Carlos Hugo Preciado (Tarragona, 1969) acaba de cumplir un año como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Juez desde hace casi dos décadas, recaló en el órgano a iniciativa de Sumar tras recibir el aval de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. En este tiempo se ha desvelado como una especie de verso suelto dentro del grupo progresista, del que se ha desmarcado en más de una veintena de votaciones sobre nombramientos. A su juicio, para favorecer candidaturas “con mayor mérito capacidad y sensibilidad progresista” y después de que se le dejara fuera del grupo negociador.
Afirma que entre el sector de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar hay “puntos de discrepancia” que “habría que intentar gestionar de forma mejorable” y defiende que “la cultura del pacto no es una derrota” y que la institución “no puede quedar paralizada” por los desacuerdos entre bloques. De este primer año de mandato pone en valor que se haya “recuperado” una institución “que se percibía como fallida y fuente de constantes problemas” y ensalza los avances en materia de paridad en la cúpula judicial, aunque recuerda que queda todavía camino por recorrer.
¿Qué valoración hace de este primer año como vocal?
El balance general es innegablemente positivo por varias razones. Primero, por el nombramiento de la Presidencia, que se logró que fuera mujer, progresista y que no fuera impuesta por el poder político. Fue un nombramiento histórico que ha sido clave en el discurrir de la institución. Segundo, se ha recuperado una institución que se percibía como fallida y fuente de constantes problemas. Tercero, se han desatascado los nombramientos. Teníamos una mochila de 161 plazas [pendientes de cubrir] y creo que hay que felicitar a los vocales y a la Presidencia por haber podido sacar este número de nombramientos en un tiempo tan breve.
Uno de los objetivos era devolver la normalidad a los nombramientos. Es algo que se ha conseguido, pero las cifras evidencian el dominio conservador. ¿Está satisfecho?
En relación con los nombramientos hay dos cuestiones: la paridad y el carácter progresista o conservador. Sobre la paridad la valoración general es positiva porque se ha alcanzado en el cómputo global —41% mujeres y 59% hombres — y se ha cumplido la ley. Sin embargo, ese objetivo de paridad no se ha cumplido en cinco de los once ámbitos de gobierno, aunque sí se ha logrado un incremento en la cifra de magistradas. Por tanto, aun no cumpliéndose el objetivo en estos ámbitos, hemos caminado hacia ese objetivo de forma absolutamente clara e inequívoca.
En relación con el carácter progresista o conservador tengo que significar que todos los nombramientos se han hecho por unanimidad o por una muy amplia mayoría. Desde un primer momento asumieron las negociaciones vocales progresistas designados por el PSOE y no se admitió ninguna otra intervención. A pesar de eso, apoyé hasta 135 nombramientos negociados por estos vocales y decididos por ellos. A partir de mayo, cuando ya llevábamos un centenar de nombramientos y estábamos en situación de hacer un primer balance, discrepo de la política que se estaba desplegando. A partir de ahí he votado a los que he creído con mayor mérito capacidad y sensibilidad progresista. Me refiero a 20 votaciones en las que he votado solo con algún vocal, pero en contra de los candidatos que han acordado el sector progresista y el conservador.
Después de 28 años de presidentes conservadores en el CGPJ, la renovación del pasado verano con una exigua mayoría progresista abría la puerta a un reequilibrio en la correlación de fuerzas en las cúpulas de los tribunales a favor de los progresistas. ¿Qué ha fallado?
No voy a entrar en ningún tipo de polémica. Lo único que puedo decirle es que yo no he participado en las negociaciones. Cuando llevábamos más de un centenar de nombramientos y ese desequilibrio era evidente decidí no apoyar la política de nombramientos. He seguido sin negociar los nombramientos, pero no aceptando los acuerdos adoptados por los vocales propuestos por el PSOE y el sector conservador. ¿Qué ha fallado? Probablemente, la estrategia o no sabría decirle. Son las personas que han negociado las que tendrían que explicarlo. Le puedo explicar mi posición, mi apoyo al bloque progresista en el 80 o 90% de las ocasiones. Pero por qué se ha llegado a estos acuerdos o no se ha llegado a otros distintos… pues, evidentemente, si no he negociado, no puedo ni explicar ni asumir.
