El empresario Antxon Alonso ha declarado este lunes ante el juez del Tribunal Supremo que le investiga que Santos Cerdán nunca ha participado en Servinabar 2000, sociedad en el centro de la investigación por corrupción. Según fuentes jurídicas, Alonso ha coincidido en la versión que Cerdán ofreció durante su declaración respecto a que el contrato encontrado por la UCO en casa del empresario era “un borrador” que nunca se llevó a efecto porque el político se echó atrás.
El pasado 10 de junio, agentes de la UCO encontraron un contrato privado de compraventa por el que Alonso cedía 1.350 participaciones sociales a Cerdán de las 3.000 que tenía Servinabar 2000. Se trataba de una “escritura privada”, según escribió la Guardia Civil en el acta de registro. Cerdán dijo al juez que el PSN había registrado en 2015 el peor resultado de la historia y que se había planteado dejar la política, pero que después de una conversación con su mujer se echó atrás y rompió el contrato.
Este lunes Antxon Alonso ha repetido esa versión y ha añadido que él, en lugar de romper el papel, lo guardó en un lugar donde acumula documentos de veinte años y que fue allí donde lo encontraron los agentes de la UCO. En este sentido, Alonso ha insistido en que él es el único dueño de la compañía. Alonso ha confirmado también la versión de Cerdán de que ambos pagaron a medias un pequeño piso en Madrid cuando el político navarro se convirtió en secretario de Coordinación Territorial del PSOE, en 2017.
Antxon Alonso ha reducido los pagos a la fundación vinculada a Ábalos a uno solo de 4472,33 euros y ha negado que estos fueran recurrentes, como apuntaba la Guardia Civil. Ha asegurado que lo hizo para desgravarse igual que ha hecho con ONG como Save the Children o un equipo de fútbol femenino.
Durante su comparecencia, el empresario ha respondido únicamente a su defensa para negar que él o su sociedad hayan participado en el pago de mordidas para obtener adjudicaciones.
Antxon Alonso ha dicho que la fórmula de la UTE con una gran empresa es “cómoda” y que de los 20 concursos a los que aspiró con Acciona solo obtuvo cinco. Servinabar, ha añadido, se encargaba de la prevención de riesgos laborales. El empresario ha afirmado que ninguna de las adjudicaciones que investiga la UCO corresponden a su colaboración con Acciona.
Alonso se ha referido, por otra parte, al proyecto Mina Muga, para el que creó Servinabar en 2015, y del que la Guardia Civil dice que supone el arranque de la trama. “Me parece un despropósito. Desde su origen es un proyecto privado”, ha dicho Alonso.
De otro lado, Antxon Alonso ha sido preguntado por su abogado por la relación con el también investigado Koldo García. Ha dicho que era “profesional”. “Trabajó conmigo nueve meses”, ha explicado Alonso. García estaba dado de alta como autónomo y si le traía negocios de obra, cobraba un sueldo mensual.
Antxon Alonso se ha desvinculado igualmente del apodo “Gipuchi” que la Guardia Civil considera que le atribuye Koldo García en los mensajes incautados. El empresario ha recalcado que él es de Bizkaia. “El atestado hace menciones que no reconozco”, ha añadido. Koldo García llega a decir en una grabación con Ábalos que “el guipuzcoano” le daba billetes de 500 euros a Cerdán.
El exdirectivo de Acciona
Por su parte, Fernando Merino, ex directivo de Acciona, ha negado el pago de mordidas a cambio de las adjudicaciones de obra concedidas y ha desvinculado su salida de la constructora de estos hechos. Ha asegurado que en 2019 sufrió un infarto y que fue destinado a un par de obras en Andalucía antes de abandonar la empresa de acuerdo con sus responsables.
Durante su etapa en Navarra y La Rioja, ha dicho Merino, él reportaba a un superior de Acciona, el responsable de la zona norte. Su responsabildiad era “técnica” y no podía decidir a qué obras se presentaba la constructora, ha asegurado Merino.
Además, Merino ha reducido su relación con Santos Cerdán a que lo conoció cuando llegó destinado a la zona y se dedicó a visitar a todos los agentes sociales y políticos de la zona. Por ello ha negado una cena con el político socialista que se cita en el informe de la UCO. Merino ha contestado a preguntas del juez, el fiscal y su abogado.
En su comparecencia, el exdirectivo de Acciona ha reconocido que su empresa formó una UTE con Servinabar, que era su “socio local” y que en casos como la construcción del Navarra Arena solo aportó “un técnico de riesgos laborales”, ya que Acciona podía hacer esas obras “sola”. “En el 99% de las obras vamos siempre con un socio local”, ha explicado, una norma no escrita pero que “siempre se hace, es una condición necesaria” para que una empresa “nacional” obtenga contratos en Navarra o el País Vasco. “Es una norma no escrita”, ha añadido.
Sobre su relación con Koldo García, ha negado haberle pagado algún tipo de comisión a cambio de engrasar adjudicaciones públicas, pero sí ha reconocido que en algunas obras trabajó para ellos a través de Geoalcali. Ha reconocido que pidió información al exasesor de José Luis Ábalos sobre un expediente de una obra que afectaba a OPR, otra de las empresas investigadas. “OPR estaba muy preocupado y yo hice la consulta”, ha dicho. A eso se refería cuando le solicitó “un empujoncito”, según recogen los mensajes.
La UCO describe como un método de pago en dinero negro de la trama las facturas emitidas por el bar Franky en Pamplona. Acciona llegó a pagar facturas de más de 2.700 euros, pero Merino asegura que el local tiene un reservado donde organizaban comidas de trabajo, que fueron reales y que a eso responden los pagos.
Sobre un papel con anotaciones sobre nombramientos en el Ministerio de Tranpsortes, que la Guardia Civil acredita que Koldo García le envió al ex directivo de Acciona, este ha dicho que si se lo envió sería “por error”.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para ambos empresarios la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado. El juez Puente decidirá a lo largo de la mañana sobre esas medidas cautelares.
