“Nosotros tenemos un socio de Gobierno que es Sumar. El resto son grupos que de manera asimétrica algunas veces votan con nosotros y otras veces no votan”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resumía así en su comparecencia de balance del curso político la realidad parlamentaria a la que se enfrenta en esta legislatura. Se refería a la mayoría fluctuante que le ha permitido sacar algunas leyes, pero que también le ha provocado unas cuantas derrotas. En estos dos primeros años de legislatura, la barrera que marca su ecuador, el Congreso ha aprobado 24 leyes y 18 decretos-ley, una producción menor que la de la legislatura pasada y que se parece mucho a la del segundo mandato de Mariano Rajoy, que tampoco contaba una mayoría clara y que terminó en una exitosa moción de censura.
Sánchez ha dado continuas muestras de que esta realidad parlamentaria no le incomoda para seguir gobernando. El Gobierno defiende que ha cumplido ya prácticamente la mitad de los 200 compromisos que ha ido adquiriendo desde que se puso en marcha, el 45%. Y se aferra a un dato: “Hemos ganado el 86% de las votaciones”. “Estamos a mitad de camino, queda mucho trabajo y mucha legislatura por delante”, dijo Sánchez en su última rueda de prensa antes del descanso estival. “Los dos años que restan hasta las generales de 2027 el Gobierno de coalición los afronta con la misma determinación y energía que en los siete años anteriores”, avanzó, con el compromiso incluido de presentar un proyecto de presupuestos generales.
Es cierto que las derrotas del Ejecutivo en el Congreso son minoritarias y que, como también defendió Sánchez en esa comparecencia, solo su partido y Sumar son capaces de articular una mayoría en positivo. La mayor parte de las veces en las que el PP ha logrado apoyos más allá de la extrema derecha ha sido para tumbar votaciones y no para sacar adelante sus propias iniciativas.
Pero el Gobierno acumula una serie de golpes en votaciones importantes. Por ejemplo, en el último Pleno del curso político, con un paquete de medidas para tratar de evitar un nuevo apagón como el que afectó a toda la península el pasado 28 de abril. Sánchez perdió el apoyo de Podemos y de Junts, y fue incapaz de convencer a un PP mucho más interesado en provocar una nueva derrota al Ejecutivo que en el contenido de un decreto que podría haber secundado sin problema.
Con todo, aquel día el Ejecutivo sí contó con votos de sobra –incluidos los del PP– para aprobar otro decreto sobre financiación para las comunidades autónomas y uno más sobre declaración de bienes de interés cultural. También se aprobaron definitivamente tres leyes que llegaban del Senado y las dos reformas del reglamento del Congreso impulsadas por el PSOE y sus socios parlamentarios.
En total, siete iniciativas aprobadas y una sola derrota, aunque sonora. Con esos datos incorporados, la legislatura suma 24 leyes aprobadas y otros 18 decretos-ley. Es decir, 42 iniciativas que sirven al Gobierno para tratar de desmontar el argumento del Partido Popular de que Sánchez es incapaz de sacar sus medidas adelante. “Dudo que se pueda celebrar haber cumplido cuando es el Gobierno con menos iniciativas aprobadas en los dos primeros años”, dijo Alberto Núñez Feijóo en su propio balance.
Es cierto que los datos de esta legislatura están muy lejos de la capacidad legislativa que mostró el anterior Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, con una mayoría parlamentaria mucho más holgada. En sus dos primeros años, 2020 y 2021, aquella legislatura alumbró 47 leyes y 72 decretos-ley. Este volumen tan alto de decretos está relacionado con que aquellos años fueron los primeros de la pandemia por la COVID-19.
De hecho, los números de esta legislatura se parecen mucho a los del segundo mandato de Mariano Rajoy, que entre finales de 2016 y mediados de 2018 apenas logró sacar adelante 21 leyes –en contra de lo que dice Feijóo, menos que Sánchez en estos dos años de legislatura– y 33 decretos, un total de 54 iniciativas. Aquella legislatura el PP la arrancó con muchas dificultades, gracias a una abstención del PSOE, y la terminó con una moción de censura impulsada por un renacido Sánchez que logró convencer al PNV y al resto de socios para encabezar un primer gobierno en solitario.
