Demasiado para Defensa y muy poco para Vivienda. Esta es la percepción que la población tiene sobre el empleo que las diferentes administraciones públicas hacen del dinero que se recauda con los impuestos, según los últimos datos de la encuesta sobre Opinión Pública y Política Fiscal, que publica cada año el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La respuesta de los y las encuestadas marca dos temas que han copado la agenda pública en los últimos meses: el aumento del gasto en defensa y la necesidad de paliar la crisis residencial que adolece el país.
El 84,5% de los ciudadanos considera que las administraciones públicas destinan “muy pocos” recursos para atajar el principal quebradero de cabeza de los ciudadanos. La vivienda lleva meses ocupando la primera posición de las preocupaciones de la ciudadanía y, según los últimos datos, es la partida que sufre mayor carencia presupuestaria a ojos de la opinión pública, por encima de la inversión en ciencia (80%) o la sanidad (77,1%). Como muestra el siguiente gráfico es, además, la cuenta que tiene un porcentaje más bajo de personas que consideran que se destina “lo necesario”. Solo el 1,9% cree que se invierte “demasiado”.
Al otro lado de la lista se encuentra el epígrafe ‘defensa’, a lo que el 23,6% de la población cree que se destinan “demasiados recursos”. Es la respuesta más abultada en este sentido, casi 10 puntos por encima de la protección al empleo (14%). Al otro lado, el 36% de los encuestados considera que se dedican muy pocos recursos, el porcentaje más bajo de la tabla de servicios.
“La ciudadanía no estaría respondiendo desde un análisis objetivo sobre si se gasta mucho o poco, sino desde sus propias prioridades o preocupaciones”, analiza la exdirectora del CIS y CEO de la encuestadora 40db Belén Barreiro. Para la experta, “lo que nos dicen los datos es que la sociedad quiere que el Estado centre más esfuerzos en vivienda y menos en defensa”.
La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas no habla de datos concretos, sino de percepciones. No sirve para aseverar si se dedica mucho o poco a defensa, a vivienda, a educación o a sanidad, pero sí la idea que tienen los españoles y las españolas sobre el uso que se da a sus impuestos. “¿Qué es real? La opinión es realidad y la realidad es opinión. Lo real es lo que dice la gente”, valora el politólogo y director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, Oriol Bartomeus, que considera que, en este tipo de encuestas, “la tendencia normal es que la gente responda que se dedica poco dinero a la vivienda, la sanidad, la educación…”.
En el caso de la vivienda, la evolución ha sido llamativa en el último lustro. En ningún momento la mayoría de la población consideró que se destinase muchos recursos, pero en 2020, era el 60% quien respondía que se destinaba “muy poco”. Hace un año, era el 80%. Este mes de julio, más del 84%. “La vivienda es el asunto central en la agenda política en los últimos meses, así que no es extraño que aparezca como ‘el tema’ en la encuesta”, razona Bartomeus, máxime en un año en el que miles de personas han salido a la calle en diferentes comunidades autónomas para reclamar soluciones reales al problema habitacional.
Más allá de priorizar, 18 de cada 100 ciudadanos están dispuestos a pagar más impuestos a cambio de mejores servicios públicos, frente a los cuatro que prefieren pagar menos a costa de la merma de la sanidad, la educación o las ayudas a la dependencia, entre otras. Son los dos extremos de una escala en la que, el 30% de la población se sitúa en el punto medio.
Aunque para la población no es suficiente, como muestra el propio CIS, pero también otros indicados del esfuerzo para pagar una vivienda, como los del Banco de España, la realidad de un millón y medio de hogares obligados a destinar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la de miles de jóvenes incapaces de emanciparse o haciéndolo en condiciones precarias, la inversión en vivienda ha aumentado notablemente en los últimos años. En 2017, los Presupuestos Generales del Estado destinaron 474 millones de euros. En 2023, los últimos aprobados, fueron 997, aunque ha habido inyecciones milmillonarias a costa de los fondos europeos de recuperación.
A estas inversiones en vivienda por parte del Estado central se suma lo que dedican las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Estas son quienes tienen, de facto, el grueso de las competencias en esta materia. Algo que no ocurre con Defensa, competencia exclusiva del Ejecutivo. En ese sentido, según el Informe sobre la Clasificación de las Funciones de las Administraciones Públicas (Cofog), el gasto para esta partida aumentó entre 2019 y 2023 en un 32,7%, hasta los 13.987 millones. El Centre Delàs, que aplica los criterios establecidos por la OTAN, estimó que España dedicará este 2025 un total de 40.457 millones de euros.
La encuesta del CIS se realizó entre los días 7 y 16 de julio, apenas un par de semanas después de la cumbre de la OTAN, en la que el Gobierno español se resistió a comprometerse a disparar el gasto militar hasta el 5%. Una “excepción” frente al resto de aliados que desató las críticas del presidente de Estados Unidos. Donald Trump llegó a amenazar a España con “hacer que pague el doble”.
“Normalmente, no contestamos a la literalidad de lo que se nos pregunta, sino que hacemos asociaciones”, indica Bartomeus. Por ejemplo, ante una pregunta sobre el gasto en defensa en pleno debate en el seno de la OTAN con Estados Unidos exigiendo a sus socios que paguen más, la asociación es clara: “Si estás en contra de Trump, dices que menos; si estás a favor, dices más”, apunta el politólogo. En este sentido, sin embargo, considera que “la polémica del 5% no ha afectado especialmente”, porque el porcentaje de personas que considera que se destina “demasiado” a este punto es prácticamente similar al que lo hacía en 2024 y, de hecho, más bajo que en los años anteriores, en el entorno del 30%.
En este sentido, Bartomeus señala que España es un país “con una raíz antimilitarista que se asocia también con un antinorteamericanismo que, históricamente, había sido tanto de izquierdas como de derechas” y que, actualmente, tiene una base de “recuerdo” en factores como la mili o la objeción de conciencia. Un hecho que convive, explica, con que tradicionalmente, “los ministros de Defensa, Interior o ambos han sido de los mejor valorados”. “Somos un país de orden”, considera.
Y un país que considera que la seguridad ciudadana funciona “muy o bastante satisfactoriamente”. Es el segundo servicio público con el que más contentos están los ciudadanos, solo por detrás del transporte público, y por delante de otros como las pensiones, la enseñanza o la asistencia sanitaria. “Es un dato a tener en cuenta, porque rompe los discursos alarmistas respecto a la seguridad y muestra que la población es más sensata que lo que sugieren algunos mensajes y actos”, considera el experto.
