El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano del Consejo de Europa, ha admitido a trámite una denuncia contra España por el ingreso mínimo vital, la renta mínima contra la pobreza a nivel estatal, presentada por la ONG ATD Cuarto Mundo. Entre otras cuestiones, el comité vigilante del cumplimiento de la Carta Social Europea, comprobará si las devoluciones que exige la Seguridad Social, y que han criticado instituciones como el Defensor del Pueblo, cumplen con la legalidad comunitaria.
La admisión a trámite del Comité Europeo del Consejo de Europa fue adoptada en una reunión plenaria el pasado 15 de mayo, pero se ha hecho pública este 16 de junio. “El Gobierno no presentó ninguna observación sobre la admisibilidad de la reclamación”, recoge la decisión del órgano con sede en Luxemburgo.
Tras los hechos y argumentos expuestos en la reclamación colectiva de la ONG, el Comité Europeo de Derechos Sociales analizarán si el ingreso mínimo vital (IMV) cumple con los artículos: 13 (derecho a la asistencia social y médica), 15 (derecho de las personas con discapacidad a la independencia, la integración social y la participación en la vida de la comunidad), 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), 17 (derecho de los niños y los jóvenes a la protección social, jurídica y económica), 30 (derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social), 31 (derecho a la vivienda) y E (no discriminación).
“El Comité considera que las cuestiones objeto de la reclamación entran en el ámbito material de las disposiciones de la Carta invocadas y que la reclamación se refiere con suficiente precisión a disposiciones jurídicas nacionales específicas”, recoge la decisión, por lo que estima la denuncia de la ONG y abre un procedimiento contra España, que deberá justificar que la renta mínima estatal que acaba de cumplir cinco años garantiza los derechos europeos invocados.
Medidas cautelares por las devoluciones con un voto discrepante
La ONG Cuarto Mundo había pedido medidas cautelares al órgano europeo, por ejemplo en referencia a las devoluciones del IMV, de un total de 500 millones de euros desde su puesta en marcha hasta julio del año pasado, que denuncian que atentan contra los derechos de las personas más vulnerables. El Comité consideró que “la solicitud no establecía una situación tangible en la que las personas afectadas por la reclamación se enfrentaran a un riesgo de perjuicio o daño irreparable grave”, tal como exige el artículo 36.1 del Reglamento, por lo que decidió por 14 votos contra 1, que no era necesario instar a ninguna medida cautelar inmediata al Gobierno español.
El voto discrepante es de la catedrática de Derecho del Trabajo Carmen Salcedo Beltrán, la especialista española del Comité, que considera que los hechos y alegaciones de ATD Cuarto Mundo, entre ellas varias sentencias sobre devoluciones de ingreso mínimo vital, “demuestran que, a menos que se suspendan los procedimientos de reembolso, el perjuicio sufrido por los beneficiarios que viven en la pobreza será irreparable”.
“No es necesario un gran esfuerzo de interpretación para entender que si no se suspenden los procedimientos de reclamación de devoluciones, las personas afectadas, que viven en la pobreza, sufrirán un daño irreparable porque no podrán cubrir sus necesidades esenciales”, argumenta la magistrada, que critica que el Gobierno no haya respondido a la reclamación y que el Comité exija más concreción sobre el alcance de estas devoluciones a la ONG reclamante. “Teniendo en cuenta el contexto de la denuncia, deberían haberse indicado medidas inmediatas. Se trata de un caso en el que está en juego la dignidad humana”, indica la magistrada en su voto contrario.
El Gobierno tiene hasta el 14 de agosto para responder
El Comité Europeo de Derechos Sociales invita al Gobierno español a presentar alegaciones por escrito sobre el fondo de la reclamación antes del 14 de agosto de 2025. Tienen el mismo plazo para presentar observaciones las organizaciones de empresarios y de trabajadores, recuerda el órgano.
ATD Cuarto Mundo valora la admisión a trámite de la reclamación colectiva “como un éxito de la movilización social contra la ley del Ingreso Mínimo Vital y que, además, pone en entredicho la campaña triunfalista de los últimos días del Gobierno con motivo del quinto aniversario de la publicación de la ley”, destaca la ONG en un comunicado.
La organización exige además al Ejecutivo que, a la luz de esta admisión, “reconsidere su política de cobros indebidos de la que son conocedores, tanto del volumen, como por la gravedad para las personas que viven en situación de pobreza de la que somos a diario testigos del daño irreparable que se les está infligiendo”.
La ONG apunta que “este es el primer paso”, que inicia un proceso largo contra España, en el que transcurrirán meses hasta que haya una decisión del Comité. “Antes de que esto suceda, seguiremos apelando a su responsabilidad de cambio de ley que ponga en el centro la lucha contra la pobreza y no contra las personas que la padecen”, piden al Gobierno.
