ministerio que dirige Elma Saiz para la vuelta del verano. La negociación no solo abordará este tema, como reclaman los colectivos de autónomos ATA, UPTA y UATAE. Las cuotas son la materia “principal”, apuntaba esta semana Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social, pero el Gobierno se abre también a mejorar de nuevo la prestación por cese de actividad, también conocido como el paro de los autónomos, como ya hizo en la negociación de 2022.
El cese de actividad se denominaba hasta hace pocos años una prestación “fallida” por todos los colectivos de autónomos. Con una lógica similar a la de la prestación por desempleo para los trabajadores asalariados, pretende garantizar unos ingresos a los autónomos que se ven obligados a cerrar sus negocios y han cotizado el mínimo requerido para ello. Sin embargo, este paro –que gestionan las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social– apenas se reconocía a una minoría de los solicitantes. El año pasado se denegó a casi la mitad de los solicitantes (46%). En lo que va de año, hasta mayo, se han rechazado el 60% de las peticiones, según los datos publicados por la Seguridad Social.
En 2019, el Gobierno monocolor del PSOE aprobó una primera reforma que hizo obligatoria la cotización por cese de actividad, hasta entonces opcional, a la vez que amplió su protección, por ejemplo duplicando su duración hasta los dos años de ‘paro’ frente a los doce meses anteriores. En 2022, cuando se aprobó el nuevo sistema de cuotas para que los autónomos cotizaran en función de sus ganancias, se facilitó el acceso a la prestación, respecto al mínimo de cotización exigido, y también se crearon nuevas modalidades de cese parcial y otros asimilados a los nuevos ERTE por crisis cíclicas y sectoriales aprobados en la reforma laboral.
Los colectivos de autónomos que negocian con el Gobierno en la mesa de diálogo social reconocen que estos cambios han mejorado el acceso a la prestación por cese. Pero insisten en que siguen siendo “insuficientes”, ya que el sistema deja aún a muchos autónomos sin cobertura pese al cierre de sus negocios y a que han cotizado por esta contingencia en los últimos años. Por ello, ATA, UPTA y UATAE reclaman al Gobierno abordar también este tema, junto a otras cuestiones como el acceso al subsidio para mayores de 52 años, en la negociación de las cuotas que arrancará en septiembre.
“Es un momento adecuado para evaluar e introducir los elementos en esa prestación [cese de actividad] y en otras que pudiera haber. Este es el momento para hacerlo”, respondió esta semana el secretario de Estado de la Seguridad Social, a preguntas de este medio. En el Ministerio de la Seguridad Social no avanzan en qué sentido pueden ir estas mejoras, ya que el proceso de negociación “ni siquiera ha comenzado”. “Estamos abiertos a escuchar las aportaciones de los agentes sociales y las organizaciones más representativas de los autónomos para seguir mejorando su protección”, indican fuentes del departamento de Saiz.
Un observatorio de la prestación que no se ha reunido nunca
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) reclamó también hace unas semanas una “mejora sustancial” en la prestación por cese de los autónomos, para la que el responsable de Protección Social, Carlos Bravo, lamentó que el Ministerio de la Seguridad Social no haya cumplido con el acuerdo alcanzado en 2022 para el seguimiento de esta ayuda.
En la ley de julio de 2022, se aprobó que, “en el plazo de tres meses, y con el objetivo de mejorar la eficacia y cobertura de la prestación por cese de actividad por causas económicas” de los trabajadores autónomos se crearía “un observatorio para el análisis y seguimiento de su funcionamiento”, integrado por representantes de la Seguridad Social, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como de las asociaciones de autónomos. “A tales efectos, de forma periódica, propondrá aquellas medidas tendentes a la adaptación de la regulación y cobertura de los trabajadores autónomos por esta contingencia”, recogió la norma.
El observatorio se creó finalmente en febrero de 2024, mucho después del plazo marcado, y tras el primer encuentro para su constitución, nunca se ha vuelto a reunir, denunció Carlos Bravo, con la consecuente falta del análisis y diagnóstico que podría haber hecho este órgano. En el Ministerio reconocen que el observatorio “está pendiente” y que se abordará también con los agentes sociales, ya que indican que “puede ser una herramienta muy útil”.
La mayoría de rechazos por no poder justificar el cese involuntario
Los colectivos de autónomos centran sus críticas sobre todo en los requisitos que se exigen a día de hoy para demostrar el cese involuntario de los negocios. En 2024, de las 10.945 solicitudes rechazadas por las mutuas, el 62% se debió a “no acreditar el cese”. Solo un 6% se debió a no acreditar el mínimo cotizado y un 3% a no estar al corriente del pago de las cuotas. Otro 28% se debe a “otras causas”, sin más precisión, según las estadísticas de la Seguridad Social.
“Los trabajadores tienen muchas dificultades para demostrar que el cierre no es por su voluntad”, indican en UATAE, que apuntan que esto lleva a que en muchas ocasiones los propios autónomos no pidan siquiera la prestación. En 2024, se presentaron algo menos de 24.000 solicitudes, un dato que en CCOO también consideran “escaso”. Entre los requisitos que generan más problemas, los colectivos de autónomos señalan aquellos que tienen que ver con las pérdidas de facturación, sobre todo en los trabajadores dentro del sistema de módulos.
Además, estos criterios para justificar el cese “no son los mismos según las diferentes mutuas”, destaca por su parte el presidente de UPTA, Eduardo Abad, lo que lleva a desigualdades y a diferentes interpretaciones de la norma que los colectivos de autónomos exigen al Gobierno que solucione. Un tercio de las reclamaciones presentadas de trabajadores por cuenta propia a los que se denegó la ayuda fueron estimadas, 607 el año pasado, por lo que se trata de personas a las que correspondía la prestación.
Aunque en septiembre expondrán sus propuestas en la mesa de negociación, en UPTA consideran que se debe caminar a un sistema en el que el propio cierre del negocio y la baja como autónomo dé derecho a la prestación por cese. “Es que se ha cotizado para ello”, subraya Eduardo Abad, que añade que podría vincularse a la búsqueda activa de empleo, como ocurre con los asalariados que perciben el paro.
“Si confluimos en obligaciones, también debemos hacerlo en protección social”, responden también en UATAE, que como el resto de colectivos de autónomos pone el foco en el acceso al subsidio de paro para mayores de 52 años. “No hay motivos para excluir a los autónomos de esta ayuda, que no es contributiva, sino asistencial”, destacan. No obstante, el subsidio exige en la actualidad cumplir las condiciones para acceder a una pensión contributiva. Es decir, haber cotizado 15 años, al menos dos en los últimos quince.
