El Gabinete de Israel ha votado de forma unánime la destitución de la fiscal general, Gali Baharav-Miara. La medida, que necesita del visto bueno del Tribunal Supremo, agranda la brecha del enfrentamiento del Ejecutivo de Netanyahu con el sistema judicial israelí en un momento de máxima tensión en la calle contra el primer ministro.
Como reconoce el diario nacional The Times of Israel, el Gobierno podría comenzar a marginar de inmediato a Baharav-Miara, excluyéndola de foros clave y reduciendo su influencia, independientemente del fallo final del alto tribunal. Todo ello, ajeno a las manifestaciones de protesta por la campaña gubernamental contra la fiscal general.c
«Es imposible aceptar una situación en la que el Tribunal (Supremo) intente imponer al gobierno un asesor legal que sea completamente político, que no confíe en ella, con quien no haya cooperación, que frustre al Gobierno y se niegue a representarlo», ha explicado el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, en un comunicado.
Como recoge EFE, a falta de una constitución escrita y bajo un régimen parlamentario unicameral, en Israel la figura del fiscal general es clave en la labor de contrapeso del Gobierno. Su mandato, recoge la ley, debe proteger el Estado de derecho y supervisar la actuación de los ministros y ahí comienza el enfrentamiento con el actual Ejecutivo.
La imputación de Benjamín Netanyahu en 2019 por tres casos de corrupción —cuando aún era considerado en su partido como un defensor de la independencia judicial— generó una profunda tensión entre su oficina y la del fiscal general.
Desde su regreso al poder a finales de 2022, el primer ministro ha protagonizado múltiples enfrentamientos con Baharav-Miara, nombrada por el Gobierno anterior ese mismo año.
De hecho, tanto Netanyahu como sus ministros sostienen que la fiscal actúa por motivaciones políticas contra sus medidas, mientras ella que Baharav-Miara denuncia que las autoridades actúan en violación de la ley y que su trabajo es presentar al Ejecutivo los límites de la ley «sin que constituyan diferencias de opinión ni motivos de cese», añade Europa Press.
Los principales aliados de Netanyahu en el poder, pertenecientes a la ultraderecha, consideran a la fiscal general como un actor supragubernamental. Según su relato, la fiscal general les impide llevar a cabo su visión de un Estado judío pleno en Israel y Cisjordania.
El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, que pidió su destitución en noviembre de 2024, ha exigido el nombramiento «inmediato» de una sustituta al cargo, afirmando que no se puede «permitir que un vacío gubernamental se llene con un montón de interpretaciones jurídicas infundadas». «El proceso que inicié hace unos nueve meses ha concluido. Más vale tarde (muy tarde) que nunca. Si fuera por mí, presentaría una acusación contra ella por fraude y abuso de confianza«, añadía.
El partido opositor Yesh Atid, liderado por Yair Lapid, ha presentado una petición ante el Tribunal Superior de Justicia para bloquear la mencionada medida. «El Gobierno no quiere asesoramiento legal, quiere obediencia, ha optado por renunciar al Estado de derecho, y nosotros hemos optado por luchar por él y la democracia», ha dicho la diputada Karine Elharrar.
El alto tribunal dictaminó recientemente que el gobierno no puede destituir de forma inmediata a la fiscal general, subrayando la necesidad de «tiempo suficiente para la revisión judicial» de la decisión. Por ello, su cese no entrará en vigor hasta que los jueces se pronuncien sobre la legalidad del proceso, que ha sido calificado por la propia fiscal de «ilegal».
