«Han hecho falta décadas para conseguir las libertades que tenemos hoy, pero todos sabemos que perderlas puede llevar apenas un momento. Por eso siempre debemos estar vigilantes». Habla la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. Es el 27 noviembre 2024 y el Parlamento comunitario está a punto de avalar a su nuevo Ejecutivo. Entonces prometió estar vigilante y ser la guardiana «de nuestros valores y principios». «Se los debemos a nuestros luchadores por la libertad», enfatizó.
A la alemana le toca despertar y reconocer la amenaza que tiene en uno de los principales flancos de libertad que existen: el de la libre elección de con quién estamos y a quién queremos. Porque las cosas, en esa Europa que parecía tan a salvo de retrocesos y tan gay friendly, van a peor. No sólo es que haya que seguir defiendo lo obvio, porque no parece serlo para algunos, sino que hay retrocesos agigantados en los Veintisiete.
Las personas de la comunidad LGBTQ+ son cada vez más chivos expiatorios de los políticos de extrema derecha (y derecha convencional contagiada de la agenda de los primeros) que impulsan unas apuestas ultraconservadoras, lo que conduce a una creciente violencia. Es lo que denuncia el informe anual de ILGA-Europa (la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association o Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales), que puedes leer completo al final de esta noticia.
La represión, afirma el estudio, es perceptible en un número creciente de países europeos, especialmente en Europa central y del este, donde las fuerzas de derecha están ganando poder, de Eslovaquia a Hungría. Los grupos LGBTQ+ están siendo etiquetados como agentes de influencia extranjera, supuestamente financiados con dinero del exterior confines poco patrióticos, limitando su capacidad de acción en la sociedad y hasta amenazando la propia existencia de sus ONG, mientras que también se les está restringiendo el acceso a la atención médica, las libertades y la visibilidad. Todo, con la agenda ultra como base.
Al estar en la diana de los mensajes y los programas fascistas, neofascistas, antieuropeos, nacionalistas extremos, reaccionarios y ultracatólicos, se están «alimentando los delitos de odio y normalizando el discurso de odio» contra la comunidad comunidad, añade el informe, que señala un «aumento sin precedentes» de la violencia contra las personas LGBTQ+ en 2024 en todo el viejo continente.
Todos tenemos en la cabeza nombres como los de Viktor Orbán o Robert Fico, pero si este estudio asusta es porque enumera muchos más ejemplos preocupantes. En Italia, Bélgica o Rumanía, por ejemplo, grupos conservadores de derecha han acusado a la comunidad LGBTQ+ de socavar los valores familiares y desestabilizar la sociedad. Además, han utilizado discursos discriminatorios durante sus más recientes periodos electorales, a modo de «ellos o nosotros». Esto también se utiliza para justificar la introducción de normas, una vez que llegan al poder, que restringen las libertades fundamentales y las llamadas leyes de «propaganda anti-LGBT».
En Finlandia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Portugal, las autoridades locales han informado también, con datos oficiales, de «un aumento significativo de los delitos motivados por la orientación sexual percibida, la identidad de género y/o la expresión de género», señaló ILGA-Europe.
«Existe una tendencia a instrumentalizar la supuesta protección de los jóvenes como una forma de sembrar el miedo y la división» declaró el eurodiputado italiano Alessandro Zan, del partido de centroizquierda Socialistas y Demócratas, durante un evento en el Parlamento comunitario, en el que se revisaron estos datos. «Las medidas discriminatorias propuestas en Hungría y Eslovaquia y la exitosa resolución en Italia contra la supuesta ideología de género prácticamente propagan el odio y la discriminación por toda Europa. Estas medidas perjudican a niños, familias y trabajadores», añadió.
Chaber, director ejecutivo de ILGA Europe (polaco que sabe bien de estas estrategias en su país por parte de Ley y Justicia, país que aún tiene la Presidencia), también dijo que los ataques contra las personas LGBTQ+ se están convirtiendo en «el campo de pruebas para leyes que erosionan la democracia misma».
«En toda Europa y Asia Central, los gobiernos están utilizando la retórica anti-LGTBI para justificar restricciones a la libertad de expresión, la sociedad civil y las elecciones justas», explicó Chaber. «Lo que comienza como un ataque a los derechos LGBTI se convierte rápidamente en un ataque más amplio a los derechos y libertades de todos los individuos de la sociedad», ahonda.
Ana Carla Pereira, directora de igualdad y no discriminación del departamento de justicia de la Comisión, ha reconocido que «este es para nosotros un panorama muy preocupante» y que la CE sigue «comprometida con la defensa y el avance de los derechos LGTBIQ+» en todo el bloque. También dijo que, en un momento en que la financiación para las organizaciones de la sociedad civil es cada vez más escasa, la Comisión «quisiera seguir proporcionando esa financiación», pero que dependerá de los colegisladores y de qué inversiones decidan priorizar en el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para 2028-2034.
Además, la organización internacional ha publicado este mes de junio un informe específico referido a la ampliación de la UE, a los países que aspiran a formar parte del club comunitario (Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania) en el que se alerta de cómo todas estas amenazas se amplifican en países que aún están puliendo sus sistemas para cumplir con los criterios de adhesión. Hablan de «lagunas de legislación, de protección y de avance de derechos» en cuanto a la comunidad LGTBIQ+, porque también en estos casos se encuentran políticos «divisivos» que están «intensificando aún más la desinformación y la discriminación» de sus convecinos.
