“Ha podido haber compañeros que han usado al partido y al Gobierno para enriquecerse”, argumentó la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, tras conocerse la imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a sus principales colaboradores en el Ministerio y un grupo de directivos y empresas. Muñoz trataba de rebajar el profundo peso de Montoro en el Partido Popular y cómo ha sido una persona fundamental durante años en el diseño de la política económica de España.
Montoro no es un compañero más del PP: este doctor en Ciencias Económicas por la Autónoma de Madrid y catedrático de Hacienda Pública por la Universidad de Cantabria ha sido durante cuatro años secretario de Estado de Economía y ministro de Hacienda durante algo más de una década en varias legislaturas diferentes. Sus decisiones como secretario de Estado y ministro en los Ejecutivos de José María Aznar y Mariano Rajoy han marcado la historia económica de nuestro país. De hecho, el propio Montoro se vanagloriaba en público de haber participado en la elaboración de 15 Presupuestos Generales del Estado, aunque alguno se lo tuvo que tragar por no contar con apoyos suficientes para sacarlo adelante.
Pero además Montoro ha sido un ejemplo claro de cómo utilizar las instituciones públicas para tratar de doblegar al adversario político, tanto de otras ideologías como en la pugna interna, ya sea amenazando con sacar a la luz información confidencial de la Agencia Tributaria, con el BOE como arma arrojadiza o utilizando la palanca de los Presupuestos Generales del Estado. Montoro siempre ha sido un animal político, que asume la política como “una vocación que no te abandona nunca”.
Aunque algunos lo encuadran en su etapa en el sector privado, Montoro ya empezó a hacer política como director de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de patronal española, con una acérrima defensa de la libertad de empresa. Fue José Folgado, entonces director de Economía de la CEOE quien le presentaría a José María Aznar, que le fichó a principios de los 90 para dar empaque al argumentario económico de la formación conservadora.
Con la victoria de Aznar en 1996, fue nombrado secretario de Estado de Economía en el Ministerio de Rodrigo Rato. Aunque el papel político lo ejerció Rato, Montoro jugo un rol técnico especialmente relevante en el diseño y la coordinación de la arquitectura de privatizaciones (Telefónica, Repsol, Endesa, Tabacalera, Iberia y Argentaria, que se fusionaría con BBVA) que puso en marcha el Ejecutivo Aznar.
Su defensa a ultranza de la reducción del déficit público y la estabilización fiscal, así como su exitoso cometido en la supervisión de las privatizaciones hicieron que Aznar le premiara nombrándole ministro de Hacienda en la segunda legislatura. Con las políticas tributarias de Montoro tendentes a rebajas fiscales, desregulaciones, privatizaciones y reducción del déficit y la deuda pública, Aznar veía hecha realidad la “revolución silenciosa”, el programa de reformas económicas que entendía necesario para facilitar la entrada de España en la Unión Europea y la adopción del euro. De los protagonistas de aquel supuesto “milagro económico”, Rato acabó mal, Montoro está imputado.
La llegada de los socialistas al poder lo llevan a pasar por el Parlamento Europeo y posteriormente a crear el despacho que ahora le ha llevado como investigado a un tribunal de Tarragona.
Con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, Montoro vuelve a ser el encargado de gestionar la cartera de Hacienda. Estamos a finales de diciembre de 2011 y España está inmersa en una de las peores crisis económicas de su historia. Aunque como diputado en la oposición al Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero llegó a espetar en el Congreso, “¡Pandilla de inútiles, estáis arruinando España!”, una de las primeras leyes que aprobó fue la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para asentar la reforma del artículo 135 de la Constitución, perpetrado por Rodríguez Zapatero, que instauraría la agenda de la austeridad en España y permitiría a Montoro presionar o dar cancha a Comunidades Autónomas o ayuntamientos con su financiación, según conviniera.
La obsesión por controlar el gasto se convirtió en su bandera. En un debate parlamentario le soltó a la oposición: “Venimos de una crisis por borrachera de gasto público y algunos se quieren ir de copas para celebrarlo”. Su negativa, frente a otros miembros del Ejecutivo, como Luis de Guindos, de evitar un rescate de las cuentas de España por parte de Bruselas le otorgó ante Rajoy un poder que no dudó en ejercer.
Además de la gestión política, Montoro ejercía su poder con la información a la que tenía acceso en la Agencia Tributaria. Otro de sus engendros legislativos fue la amnistía fiscal aprobada en 2012, que posteriormente fue tumbada por el Tribunal Constitucional. La medida fue ampliamente criticada en los medios de comunicación tras su aprobación, al igual que la política de recortes o la mayor subida de impuestos de la democracia. La respuesta de Montoro fue ejercer su poder mediante amenazas con los datos fiscales de los periodistas que firmaban las informaciones, ya fueran de medios de derechas o progresistas.
