El caso Nummaria cuenta la historia de un hombre presentado durante décadas como un mago de los impuestos y la asesoría fiscal que, al final, resultó ser un artista del fraude. Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel pero en libertad a la espera de que su condena sea firme, compaginó su carrera pública de gran gestor de fortunas e inversiones con una ‘cara B’ de juicios e investigaciones por engañar a clientes en los barrios ricos de Madrid. Las caras visibles de ‘Cuéntame’ son algunos de los que, según la Audiencia Nacional, acudieron a su despacho para pagar los menos impuestos posibles a Hacienda.
Pocos hablan de Fernando Peña sin destacar que fue el primero de su promoción de inspectores de Hacienda y una mente privilegiada para la fiscalidad antes de coger la puerta giratoria y pasarse a la empresa privada. Fue el primer presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano del Consejo General de Economistas que hoy en día aglutina a 6.000 profesionales del sector. Desde 1988 hasta 1997 estuvo al frente de la organización mientras sentaba cátedra sobre el pago de impuestos en televisión y algunos de los principales periódicos nacionales, entrando también en la directiva de la Academia de Televisión.
Ana Duato lo resumió en su primera comparecencia en la Audiencia Nacional, allá por mayo de 2016. “Es una persona en la que confías plenamente, secretario de la Academia de Televisión e inspector de Hacienda. Me siento muy traicionada”. Pero lo cierto es que, para entonces, Peña no tenía solamente un brillante historial de experto en impuestos. También tenía un historial delictivo muy similar al que ahora le ha costado 80 años de prisión.
A finales de la década de los 80, ya fuera de Hacienda y encumbrado como faro y guía de los asesores fiscales en España, Peña y uno de sus socios empezaron a crear empresas de asesoría y gestión de patrimonios e inversiones. Sociedades en Núñez de Balboa, la calle Serrano y Velázquez, puntos neurálgicos del exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, al que acudía gente con dinero para invertir con quienes Peña y su socio mantenían “una fluida relación de confianza”. Muchos terminaron perdiendo su dinero pero no reclamaron.
Los clientes que pedían ilegalidades
Los tribunales reconocieron entonces que este primer engaño atribuido a Peña no fue fácil de desentrañar porque muchas víctimas no denunciaron. Las operaciones en las que perdieron el dinero eran “opacas” por su propio interés. La gente que perdió su dinero buscaba, precisamente, la opacidad “con finalidades de, al menos, dudosa ilicitud desde el punto de vista fiscal”, dijo entonces el Tribunal Supremo.
En esos primeros años de la década de los 90, algunos de sus clientes tenían la vista puesta en los conocidos como pagarés del Tesoro. Los precursores de las actuales letras del Tesoro que en ese momento eran una herramienta muy útil para manejar dinero negro y fondos opacos: no era obligatorio decir quién era el comprador. El problema de “aflorar” este dinero llegó a finales de 1992 con el vencimiento y desaparición de estos pagarés. Entre él y su socio habían invertido cerca de 200 millones de pesetas.
El dinero de varios inversores desapareció en un entramado societario portugués montado por Peña, que en 2004 fue condenado en firme a tres años de cárcel por apropiación indebida en el Supremo y a devolver 483.220 euros a cuatro clientes. Cinco años después fue indultado en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y no tuvo que pisar la cárcel. El indulto le instaba a no volver a delinquir en cuatro años si no quería ir a prisión. Para entonces, según la Audiencia Nacional, Peña llevaba tiempo montando estructuras empresariales para “asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes” ante Hacienda.
De Portugal al caso Nummaria
Su fama como asesor fiscal no hacía sino crecer mientras los tribunales certificaban que su especialidad era, realmente, buscar negocios opacos para sus clientes. La condena del Supremo llegó en el año 2004. Lo que implica que, al menos según la Audiencia Nacional, su debut delictivo se solapó con el segundo: “Desde antes del año 2000”, dicen ahora los jueces, el despacho de Peña en la exclusiva calle Juan Bravo ofrecía ovillos societarios en el extranjero a sus clientes. Sobre todo con el objetivo de pagar menos impuestos.