Mi compromiso con los valores progresistas es inequívoco. En 2018 me presenté a las elecciones en la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia con un programa político que resultó ser el más votado. Intento cumplir ese programa y una de sus partes es devolver la sensibilidad progresista a los ámbitos de gobierno de la judicatura. El objetivo principal es que se cumpla el programa, no con quién se vota o con quién se deja de votar.
Sin embargo, esas discrepancias sólo se dan en el bloque progresista, que se ha dividido en varias votaciones, mientras el sector conservador siempre se ha mantenido unido. ¿Cómo lo valora?
No considero que la diversidad de opiniones sea una división. La pluralidad es un valor superior del ordenamiento jurídico. Me parece positivo que en el bloque progresista haya diversas formas de ver la política judicial y quizá la cuestión es cómo se gestiona esa diversidad. En el último pleno los nueve vocales progresistas votaron en cuatro ocasiones a opciones distintas. Ahí hay un tema de pluralidad que probablemente se tendría que gestionar de otra forma, explorando algunas vías de lograr un entendimiento.
La prioridad es apoyar un programa político progresista que aborde la igualdad, la paridad, las cargas de trabajo, la precariedad de determinadas plazas judiciales… y que se pueda rendir Justicia a la ciudadanía y dar solución a sus conflictos de forma ágil, rápida y eficaz. Hay supuestos como la prevención de riesgos laborales y la salud laboral que son grandes retos que estamos afrontando codo con codo con el sector progresista. Pero, efectivamente, hay puntos de discrepancia que habría que intentar gestionar de forma mejorable.
Algunas voces del órgano creen que la debilidad de la izquierda del CGPJ deriva la propia elección de la presidenta, Isabel Perelló, supuestamente progresista, pero que no era la candidata de este bloque. ¿Lo ve así?
Me resisto a verlo así. Isabel Perelló fue una apuesta personal, en mi caso, y de otras personas del grupo progresista. El hecho de ser la primera presidenta no impuesta, señalada o designada ha sido un elemento clave en este mandato. Estamos manteniendo relaciones absolutamente fluidas y leales con el Ministerio de Justicia y con el resto de instituciones. El Consejo ha realizado informes sobre los proyectos de ley del Gobierno que habrán sido de mayor o menor agrado, pero la separación de poderes implica que los poderes deben coordinarse, pero no que deban interferirse.
No creo que las pequeñas diferencias que puede haber dentro del sector progresista puedan venir de ahí. Ha pasado un año y todos estamos en situación de aceptar que la Presidencia es la que es y que institucionalmente tenemos la obligación de apoyar esa Presidencia, que representa a todas las sensibilidades. Lo que tenemos que hacer es apoyar a esa Presidencia para que la institución siga funcionando con normalidad constitucional, que es lo que la ciudadanía espera.
Dice que hay que apoyar a la presidenta. Usted en alguna votación llegó a alinearse con Perelló y el bloque y conservador. Eso es algo que molestó a algunos de sus compañeros de grupo. ¿Por qué lo hizo?
La política de nombramientos no estaba yendo por los cauces que se adecuaban al programa político que yo presenté y, por lo tanto, negocié en una ocasión y para dos cargos menores con la presidenta y con el bloque conservador. Además, desde el sector progresista no me llegó absolutamente ninguna propuesta sobre esos cargos a los que se refiere. Quiero subrayar que los vocales propuestos por el PSOE han negociado en 161 ocasiones con el sector conservador. Francamente, me pareció la reacción un tanto desproporcionada.