Feijóo ha amagado en varias ocasiones en los últimos meses con una moción de censura que, sin embargo, no se atreve a presentar. Porque, a diferencia de aquel momento, ni el PNV ni Junts, los partidos más a la derecha del bloque de investidura, parecen dispuestos a apoyar un Gobierno del PP que necesariamente tendría que contar con el apoyo de Vox, bien dentro del gabinete de ministros, bien fuera presionando con su propia agenda legislativa.
Este apoyo de los socios es el que da aire al presidente para confiar en que agotará la legislatura. Y por eso el líder del PP se esfuerza en señalar a esos grupos parlamentarios por sostener al Gobierno. “Nuestra obligación es estar preparados para el momento en el que los socios digan ‘se acabó’”, dijo Feijóo antes de irse de vacaciones en una rueda de prensa para hacer balance del curso político.
La agenda pendiente: reforma de la justicia, reducción de jornada…
Si el primer año de la legislatura estuvo marcado por la tramitación de la ley de amnistía –recientemente avalada por el Tribunal Constitucional–, el Gobierno ha tenido que hacer frente durante este curso a la tormenta desatada por el caso Santos Cerdán sin grandes iniciativas que aprobar en el Congreso. Los grandes movimientos del Ejecutivo han pivotado sobre la agenda internacional, con el anuncio por parte de Sánchez de que llevará el presupuesto en Defensa hasta el 2% del PIB, tal y como acordó de forma bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la última cumbre de la alianza.
El Gobierno ha conseguido sacar algunas medidas adelante. En las últimas semanas, por ejemplo, aprobó en un segundo intento la creación de una Agencia de Salud Pública. El PSOE también ha logrado impulsar una reforma para prohibir que se constituyan asociaciones que hagan enaltecimiento del franquismo y los grupos del bloque de investidura pactaron una reforma del reglamento del Congreso para sancionar los comportamientos de los agitadores de extrema derecha que suelen reventar las ruedas de prensa.
Pero las grandes medidas previstas para este año están todavía en tramitación. El Congreso retomará la actividad en septiembre con una agenda cargada. El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz dejó para el próximo periodo de sesiones el primer trámite parlamentario de la ley para la reducción de jornada, pendiente de una complicada negociación con Junts. Los planes de Sumar no han cambiado y esperan que la ley esté aprobada definitivamente antes de que termine el año, si esas conversaciones llegan a buen puerto.
El Gobierno tiene también pendiente empezar a tramitar la reforma para democratizar el acceso a la carrera judicial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, igual que Díaz, postergó el primer debate en el Congreso hasta el próximo periodo de sesiones. Bolaños también ha adelantado que después del parón del verano el Consejo de Ministros aprobará la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que encargará a los fiscales la instrucción de los procesos penales. Ambas reformas cuentan con una férrea oposición de las asociaciones judiciales conservadoras.
Una de las primeras medidas que se votará tras ese parón serán los nuevos permisos parentales. El Consejo de Ministros aprobó este martes el decreto después de una intensa negociación entre PSOE y Sumar. La medida concede tres semanas más de permisos remunerados a ambos progenitores y lleva a 32 semanas los permisos para familias monoparentales.
… ¿y presupuestos?
Pero el gran reto volverá a ser el de los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez anunció que tiene pensado presentar un proyecto de cuentas públicas para 2026, algo que confirmó su vicepresidenta primera. “Todos los procesos presupuestarios se ponen ya en marcha en septiembre”, dijo en su última comparecencia María Jesús Montero.
Esto significa que en el nuevo curso Hacienda tendrá que activar una orden ministerial para recibir las peticiones del resto de departamentos y llevar al Congreso una nueva senda de déficit y techo de gasto, dos trámites previos a la presentación del proyecto final. Justo hace un año que Junts tumbó el techo de gasto y que incentivó al Gobierno a presentar las cuentas.
Si Sánchez decide llevar sus intenciones hasta el final tendrá que abrir una negociación con los independentistas catalanes, pero también con Podemos, que ha puesto como condición para su apoyo bajar los alquileres un 40%, romper relaciones con Israel y salir de la OTAN. “Vamos a trabajar para que se aprueben”, prometió Sánchez.
