La Comisión Europea suspenderá el desembolso de 626 millones de euros de los fondos de recuperación por el castigo de España a los interinos. La decisión se ha comunicado al mismo tiempo que la del desembolso parcial del quinto pago en el que Bruselas retiene otros 500 millones de euros por incumplir dos reformas: el impuesto al diésel y la digitalización de las entidades locales. En total, se congelarán unos 1.100 millones de euros que Bruselas podrá ingresar en lar arcas españolas más adelante si se cumple con las reformas.
En el caso de los interinos, la Comisión Europea dio por cumplido el compromiso en el año 2021, pero las sentencias posteriores del Tribunal de Justicia de la UE en contra de la política de España respecto a los interinos (por el abuso de la interinidad y la insuficiencia de las compensaciones) han llevado al gobierno comunitario a darlo por incumplido. Así, se descontarán esos 626 millones de euros, salvo que se solvente la situación.
“El Gobierno está trabajando en la adaptación del cumplimiento del hito 144 a la sentencia del Tribunal de Justicia sobre temporalidad en el empleo público”, señalan fuentes del Ministerio de Función Pública sobre las medidas que le exige la Comisión Europea, cuyos cambios se están tramitando en el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal y a través de enmienda a la Ley de Función Pública de la Administración del Estado.
En paralelo a esa decisión, la Comisión Europea ha dado luz verde al quinto pago de los fondos de recuperación. Como ocurrió el pasado año con el cuarto desembolso, será parcial por el incumplimiento, en este caso, de dos reformas. Una de ellas tiene que ver con la fiscalidad verde ante el fracaso de sacar adelante el impuesto al diésel. El otro inconveniente que encuentra Bruselas tiene que ver con las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales con las que España se comprometía un acceso más fácil de los ciudadanos a los servicios de la Administración. España tendrá ahora “tiempo adicional” para que pueda cumplir los hitos y recibir ese dinero retenido.
“Los equipos técnicos de la Comisión y de España continúan trabajando de forma coordinada para completar su validación en los próximos meses. Por un lado, queda pendiente la modificación de la fiscalidad del diésel. Cabe recordar que la retirada de la bonificación fiscal al diésel se incluyó en una enmienda parlamentaria que no logró el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados”, señala en un comunicado el Ministerio de Hacienda, sobre el rechazo de partidos como el PNV.
“También resta pendiente la validación completa del hito relativo a la digitalización de entidades regionales y locales. El grueso del hito está cumplido, si bien la Comisión ha pedido más tiempo para seguir trabajando en el análisis de parte de las evidencias presentadas, a fin de poder evaluar su cumplimiento completo”, agrega Hacienda.
España recibirá 22.926 millones de euros (6.991 millones corresponden a transferencias directas y 15.935 millones a préstamos). La evaluación negativa de esos dos hitos supone, por tanto, una retención de unos mil millones de euros de los 23.900 millones inicialmente previstos. Además, la Comisión Europea desembolsa los 137 millones que fueron congelados en el cuarto pago por el programa para la transformación digital de las pymes, que entonces no estaba completado.
Con este nuevo desembolso, España habrá recibido ya cerca de 55.000 millones de euros en transferencias, lo que representa el 70% del total previsto, según los cálculos de Hacienda. Y por primera vez se han desembolsado préstamos (por un valor de 15.935 millones), más allá de la prefinanciación inicial.
Bruselas está apremiando a los estados miembros a llevar a cabo las reformas previstas en los planes de recuperación de la pandemia, ya que el plazo para recibir los fondos termina en agosto de 2026 y hay ingentes cantidades de dinero aún sin desembolsar.
De hecho, la Comisión Europea ha flexibilizado las condiciones de los planes de recuperación porque sólo se ha desembolsado el 35%. Los países de la UE sólo han invertido 232.000 de los 648.000 millones previstos.