De la amnistía fiscal se benefició hasta Luis Barcenas, ex tesorero del PP que acabó en la cárcel por las corruptelas del partido. Curiosamente, ahora se ha sabido que entonces Hacienda intercedió a favor del Partido Popular en el caso más grave de corrupción que ha afectado a la formación, el de su caja B.
Especial inquina ejerció Montoro contra el sector cultural. Desde eliminar las partidas de los premios nacionales a subir el IVA cultural al 21% o cambiar los sistemas de retribución de los actores. Tampoco tuvo reparos para lanzar sus amenazas en el Congreso contra el gremio: “No nos ha hecho falta un Depardieu, porque alguno de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España. El día que paguen, las bases imponibles serán más amplias”, remachó tras una pregunta parlamentaria sobre lucha contra el fraude.
Con las comunidades autónomas utilizaba el palo y la zanahoria: retrasaba las entregas a cuenta a los gobiernos autonómicos o vinculaba la renovación del sistema de financiación autonómico a recibir apoyo de los presupuestos. A la hora de negociar el techo de gasto y los objetivos de déficit imponía sus cifras a las autonomías, a las que obligaba a cumplir unas reglas que la propia Administración General del Estado, que él gestionaba, era incapaz de ejecutar. Nunca llegó a cumplir con el objetivo de déficit que le impuso Bruselas.
El control llegaba a un nivel que incluso a las autonomías que cumplían con el déficit les mandaba cartas de apercibimiento por subir el gasto. Así ocurrió en 2017 con Andalucía (PSOE), Galicia (PP), País Vasco (PNV), Canarias (Coalición Canaria) y Murcia (PP). Tras los Consejos de Política Fiscal y Financiera, los barones socialistas le acusaban de forzar unas medidas “demoledoras para el Estado del bienestar, ofensivas para los ciudadanos e indecentes para las autonomías”. La mayoría de barones del PP optaban por un discreto y preventivo silencio.
También actuó con especial saña con el Ayuntamiento de Madrid. Aunque la alcaldesa Manuela Carmena consiguió revertir los números rojos del consistorio tras una gestión nefasta de Ana Botella, una desviación de gasto de 230 millones le sirvió a Montoro para intervenir las cuentas del Ayuntamiento, aunque había un superávit de 1.000 millones. Fue una maniobra claramente política para desestabilizar a la confluencia de izquierdas que gobernaba el ayuntamiento madrileño. Este periódico publicó en exclusiva cómo Hacienda permitió saltarse “excepcionalmente” las reglas presupuestarias a Jaén, gobernada por el PP.
Especialmente contundente fue su actuación con la Generalitat de Cataluña. Además de los corsés presupuestarios que sufrían todas las comunidades, Montoro decidió proceder a la intervención pública de las cuentas de la Administración catalana para evitar que se dedicara dinero público a la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre. La consulta tuvo lugar, sin más repercusión, pero la actuación del ministro de Hacienda fue el paso preceptivo para aplicar posteriormente el artículo 155 de la Constitución, con la intervención de la autonomía de Cataluña, la destitución del president Carles Puigdemont y su gobierno y la convocatoria de elecciones.
Ni siquiera con la gente de su partido tuvo recato para ejercer su poder que le permitía conocer las cuentas de cada español. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, se había convertido en un dolor constante para el presidente Rajoy. Aguirre, que perdió la posibilidad de presidir el partido en el Congreso del PP de 2008, no tenía reparos para criticar duramente algunas medidas como la subida de impuestos o la política penitenciaria a presos de ETA. Aguirre asegura que en 2015 denunció a la Fiscalía la filtración de su declaración de la renta, que atribuye al exministro: “Tenía, no voy a decir la certeza, pero la cuasicerteza de que había sido el señor Montoro”.
Frente a estos grupos a los que se enfrentó sin fisuras, trataba de tener contentos a las grandes corporaciones. Una de las medidas que aprobó fue permitir que en sus balances las compañías pudieran tener cientos de millones de euros en activos por impuestos diferidos mediante créditos fiscales procedentes de pérdidas originadas en la crisis, con los que reducían el pago del impuesto de sociedades en el futuro. De hecho, tanto el IRPF como el IVA recuperaron bajo su mandato el nivel recaudatorio previo a la crisis, sin embargo, el Impuesto de Sociedades se mantuvo muy por debajo durante sus años de legislatura.
Montoro es parte de la historia económica de España. Su frase “que caiga España, ya la levantaremos nosotros” es prueba de un concepto propio de ejercer el poder político. Es difícil tratar de hacer pasar como un simple compañero a Cristóbal Montoro, el político que más tiempo ha sido ministro de Hacienda en la historia de la democracia española.