Alertan de que, además, muchos de estos líderes están alineado o son verdaderos seguidores fieles de líderes homófobos como el norteamericano Donald Trump o el ruso Vladimir Putin. No sólo es que compartan con ellos el rechazo al colectivo, sino que comparten además su idea de que es necesario legislar contra él. Por eso, reclama ILGA que Bruselas esté muy pendiente de si incorporan o no mejoras y garantías en sus legislaciones. Porque no sólo vale que mejoren sus cuentas, su deuda, su administración o sus controles de la corrupción, sino que es necesario que el respeto a las libertades sexuales y emocionales sea un «elemento central» del debate. El «desprestigio, el odio o las amenazas a protestas» no coinciden en nada con los valores fundacionales de la UE.
«Este contexto social y político, sumado a las importantes diferencias en las legislaciones nacionales (por ejemplo, en lo que respecta a las uniones entre personas del mismo sexo y los delitos/discursos de odio), plantea interrogantes sobre el alcance real en que las personas LGBTI pueden ejercer sus derechos en la UE», dice la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE en su más reciente encuesta a nivel de la UE sobre el alcance y la naturaleza de la discriminación, la violencia y el discurso de odio que sufren las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales en los Veintisiete.
El sondeo esveló que aproximadamente la mitad de los encuestados ahora se muestran abiertos «a menudo o siempre» sobre su pertenencia a la comunidad LGTBIQ+ (5 %), pero el 54% de los encuestados aún evita tomarse de la mano en público con una pareja del mismo sexo (la cifra era de un 61% en el primer sondeo de 2019; hay cambios, pero no suficientes).
En general, el 37 % de los encuestados se sintió discriminado por ser parte de la comunidad LGTBIQ+, aunque la discriminación en el trabajo o en la búsqueda de empleo ha disminuido ligeramente en comparación con 2019 (del 21% al 18% para las mujeres lesbianas, del 20% al 19% para los hombres gais, del 18% al 14% para las mujeres bisexuales, del 18% al 17% para los hombres bisexuales y del 41% al 34% para las personas transgénero, aunque para las personas intersexuales se ha mantenido en el 38%).
La proporción de encuestados que denuncian acoso y violencia volvió a aumentar en 2024, indica su informe. La mayoría sufre acoso (54%), pero apenas el 18% denunció el incidente en cuestión ante alguna organización. Las personas trans e intersexuales experimentan mayores niveles de discriminación, acoso y violencia que los demás subgrupos LGTBIQ+, mientras que las personas intersexuales sufren más discriminación que cualquier otro grupo, una tendencia que se consolida. La mayoría de los encuestados intersexuales (72%) sufrieron múltiples agresiones físicas o sexuales por motivos de odio. De igual manera, el 67% de las mujeres trans, el 65% de los hombres trans y el mismo porcentaje de los encuestados no binarios informaron de haber sufrido múltiples agresiones.
¿Y España?
En el caso de nuestro país, el informe es un abanico de avances y amenazas. Se cita el caso de Isabel García, que fue directora del Instituto de la Mujer, quien desató la polémica al asistir a un evento organizado por el Profesorado Feminista por la Coeducación, «quienes se muestran explícitamente a favor de derogar la ley LGTBI española y de poner fin al apoyo al alumnado trans». La reunión incluyó «presentaciones que equiparaban a las personas trans con pedófilos y criticaban la ideología de género». En julio, seis meses después de su nombramiento, Rodríguez fue destituida por el Gobierno debido a presuntas irregularidades en varias licitaciones públicas.
Eso fue en febrero, pero en junio, por su parte, se creó una subcomisión en el Congreso de los Diputados para elaborar un Pacto de Estado contra el discurso de odio hacia colectivos vulnerables. De cal y de arena.
Se lamentan comentarios homófobos por parte de grupos ultraderechistas, agresiones a parajes gays o a menores trans, insultos y amenazas en redes a personalidades de la comunidad LGTBIQ+ y, sobre todo, el proceso por el asesinato de Samuel Luiz, con penas de hasta 24 años de prisión. Pero también se aplauden medidas como la del Tribunal Supremo de permitir la colocación de la bandera multicolor en edificios oficiales, la batalla legal del Ejecutivo central contra la Comunidad de Madrid, del PP, y sus normas, como la que «reduce significativamente la protección de las personas LGTBI en la región», o la mirada inclusiva recogida en las negociaciones por el Diálogo Social.
El informe cita varios sondeos que desvelan algunas realidades dolorosas: el 36,5% del profesorado de centros educativos ha experimentado LGTBIfobia. En el 53% de los casos, las víctimas no recibieron apoyo de la dirección, lo que cuadriplicó el riesgo de baja laboral, por ejemplo. O que el 10 % de las personas LGTBI en España ha sufrido violencia física o sexual en los últimos cinco años. O que el 53% de las personas LGBTI declaran haber sufrido acoso debido a su orientación sexual o género.