En un Consejo como este, complejo y con unas aritméticas que son las que son, va a haber momentos de tensión, de acuerdo, de no tanto acuerdo… Eso entra dentro de la fisiología. Hace poco se me ha acusado de tener criterio propio. Creo que todos los vocales deberíamos tener criterio propio y hablar con todos. En un escenario como el que tenemos es francamente necesario el diálogo, la comunicación y no atribuirse la exclusiva en las negociaciones, sino compartir, comunicarse y facilitar el diálogo entre todas las sensibilidades para que se pueda llegar a los acuerdos más aceptables por todas ellas.
Ha explicitado su desacuerdo con la forma en que sus compañeros de grupo han gestionado las negociaciones y ha insistido en que tiene criterio propio. ¿Va a seguir ese criterio propio al margen de sus compañeros?
Aunque a veces intuitivamente se hable de bloques, me resisto a hacerlo. Lo que tiene que haber es 20 vocales que votan en conciencia según un programa político que cada cual habrá presentado y tendrá que rendir cuentas sobre él. Lo importante no es con quién se vota, sino lo que se vota. Y yo le puedo decir que voy a optar siempre por opciones progresistas, de izquierda. Ojalá eso se pueda dar con los vocales de sensibilidad progresista, pero si en algún caso entiendo que hay una cuestión progresista que tengo que decantarme por ella y ellos no están de acuerdo, pues votaré que no.
No hay disciplina de voto en el Consejo, los vocales no estamos sujetos a mandato imperativo. Yo me he apartado de criterios de gente del sector progresista, pero siempre para votar opciones progresistas. Le voy a poner algunos ejemplos: mi oposición al voto delegado para las Salas de Gobierno, donde el Tribunal Supremo acabó dándonos la razón; mi oposición al archivo del expediente al juez del ‘caso Quequé’ [que comparó una broma sobre el Valle de los Caídos con una amenaza de apedrear a homosexuales] o el caso de la huelga, donde defendí como vengo haciendo desde 2009 en mi asociación que los jueces y juezas, en tanto que tienen una vertiente de empleado público con unas condiciones laborales, gozan del derecho de huelga.
El pasado julio se renovaron las presidencias de las dos salas más sensibles del Tribunal Supremo. Fueron elegidos los dos candidatos del bloque conservador tras la renuncia de las dos aspirantes progresistas después de un bloqueo de meses. ¿Está satisfecho con el mensaje que lanzó el órgano con esas designaciones?
Estoy satisfecho en general en esta cuestión. Todos los candidatos y candidatas tienen un currículum inmejorable. Evidentemente, mis candidatas eran Ana Ferrer y Pilar Teso, tal y como puede comprobar en las actas de las votaciones realizadas. En su momento dije a los negociadores que estaría dispuesto a mover mi posición para lograr un consenso razonable y que una sala fuera a parar a un candidato del sector conservador y otra a una del sector progresista. Esa fue mi oferta para intentar desbloquear y para intentar que la institución no continuara con dos salas tan importantes pendientes de nombramiento.
Eso no pudo ser. Evidentemente, hubiera preferido esas candidaturas, pero en un órgano de 20 hay que asumir la cultura del pacto y del acuerdo no como una derrota, sino como algo fisiológico y, sobre todo, con un límite que es que la institución no puede quedar paralizada. El bloqueo es de donde venimos y a donde no queremos volver. Hay que reconocer los esfuerzos de las dos candidatas y su gesto de generosidad institucional tremendo. Me gustaría que hubiera mayor proporción de mujeres progresistas en los órganos de gobierno del Poder Judicial. De todas maneras, quedan todavía 27 nombramientos pendientes y todavía estamos a tiempo de corregir este sesgo conservador en algunas salas particularmente importantes.
El objetivo de la paridad de sexos en los nombramientos ha sido alcanzado en el cómputo global, sin embargo, no se ha logrado en todos y cada uno de los ámbitos de poder, tal y como había propuesto la Comisión de Igualdad. ¿Qué resistencias se han encontrado?