En el primer caso el dinero acabó en Portugal. Con Nummaria, las estructuras se expandieron a Luxemburgo, Costa Rica, Inglaterra, Canadá y Uruguay. Y no solo sus clientes ahorraban en impuestos. El propio Peña usó 22 sociedades, seis comunidades de bienes, una fundación y una SICAV para optimizar sus declaraciones de la Renta. Anualmente declaraba ingresos derivados de su despacho que rara vez superaban los 30.000 euros cuando, por ejemplo, recibía más de un millón en Suiza.
En esos años, recién condenado por el Supremo y también recién indultado por el Gobierno bajo la condición de no volver a delinquir, dejó de pagar 9,8 millones por el IRPF y otros 5,8 millones más por el IVA. La estructura de fraude se empezó a derrumbar cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude(ONIF) tiró del hilo y llevó sus sospechas a la Fiscalía en 2016. Casi una década de causa que ha terminado en una condena, pendiente de recursos, de 80 años de prisión para el mago de los impuestos Fernando Peña.
El desglose deja 32 años de cárcel por el fraude fiscal que cometió él mismo, mientras que los 48 años restantes de presidio son como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública que cometían sus clientes. Entre ellos, el actor Imanol Arias, que se sentó en el banquillo junto con Ana Duato y el productor Miguel Ángel Bernardeau. Los cimientos de ‘Cuéntame cómo pasó’ que usaron los servicios de Nummaria para canalizar y optimizar sus ganancias pero con resultados muy distintos al final del juicio.
De ‘Nummaria’ a Construcciones Nueva York
La sentencia explica que tanto Duato como Arias acudieron a Peña para que fuera su asesor fiscal. Por aquel entonces, el economista ya condenado e indultado llevaba años ejerciendo como secretario de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y, según declararon todos durante el proceso, les ofrecía la máxima confianza para gestionar sus derechos de imagen. Algo similar a lo que ha llevado a muchos futbolistas de élite a ser condenados por fraude fiscal.
Los derechos de imagen de Imanol Arias terminaron en sociedades inglesas o de Costa Rica, que eran las que firmaban los contratos con la productora de la serie, mientras otras sociedades firmaban contratos con el propio Arias. Contratos que según los jueces “no tienen ningún sentido” y cuyo único objetivo es que sus ingresos tributaran como una renta vitalicia, con una bonificación del 60%. Lo mismo que sucedió con Ana Duato.
El primero decidió pactar y la segunda peleó su inocencia, dando lugar a una sentencia de elegir tu propia aventura: Arias ha sido condenado a dos años de cárcel, que seguramente no tendrá que cumplir tras pagar sus deudas, y Duato ha sido absuelta. El primero, cuyo personaje Antonio Alcántara se libró de la cárcel por los pelos en la serie después de la traición de ‘Don Pablo’ en la quiebra de Construcciones Nueva York, reconoció que contrató a Peña para esquivar al fisco. Duato y su marido Bernardeau consiguieron demostrar que ellos no sabían que “estaban incumpliendo su deber de constribuir”.
“Plena confianza” es el término que repite una y otra vez la sentencia para hablar de por qué los clientes ponían su dinero y sus finanzas en manos de Fernando Peña, por aquel entonces ya condenado por estafar cientos de miles de euros a varios clientes. “Yo solo me relacionaba con Fernando Peña, tenía una relación de muchísimos años, no solamente en el despacho sino en la propiedad intelectual”, dijo Imanol Arias en el juicio.
En televisión era presentado incluso como asesor de Adolfo Suárez en materia económica. Dio clase a José María Aznar en su paso por la universidad. Y allí donde los asesores fiscales de prácticas dudosas prefieren la oscuridad y el anonimato, Fernando Peña se paseó por platós de televisión, páginas de periódico y por el mundo de la pequeña pantalla mientras creaba complejas estructuras societarias para defraudar, según la Audiencia Nacional, a la Hacienda Pública a la que sirvió durante años.
