La Comisión Europea cree que las compañías energéticas europeas no tendrán ningún problema a la hora de romper los contratos a largo plazo de gas que tienen firmados con proveedores de Rusia una vez que entre en vigor la prohibición de importar energía de ese país cuando acabe 2027. Esa desconexión total de Moscú, que se plantea más de tres años después de la invasión de Ucrania por las pegas que han puesto muchos estados miembros durante todo este tiempo, ha provocado preocupación en las empresas que tienen ese tipo de contratos, como Naturgy o Repsol en el caso de España, ante la posibilidad de que sus proveedores rusos reclamen igualmente los miles de millones firmados.
Fuentes comunitarias consideran que, al figurar la prohibición de importaciones de gas ruso en el artículo 3 de la nueva legislación, “ayudará a quienes tienen un contrato porque pueden invocar causas de fuerza mayor” a la hora de rescindirlo. Lo que dan por hecho en la Comisión Europea, al igual que las empresas concernidas, es que los hasta ahora socios comerciales rusos (Novatek en el caso de Repsol y Sabetta, en el de Naturgy) plantearán un litigio por la ruptura del contrato. “Esto no es nuevo”, agregan esas fuentes, que dan por hecho que habrá procesos de arbitraje.
Lo que sostienen es que “se ha hecho la cosa correcta” y que “nadie tendrá que pagar”. El argumento de la Comisión Europea es que las empresas que tienen contratos suscritos con suministradores rusos están amparados por la nueva legislación para rescindirlo sin estar incumplimiento las cláusulas del contrato al romperlo de manera unilateral. De hecho, esos acuerdos incluyen las denominadas disposiciones ‘take-or-pay’, que suponen que el cliente pague por el producto aunque finalmente no lo perciba por su propia decisión. Y se trata de miles de millones de euros.
En 2024, la UE importó energía a Rusia por un valor de 23.000 millones, lo que suponen 1.800 millones de euros al mes, según los cálculos de la Comisión Europea. En cuanto al GNL, se ha reducido del 45% del total que suponía en 2021 al 19% el pasado año.
España es el segundo país europeo que más gas ruso importa. Lo que argumenta el Ejecutivo es que se trata de contratos suscritos con anterioridad a la invasión rusa de Ucrania. Antes de que acabe el año, el Gobierno tendrá que enviar a Bruselas su planificación para reducir a cero esa cifra.
Naturgy suscribió un contrato con Sarbetta en 2013 para el suministro de gas entre 2018 y 2038. Por su parte, Repsol lo firmó con Novatek en 2021, a las puertas de la guerra en Ucrania, y su vigencia se extiende desde 2024 hasta 2038. En esa misma situación está, por ejemplo, la francesa Total Energies.
Las compañías energéticas han incrementado la presión sobre la Comisión Europea en los últimos meses ante la preocupación por esa normativa e incluso han planteado que haya una compensación pública para hacer frente a las reclamaciones de las suministradoras rusas, según fuentes del sector. Pero en Bruselas no lo han visto necesario.
La nueva normativa supondrá la ruptura de los contratos a largo plazo desde el 1 de enero de 2028, pero los contratos a corto se impedirán de forma gradual entre el 1 de enero de 2026 y el 17 de junio.
Procedimientos de infracción para los países incumplidores
No obstante, la reglamentación, que ahora tendrá que pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, donde se requiere una mayoría cualificada, incluye la posibilidad de suspender la prohibición para evitar el rechazo de países como Hungría, Eslovaquia y Austria, que son los más próximos a Rusia y los que tienen una mayor dependencia.
“En caso de acontecimientos súbitos e importantes que amenacen gravemente la seguridad del abastecimiento de uno o varios Estados miembros, la Comisión podrá autorizar a uno o varios Estados miembros a suspender temporalmente la aplicación total o parcial del capítulo dos del presente Reglamento. La decisión de la Comisión podrá contener determinadas condiciones, en particular, para garantizar que cualquier suspensión se limite estrictamente a hacer frente a la amenaza”, dice el artículo 15.
El comisario de Energía, Dan Jorgensen, se ha mostrado convencido, en todo caso, de que esos países acabarán acatando la normativa y ha advertido de que la Comisión Europea iniciará procedimientos de infracción -el paso previo a elevar el asunto a la justicia europea- en caso de que haya incumplimientos.
“Rusia no es un socio comercial fiable”, ha dicho Jorgensen sobre la decisión de prohibir los nuevos contratos, que ha recordado que va más allá de las sanciones impuestas en el marco de la guerra de Ucrania y lo ha justificado en la “instrumentalización” de la energía que ha llevado a cabo Vladímir Putin contra la UE en los últimos años.
En Bruselas también rechazan que vaya a haber problemas de suministro o subidas de precios ante esa ruptura. “Este enfoque gradual contribuirá a detener efectivamente la importación de gas ruso, limitando al mismo tiempo las posibles repercusiones sobre los precios de la energía en la Unión y evitando cualquier riesgo para la seguridad del abastecimiento. La Comisión apoyará a los Estados miembros a lo largo de todo el proceso. Seguirá de cerca, junto con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la UE (ACER), los avances y las repercusiones de la eliminación progresiva de las importaciones rusas de gas y petróleo. En caso de que la seguridad del suministro de uno o más Estados miembros se vea amenazada, la Comisión podrá adoptar las medidas de emergencia necesarias”, señala el gobierno comunitario en un comunicado.
