La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha mandado una carta al consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y al consejero de Endesa, José Bogas, en las que solo se abriría a revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares siempre y cuando los costes sean asumidos por las compañías eléctricas, además de otras exigencias, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es.
La postura del Gobierno no es nueva. El pasado 7 de mayo durante la sesión de control al Gobierno, el presidente Pedro Sánchez llegó a llamar “lobistas amateur” de las grandes empresas energéticas a los diputados de PP y Vox y lanzó un mensaje explícito a esas compañías, a las que pidió una propuesta formal sobre el futuro de las centrales nucleares siempre y cuando asuman tres requisitos previos.
“Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario que prorrogue las centrales, las escucharemos como escuchamos a todos los sectores. Pero lo haremos siempre y cuando se cumplan tres requisitos de absoluto sentido común. El primero, que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos. Segundo, que sea económicamente viable y no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarias de esas centrales. Y tercero, que la medida sea conveniente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico”, dijo entonces el presidente del Gobierno.
Son las mismas exigencias que ahora la ministra Aagesen ha trasladado a los CEO de las dos compañías eléctricas en su carta. La misiva de la ministra de Transición Ecológica responde a otra carta que enviaron en junio los directivos en las que se recogía una propuesta de Iberdrola y Endesa para extender la vida útil de las centrales nucleares. Entonces el Ministerio afirmó que que se trataba de una mera “declaración de intenciones” y no una “petición formal”, que no incluía al resto del sector y que iba “en perjuicio de consumidores y ciudadanos”.
Entonces fuentes del Ministerio explicaron que habían recibido “una carta relativa a la prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola que no firman ni Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del Protocolo de cierre de 2019” con el que se pactó un apagón progresivo de los reactores que empezaría con el cierre del primer grupo de la central de Almaraz (Cáceres) en 2027 y se prolongaría hasta 2035.
Transición Ecológica subrayó que dicha carta de las eléctricas “no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal (la carta no lo es)”: esas tres premisas, recuerda Transición Ecológica, son “que haya seguridad para las personas”, que se garantice la seguridad de suministro y “que no suponga un mayor coste para los ciudadanos”.
En su intervención en el Congreso el presidente del Gobierno quiso dejar claro que fueron las empresas las que tomaron la iniciativa en su día para concretar el calendario de cierre. Y que hasta ahora ninguna de ellas ha movido un dedo para prolongar la actividad de las centrales programadas para el cierre porque, aseguran fuentes del Ejecutivo, ni siquiera esas empresas tienen claro si resulta rentable. Y de ahí que Sánchez insistiera en que los planes de su Gobierno no pasan por asumir el coste de las inversiones necesarias ni tampoco que esos costes repercutan en la factura de la luz.
La intervención del presidente fue pocos días después del apagón del 28 de abril. el líder del Ejecutivo hizo una defensa encendida de las energías renovables, a las que mantuvo al margen de la crisis de la semana pasada. “El 28 de abril nuestro sistema operaba con niveles de renovables inferiores a los de otros días anteriores. El asunto es un poco más complejo, por no decir mucho más complejo. Vincular el debate a las nucleares es irresponsable y una gigantesca manipulación”, aseguró.
Las eléctricas piden que les rebajen los impuestos
Las empresas llevan meses planteando que se retrase el cierre, pero exigen una bajada tanto de la tasa Enresa como de los impuestos que pagan las centrales a los Gobiernos autonómicos de Extremadura y Catalunya (Valencia acaba de anunciar su eliminación) Y a la Administración central.
Transición Ecológica sigue, por tanto, a la espera de que las eléctricas a que planteen una propuesta formal si quieren que se revise el calendario de cierre que acordaron en 2019, antes de la guerra en Ucrania y de la mayor crisis energética en décadas. Lo más inmediato es el futuro de la central de Almaraz (Cáceres), cuyo primer grupo está previsto que cierre en noviembre de 2027, mientras que la unidad 2 cerraría en octubre de 2028. Su futuro depende en primer lugar de que se pongan de acuerdo sus propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy (cuyo negocio nuclear es residual).
De entrada, y ante los bajos precios del mercado mayorista de electricidad que han traído consigo las renovables que hacen muy difícil que los reactores operen en el mercado, las eléctricas exigen algo que el Gobierno rechaza, porque entiende que sería una socialización del problema: que se reduzcan los impuestos a los reactores. Tanto las tasas estatales, como las autonómicas, que suponen unos 18 euros por megavatio hora (MWh) producido, como la denominada tasa Enresa, que nutre el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.
Con esa tasa con la que esta empresa pública recaudó el año pasado 600 millones, los reactores financian (mientras funcionan) el fondo que debe sufragar el coste del desmantelamiento y de la gestión de los residuos nucleares, estimado en 26.000 millones. El fondo, que las eléctricas alimentan desde 2005 (hasta entonces lo pagan los consumidores en su tarifa) acumulaba a cierre de 2023 (último dato disponible) 8.000 millones.
Las compañías han recurrido en los tribunales la subida del 30% de esa tasa que el Gobierno aprobó el año pasado para sufragar un nuevo plan de residuos radiactivos que estaba caducado desde 2010 y que se adaptó a la nueva realidad: ante la falta de consenso para construir el almacén temporal centralizado (ATC) en ninguna comunidad autónoma, los residuos nucleares se van a dispersar en siete almacenes individuales (ATIs), con el consiguiente sobrecoste (de unos 2.000 millones). Todo ello, a la espera de un almacén geológico profundo (AGP) para el último tercio de este siglo donde se enterrará esa basura radiactiva que mantiene su peligrosidad durante decenas de miles de años.
Conflicto en el seno del Ejecutivo
La postura de Transición Ecológica, sin embargo, abre un nuevo conflicto entre los socios de Gobierno. La vicepresidencia Segunda, Yolanda Dïaz, ha recalcado que rechaza la extensión de la vida de la centrales nucleares. Díaz explica que “alargar la vida útil de las nucleares significa no dejar espacio suficiente para el imprescindible despliegue de las energías renovables en nuestro país. Es imprescindible recordar que España está siendo uno de los lideres mundiales en la transición energetica con excelentes resultados económicos y de creación de empleo”.
También insiste que la nuclear “no es una energía flexible y por lo tanto no es ninguna solución a los problemas derivados del apagón de hacer unos meses”. Por otro lado añade que “alargar el calendario de cierre significa incumplir los compromisos adquiridos con inversores en renovables que han tomado decisiones en base a un calendario acordado” e incumplir “el acuerdo de gobierno de coalición”.
