El expresidente de Colombia y jefe del partido opositor Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se convirtió este lunes en el primer exmandatario del país que un tribunal penal declara culpable. La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, anunció un fallo condenatorio tras una audiencia maratoniana que duró más de diez horas. Le atribuyó los delitos de soborno en actuación penal, en tres ocasiones, y fraude procesal. El tribunal revelará la pena este viernes, aunque la magistrada ya ha considerado la prisión domiciliaria como opción sustitutiva por la edad del acusado, que tiene 73 años.
El proceso comenzó en 2012 cuando el entonces senador Álvaro Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó esa acusación, examinó las pruebas y apuntó directamente a Uribe y a su entorno. Según la investigación, diseñaron una operación para presionar a antiguos paramilitares encarcelados y forzar testimonios favorables. El abogado Diego Cadena, procesado en paralelo, ofreció beneficios penitenciarios a cambio de versiones que exculparan a Uribe o comprometieran a Cepeda.
Durante la lectura del fallo, la jueza Sandra Heredia desmontó la coartada de la defensa y explicó el rol de cada implicado: “Diego Cadena se dedicó a encadenar personas, acciones y delitos, forjando un entramado delictivo con un propósito claro: proteger la identidad del verdadero instigador”. En su valoración, ese instigador fue Uribe. Lo calificó como “el hombre más poderoso del país”, mientras describió a Cadena como un abogado ambicioso que buscó escalar gracias a su cercanía con el expresidente.
Varias decenas de personas se acercaron hasta los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, desde primera hora del lunes. El ambiente osciló entre el aplauso, la protesta y la incertidumbre. Seguidores del expresidente portaron pancartas, ondearon banderas nacionales y corearon lemas de apoyo, mientras un grupo de opositores exigió justicia con carteles que recordaban sus presuntos vínculos con los paramilitares. Algunos manifestantes se cubrieron el rostro con caretas con la imagen de Uribe, símbolo ya habitual en los actos de su entorno más fiel.
La Policía Nacional custodió la zona con un dispositivo discreto pero constante. Aunque no se registraron incidentes de gravedad, varios medios locales captaron momentos de tensión verbal entre los dos grupos, especialmente durante la lectura del fallo, que se retransmitió en directo.
El abogado Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe, confirmó de inmediato que acudirán al Tribunal Superior de Bogotá y, si lo consideran necesario, a la Corte Suprema. “La presunción de inocencia permanece intacta. Vamos a combatir este fallo con todos los recursos legales”, afirmó su equipo. Durante la vista, el abogado Juan Felipe Amaya recalcó: “Esto no termina aquí. Vamos a demostrar que esta decisión, aunque la respetamos, es errónea”.
Petro denuncia presiones
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este lunes la actuación de la jueza Sandra Heredia y pidió que se respete el fallo condenatorio contra el expresidente Uribe. “Simpatizantes o no del expresidente Uribe deben respetar esa justicia. Lo demás es bestialidad. Y Colombia debe ser sabia”, escribió en su cuenta de X.
El jefe del Estado insistió en que su Gobierno no ha interferido en ningún momento en el proceso judicial: “No perseguimos a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas, no presionamos a la justicia, que es completamente independiente”, recalcó. “Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”.
Petro también arremetió con dureza contra algunos medios de comunicación que, según él, intentaron influir en la decisión judicial: “Una parte de la prensa ha tenido una labor terrible en estos días. Presionar a la jueza para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazarla como hacen las mafias”.
A su juicio, este tipo de comportamientos dañan la convivencia democrática: “Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos”, lamentó. En su mensaje, advirtió de que la independencia del poder judicial es una garantía esencial para la paz: “Es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia. No la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia”.
El uribismo reacciona con furia y EE.UU. presiona
La condena al expresidente ha reavivado las tensiones políticas dentro y fuera de Colombia. El expresidente Iván Duque, su delfín político y sucesor directo, expresó su respaldo sin reservas: “Álvaro Uribe Vélez no está solo. Somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia a lo largo de todo este proceso lleno de irregularidades y de infamias”, escribió en X.
También el expresidente Andrés Pastrana se pronunció, aunque con un tono más institucional: “Los argumentos expuestos por la señora jueza son discutibles, pero hay que respetarlos, porque en esta hora de incertidumbre y de crisis, la única alternativa sensata y seria que tiene la democracia colombiana es defender la estabilidad de sus instituciones”.
Desde Estados Unidos, varios aliados del expresidente han elevado el tono. El senador Marco Rubio acusó a la magistratura colombiana de actuar con sesgo ideológico: “El único ‘delito’ del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado ahora un preocupante precedente”.
En paralelo, el congresista Mario Díaz-Balart ha propuesto recortar parte de la ayuda no militar destinada a Colombia el próximo año. En una nota difundida por el Banco de Bogotá, la entidad advirtió de que “una decisión contra el expresidente podría generar algún tipo de represalia por parte del Gobierno de Estados Unidos”.
Con esta condena en primera instancia, Uribe se suma a una larga lista de expresidentes latinoamericanos que han enfrentado causas judiciales, entre ellos Alberto Fujimori, Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner o Ricardo Martinelli. En su caso, sin embargo, el desenlace sigue abierto. La pena se conocerá el viernes, pero el recorrido judicial aún puede alargarse durante años.
