La defensa de Begoña Gómez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado esta tarde al juez Juan Carlos Peinado que archive la causa por malversación que sigue contra la mujer del presidente del Gobierno, su asistente y el actual delegado del Gobierno en Madrid. Así se han pronunciado las tres partes durante la comparecencia ante el magistrado sobre la transformación del procedimiento por la Ley del Tribunal del Jurado. La acusación popular, que engloba a varias organizaciones ultras y dirige HazteOir, ha solicitado que declare como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informan fuentes presentes en la comparecencia.
Durante su intervención, el abogado de Begoña Gomez ha defendido que no se puede acusar por malversación a su clienta de malversación porque, en el caso de que hubiera delito, algo que ha negado, ella no nombró a la asistente ni se encarga del pago, extremos estos necesarios para mantener la imputación contra ella. “Ni hay nombramiento ni hay pago”, ha dicho Camacho, según informan fuentes jurídicas.
En primer lugar, el magistrado ha trasladado lo que ya adelantó en el auto por el que convocaba a las partes, esto es, que ha reunido indicios suficientes de que Begoña Gómez y los otros dos investigados han cometido un delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez y la participación de esta en actividades privadas de la mujer del presidente, lo que se concreta en enviar corres electrónicos de parte de su jefa de la actividad como directora de una cátedra extraordinaria en la Complutense.
La acusación popular ha solicitado igualmente que declaren como testigos, además de Sánchez, el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la actual secretaria general de Presidencia, Judith González. Bolaños era secretario general de Presidencia en el momento de la contratación de Cristina Álvarez en 2018 y el Tribunal Supremo rechazó la imputación contra él que pretendía Peinado.
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no ha acudido esta tarde al Juzgado. La citación del juez Peinado es atendida por su abogado, Antonio Camacho, posibilidad que acoge la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, asistido por la Abogacía del Estado, tampoco se ha presentado. Idéntica decisión ha adoptado la tercera imputada, Cristina Álvarez, asistente de Gómez en Moncloa, y que es representada por un abogado particular.
La Ley del Tribunal del Jurado especifica que, para este trámite, los imputados deben ser citados y estar “necesariamente asistidos de letrado de su elección o, caso de no designarlo, de letrado de oficio”. Sin embargo, no impone su presencia de forma expresa como sí lo hace para otras fases del procedimiento, como la celebración del juicio.
La circular 4/1995 de la Fiscalía General del Estado, en aclaración de la Ley del Tribunal del Jurado, establece que “la presencia del imputado no es indispensable”, dado que ya conoce que se le está investigando. Añade, además, que en la comparecencia no se practican diligencias de instrucción y, por tanto, tampoco su declaración. Tan solo se concretan los términos de la imputación y siempre ante la presencia de su letrado. Según esta circular, la inasistencia del imputado no debe derivar siquiera en la suspensión de la comparecencia, lo que aleja otros escenarios como la declaración en rebeldía en caso de ausencia.
El servicio de seguridad de Moncloa, con una comisaria de la Policía Nacional al frente, había solicitado la entrada de Begoña Gómez por el garaje alegando motivos de seguridad. Como en ocasiones anteriores, la decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, accedió a la medida. Incluso policías nacionales destinados en Moncloa han acudido al juzgado y se han retirado minutos después de las 18:00 horas.
La Policía ha vuelto a situar esta tarde a los manifestantes en la acera de enfrente de los juzgados. Desde casi una hora antes de la citación a Gómez y los otros dos investigados, medio centenar de personas han respondido a la convocatoria de HazteOir, la organización ultracatólica que dirige la acusación popular y que dirige las protestas en el exterior cuando la esposa del presidente acude a los juzgados. A la hora en la que estaba fijada la vista, a las 18:00 horas, los manifestantes ya eran un centenar. La manifestación se ha disuelto antes de las 19:30 cuando la comparecencia todavía no había acabado.
Durante las apenas dos horas que ha durado la protesta, los concentrados han gritado las consignas habituales contra Sánchez y el PSOE, como “¿Dónde está Cerdán? En Soto del Real. ¿Quién será el siguiente? La mujer del presidente”. O “Pedro, Pedro, Pedro, tu mujer es una corrupta y tú también”. Mientras, el camión pagado por HazteOir daba vueltas a Plaza de Castilla con la música de ‘El Padrino’ y una foto de Begoña Gómez. “Hoy, la Cosa Nostra está acusada”.
El Tribunal del Jurado
La decisión de citar a Begoña Gómez de nuevo en el juzgado para “concretar” la imputación del delito de malversación que podría derivar en un juicio ante un jurado popular es el último hito de una causa que el magistrado inició tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. En uno de sus primeros autos, el juez dejó claro que su pretensión era investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España” contenidos en esa denuncia.
Desde entonces, la causa ha ido expandiéndose a otras derivadas como la posible malversación en relación con las labores de la asesora de la Moncloa que se encarga de gestionar la agenda y la seguridad de la mujer del presidente del Gobierno. Esta es la vía que ha explorado el juez para elevar la causa al Palacio de la Moncloa y donde trató sin éxito de implicar a Bolaños en una maniobra que frenó el Tribunal Supremo. Los jueces del Alto Tribunal lo acusaron incluso de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al titular de Justicia, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial.
Tras el revés del Supremo, Peinado optó por enmendarse a sí mismo y acordó en pleno agosto investigar por ese delito tanto a Begoña Gómez como a la asesora tres meses después de rechazarlo de forma expresa. En su última resolución de este martes, Peinado reconocía que en un primer momento consideró que “no procedía” investigar a Begoña Gómez y a su asistente por ese delito. Pero no explicó su cambio de criterio y se limitó a decir que los procesos judiciales están sometidos a un proceso de “cristalización progresiva”.
Peinado había admitido en mayo, tres meses antes, que no había base para atribuir a Begoña Gómez delito alguno por el trabajo de la asesora porque no había indicios de que participara en su nombramiento y porque se había limitado a “hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales”. Respecto a la asesora, el juez escribió que “no se alcanza a percibir en qué medida” pudo malversar dinero público “por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada”.
Diligencias pendientes
El viernes, Peinado dictó un nuevo auto en el que daba traslado al presidente de la Audiencia Provincial la transformación del procedimiento en el Tribunal del Jurado. En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Peinado mantiene la convocatoria de este sábado y admite que reestan por practicar varias diligencias importantes, pese a lo que el magistrado ha dictado ya la transformación del procedimiento.
Estas diligencias pendientes son un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los correos aportados por el ex vicedecano de Relaciones Institucionales de la Complutense, en los que supuestamente la asistente de Gómez escribe de parte de su jefa; la aportación por Moncloa de los correos electrónicos de lo que Peinado llama “correo institucional” de la mujer del presidente; y mensajes otros que debería aportar Presidencia del Gobierno con el Instituto de Empresa.
