Egipto deporta a al menos 9 miembros de la delegación española de la Marcha a Gaza

El bloqueo israelí de ayuda humanitaria a Gaza supone un duro golpe para la población palestina, que además de afrontar las sucesivas ofensivas de Israel, también tienen que enfrentar la escasez e incluso la falta de productos básicos, como la comida, los medicamentos o el agua. Junto a ellos, las organizaciones y grupos humanitarios también se ven afectados, pues aunque tratan de introducir algunos suministros, se ven frenados por las autoridades proisraelíes, que o bien les atacan o bien les impiden hacer su labor.

Es el caso de Marcha Global a Gaza, de donde al menos nueve participantes de la delegación española han sido deportados, informaron este jueves los organizadores, que señalan que había más de 200 personas en el grupo. Según recoge EFE, primero fueron «retenidos en el aeropuerto» 22 miembros, mientras que otros 4 fueron desplazados «desde el hotel en vehículos policiales». Después, procedieron a la deportación de al menos nueve personas.

El incidente llegó hasta el cónsul de la Embajada de España en El Cairo, el cual se desplazó hasta el aeropuerto junto con su ayudante, afirman los organizadores, facilitando que «las restantes 17 personas fueran liberadas». De hecho, «ya están con el resto del grupo de la Marcha». 

«Más de 200 participantes a nivel global fueron retenidos en el aeropuerto, con deportaciones y posteriormente se liberó al resto por intervención consular de varios países», señala la delegación de Egipto, que afirman que a lo largo de la jornada irán llegando más participantes hasta completar las 4.000 personas previstas. 

Según confirmaron a EFE fuentes de seguridad de Egipto ya han comenzado las deportaciones de aquellos activistas que han intentado entrar en el país para participar en la marcha, incluso en casos que tenían visados válidos o que se encuentren ya en el territorio. 

Cabe destacar, tal y como advirtió la Embajada española en El Cairo, que la marcha no cuenta con autorización y que acudir a una manifestación en este país sin contar con el debido aval supone una «infracción punible».