No es una cuestión fácil. El patriarcado se proyecta sobre todo en los ámbitos de ejercicio del poder y precisamente en la Comisión de Igualdad se ha realizado un estudio sobre las causas de la baja participación de las mujeres en los cargos de nombramiento discrecional. Hay un conjunto de factores ambientales, de comportamiento, de conductas aceptadas, de conciliación, de autocriticismo que nos lleva a estas situaciones. La función de la Comisión de Igualdad y del Consejo es que alcancemos unas proporciones de paridad propias de un escenario igualitario entre hombres y mujeres, cosa que todavía nos falta por recorrer. Este Consejo sí ha dado un paso adelante, quizá un paso corto pero decidido.
Otro de sus objetivos era crear una Comisión de Derechos Humanos y Memoria Histórica. ¿Por qué cree que no se ha creado?
Nosotros lo propusimos porque dentro del programa político que presenté en Jueces y Juezas para la Democracia la introducción de los derechos humanos es una cuestión nuclear. La intención es que los jueces y magistrados tengan la formación, la información, los medios y los recursos para que podamos alcanzar la excelencia en la aplicación y la garantía de los derechos humanos. No es una cuestión de capricho o ideológica, sino que jurídicamente viene impuesta por los tratados y convenios internacionales de los que España forma parte y que obligan a los poderes del Estado a facilitar la formación suficiente y adecuada en esta materia. Aunque por el momento no se ha conseguido, para mí es un proyecto irrenunciable.
La presidenta Perelló defendió el “vigente” y “democrático” sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal días después de que el Gobierno propusiera una reforma integral de las oposiciones. ¿Comparte esas palabras?
Voy a remitirme al informe que hizo el Consejo sobre esta cuestión, que fue adoptado por unanimidad y que criticó algunas cuestiones y dijo que otras estaban correctas. Ese informe es la voz unánime de este Consejo y creo que todos los vocales tenemos el deber institucional de asumirlo y de trasladarlo a los medios de comunicación. Entre las cuestiones criticadas estaba la recuperación del ascenso forzoso que contemplaba el anteproyecto y que desapareció del proyecto o la consolidación de las plazas de sustitutos y suplentes en el sentido en que luego se expresaron bastantes asociaciones.
Esa reforma propició la convocatoria de tres días de huelga por parte de todas las asociaciones de jueces y fiscales menos las progresistas. ¿Cree que estaba justificada esa huelga?
Había una buena parte de motivos profesionales como los que acabo de citar y luego algunos partidos, legítimamente, aprovecharían políticamente esta huelga o no. Pero yo no creo que fuera una huelga política. Hay que ser respetuoso con las decisiones de las asociaciones y tomar nota de que hay una protesta y que los poderes concernidos adopten las decisiones que consideren oportunas. No soy yo quien tiene que decir si está o no justificada. Una huelga es un derecho fundamental que ejercieron las asociaciones y sus asociados y no le corresponde a este Consejo decir otra cosa que lo que dijo en su acuerdo del Pleno, que es que el derecho de huelga no está reconocido legalmente. Mi posición fue distinta, pero en tanto que minoritaria, hay que aceptar lo que se acordó.
Antes citaba su posición contraria al archivo del expediente abierto al juez que comparó una broma sobre el Valle de los Caídos con una amenaza de apedrear a homosexuales. ¿Cree que hay cierta resistencia dentro del órgano a sancionar a otros jueces?
Si se miran las estadísticas, la judicatura no es el cuerpo del Estado menos sancionado, sino todo lo contrario. No obstante, seguro que en este punto hay mucho que mejorar. Entre otras cosas, habría que poner al día un régimen disciplinario diseñado en 1985 y que arrastra tipos sancionadores de la ley anterior. La Comisión Disciplinaria hace un trabajo serio y riguroso más allá de votaciones como esta en la que puede haber distintas opiniones. La aplicación de un régimen disciplinario de los años ochenta y la articulación de las garantías que recoge la ley pueden provocar una serie de resoluciones que a veces no se entiendan mucho por la ciudadanía.
