No todo vale para reunir pruebas contra los trabajadores a través de detectives, una práctica en aumento por parte de las empresas. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya ha declarado nulo el despido disciplinario de una trabajadora de un centro de estética a la que su empresa echó por haber realizado una manicura en un bar estando de baja médica, según probó un detective. Los magistrados han revocado la primera sentencia, que respaldó el despido, al declarar la prueba “ilícita”, ya que los hechos fueron provocados por el propio investigador.
La empleada realizaba manicuras y pedicuras en un centro de estética e inició una baja médica en febrero de 2024 por “dolor, articulación no especificada”. “La trabajadora refiere dolor en la mano izquierda y en la espalda, habiéndole recomendado el médico reposo y rehabilitación personal con ejercicios sencillos”, recogen los hechos probados. En junio, la empresa la despide por la vía disciplinaria por haber cometido “una falta muy grave consistente en la transgresión de la buena fe contractual y simulación de enfermedad”.
La carta de despido contempla que, “ante las sospechas” de la empresa sobre la simulación de su baja, “le estuvo haciendo seguimiento a través de una empresa de detectives”. La compañía indica que el informe del investigador constató que la trabajadora acudía cada mañana a un bar “donde pasaba gran parte de su tiempo” y que el 13 de junio “realizó un tratamiento de manicura a una persona que fue acompañada” por la empresa de detectives.
El detective no puede inducir los hechos
Aunque el despido fue declarado procedente en primera instancia, los magistrados del TSJ de Catalunya revocan esta sentencia, al considerar que no se pueden tener en cuenta los hechos aportados por el informe del detective. “Ciertamente, la prueba es ilícita”, sostienen los jueces, “porque el comportamiento transgresor de la buena fe imputado a la actora fue inducido o provocado por el detective”. Como consta en la propia carta de despido, el servicio de manicura que prestó la trabajadora lo realizó a una colaboradora del detective, amiga de este, que le ayudó para documentar esta práctica por parte de la investigada.
Los magistrados se remiten al criterio del Tribunal Supremo, plasmado en una sentencia de 2017, que consideró ilícita una actuación provocada por un detective, práctica que “viene a ser –salvando las distancias– lo que en vía penal se califica de ‘delito provocado’” y a la que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como la Jurisprudencia penal española “niegan todo valor, salvo que se acreditase –que no es el caso en autos– que simplemente con la actuación ‘se ha hecho aflorar algo previamente existente e independiente de la referida actuación”, argumentó entonces el alto tribunal.
“Un detective debe acreditar hechos, no crear hechos. Es la gran diferencia”, explica Jaume Cortés, socio y abogado laboralista de la cooperativa Colectivo Ronda, especializado en casos de accidentes de trabajo y bajas laborales. “Una empresa no puede utilizar un detective para poner dinero en la mesa de un empleado, a ver si pica y lo coge. Este tipo de cosas no se pueden hacer”, indica a modo de ejemplo el abogado, que advierte de que los hechos constatados a través de estas prácticas son rechazadas judicialmente como “pruebas ilícitas”.
Es lo que ha sucedido en este caso. “En consecuencia, estos hechos obtenidos a través de una prueba ilícita no pueden ser tenidos en consideración”, concluye el TSJ catalán. Por ello, los magistrados vinculan el despido a la situación de baja médica de la trabajadora, que consideran por tanto discriminatorio y nulo, con derecho a una indemnización por daños de 7.501 euros.
Además, la justicia ha ido delimitando más límites a las pesquisas de los detectives contra los trabajadores, como la sentencia del Supremo de 2023 que rechazó las pruebas recabadas contra un empleado en el jardín de su casa. “Los detectives privados no pueden investigar lo que transcurra en los domicilios u otros lugares reservados de las personas”, zanjaron los jueces. “El domicilio, aunque sea un exterior como una terraza o un jardín, quedan en el ámbito de la intimidad de los trabajadores”, confirma Cortés, sin que puedan ser investigados por las compañías.
Detectives “en auge”, sobre todo para controlar bajas
El abogado del Colectivo Ronda sostiene que “los detectives están en auge en lo laboral”. Esta figura ya se utilizaba más en la jurisdicción penal, sobre todo en los casos sobre bajas médicas, y ha ido en aumento en los últimos años. En 2024, las mutuas gastaron 3,6 millones de euros en contratar detectives privados para vigilar a trabajadores de baja, según una investigación de El Periódico.
“En muchos casos, los detectives no demuestran una baja fraudulenta”, explica Jaume Cortés a partir de su experiencia en los tribunales, ya que los investigadores plasman a los trabajadores “saliendo de casa, paseando al perro o cargando las bolsas de la compra”, prácticas que en muchos casos no son incompatibles con una incapacidad temporal. Por ejemplo, en otro caso, una limpiadora de hotel (kelly) seguida por un detective ganó a la mutua en los tribunales, que resolvieron que no competió fraude al conducir o cargar bolsas durante una baja laboral.
Desde Colectivo Ronda están explorando trabajar con detectives en favor de los trabajadores, cuenta Cortés, ya que hasta ahora solo los están utilizando las empresas “para incriminarles”. Por ejemplo, para investigar accidentes de trabajo u otro tipo de infracciones laborales. “Al igual que pasó con los peritos, que solo los utilizaban las empresas, los empezamos a utilizar también los bufetes para defender a los trabajadores y ahora son algo muy habitual”, explica el laboralista.
