Los Mossos d’Esquadra, a lo largo de varios años de investigación bajo secreto de sumario en un juzgado de Tarragona, dedicaron sus esfuerzos a descubrir si el despacho que fundó Cristóbal Montoro en 2006 no solo cobró por buscar beneficios legislativos para las empresas gasísticas. También plasmaron sus sospechas sobre los pagos de 679.000 euros que Codere, el gigante del juego, hizo a la asesoría para presionar a distintos Gobiernos de PP y PSOE y decantar la normativa a su favor. Todo mientras Rafael Catalá, ministro de Justicia con Mariano Rajoy entre 2014 y 2018, era directivo de la empresa dedicada al juego.
El origen del caso que, después de años de pesquisas judiciales, ha desembocado en la imputación de Cristóbal Montoro arrancó con un email encontrado por casualidad en la investigación de un delito urbanístico, pero también con una denuncia anónima de 2017. Denuncia que apuntaba a la relación entre Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro cuando era eurodiputado, y Codere, que tuvo a Rafael Catalá de consejero entre 2005 y 2012 en una primera etapa. Un Catalá que entre los años 2000 y 2002 también fue alto cargo de Hacienda con Montoro como ministro.
Los años de Catalá como directivo de Codere fueron los años clave para el sector del juego en España, que movía cientos de millones de euros al año. La última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se encontró con el principio del fenómeno del juego online y Codere, multinacional española, fue al Congreso a denunciar cómo la falta de regulación en España frente a otras casas de apuesta radicadas en “Gibraltar y otros paraísos fiscales”. Era marzo de 2011 y dos meses después se aprobó la Ley del Juego.
Las normas que salieron adelante en los años siguientes, ya con el PP y Montoro en el Gobierno, fueron favorables al sector en general y a Codere en particular. Se modificó la Ley del IRPF para que los jugadores pudieran deducirse las pérdidas sufridas en este tipo de apuestas. Esa regulación, denunció entonces el sindicato de inspectores de Hacienda GESTHA, era imposible de aplicar al juego tradicional. Las operadoras extranjeras de juego también denunciaron que la normativa nacional de concesión de licencias favorecía a empresas como Codere.
Los Mossos d’Esquadra recogen en un informe del sumario que Equipo Económico facturó a Codere en torno a 140.000 euros anuales entre 2008 y 2012, mientras se negociaban y aprobaban esas normas y mientras Catalá era consejero. También mientras, explica el informe, el bufete que había fundado Cristóbal Montoro rodeado de altos cargos de Hacienda ejercía de “lobby” ante el Gobierno para que la ley saliera en términos favorable a Codere. En total 679.000 euros.
Los Mossos dedicaron un informe en 2022 a analizar los vínculos de Catalá con Codere y con el Gobierno del que posteriormente formó parte. Y recuerdan que el medio Bloomberg publicó en 2013 que el Gobierno había presionado a operadores extranjeros como Betfair o William Hill para que pagaran sus iimpuestossi querían obtener la licencia para operar en España. Equipo Económico, según esa información que destacan los Mossos, “presionó a los legisladores en nombre de Codere” cuando la Ley del Juego, que se aprobó con el PSOE en el Gobierno, era debatida.
El juez, al menos por el momento, no ha desarrollado ninguna línea de investigación conocida en torno al sector del juego y la relación entre Codere y Equipo Económico, tres años después de que los Mossos presentaran ese informe apuntando a la labor de lobby que hizo el despacho que fundó Cristóbal Montoro. Un informe que cita “publicaciones de algunos medios” para apuntar que Hacienda legisló a favor de Codere por “la relación contractual entre Codere y Equipo Económico” dejando por escrito “la sospecha que dicha relación se inició de la mano del exministro de Justicia Rafael Catalá, el cual había trabajado con todos los socios de la Asesoría en la época en que éste ostentaba el cargo de subsecretario del Ministerio de Hacienda en el mandato como ministro de Cristóbal Montoro”.
Favorecer a las empresas del gas
El juzgado de Tarragona, que ha levantado recientemente el secreto de las actuaciones tras varios años de investigación silenciosa, se ha centrado en un aspecto de la actividad del despacho que fundó Montoro en 2006 tras la salida del PP de la Moncloa: si las principales empresas de gas industrial y medicinal en España pagaron más de 700.000 euros a ese despacho, sin contar las minutas, para que usara su influencia y conexión con Montoro y su ministerio de Hacienda y conseguir legislación favorable.
En el caso de Codere y Rafael Catalá, las suspicacias de los Mossos se basan en los datos de facturación de la AEAT y varias noticias relacionadas con el papel de Equipo Económico en las negociaciones para la tramitación de la normativa. En el caso de las empresas gasísticas, el juez cuenta con pruebas como correos electrónicos de altos cargos de Hacienda negociando normativa del sector directamente con representantes de las empresas interesadas.
En el caso del gas industrial, estas empresas buscaban que distintos cambios legales en 2014 y 2018, con Montoro en Hacienda, favorecieran una menor carga impositiva para ellas.
