La mayoría de la investidura ha aprobado este jueves enviar a al Pleno el dictamen de la reforma del reglamento del Congreso para incorporar sanciones a los periodistas acreditados que incumplan las normas de convivencia de la Cámara, con el objetivo de censurar los comportamientos de los agitadores de extrema derecha que habitualmente boicotean las ruedas de prensa, señalan a redactores de medios de comunicación, graban sin permiso en los pasillos y acosan a los diputados de izquierda.
La reforma del reglamento ha recibido luz verde en la sesión de la comisión de este jueves, con 23 votos a favor y 22 en contra. Han votado en contra únicamente el PP, Vox y el diputado de Unión del Pueblo Navarro.
La propuesta distingue entre distintos tipos de infracciones. El régimen sancionador detalla que las infracciones leves se sancionarán con un apercibimiento y, en su caso, una suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles. Que las infracciones graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre diez días y tres meses. Y que las infracciones muy graves conllevarán una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial.
Entre esas infracciones estipuladas como muy graves están la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo. “Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma”, se señala.
También serán infracciones muy graves “la grabación de imágenes o audios mediante el uso de dispositivos ocultos o en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos parlamentarios y la grabación de imágenes o sonidos sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas”.
Esta misma semana, los letrados del Congreso avalaron con algunas precisiones la proposición de reforma que abordan los grupos de la investidura. Alertaron de que la creación de este tipo de sanciones puede limitar “el derecho a la libertad de información”, por lo que piden valorar “si concurren requisitos para su legitimidad”. Y a visan de que la falta de precisión en las sanciones puede generar “inseguridad jurídica”.
