La fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que pide que Fernando Peña, director del despacho Nummaria y asesor fiscal de Ana Duato e Imanol Arias, entre otros, ingrese de inmediato en prisión. La fiscalía cita el artículo de la ley que prevé estos ingresos en prisión aunque la sentencia no sea firme cuando, entre otras circunstancias, hay riesgo de fuga. Peña fue condenado el lunes por la Audiencia Nacional a penas que suman 80 años de prisión . La Audiencia verá el caso el jueves, donde deberá comparecer Peña, inspector de Hacienda en excedencia y asesor fiscal de famosos en España durante décadas.
El pasado lunes, la Audiencia Nacional falló el caso Nummaria, la macrocausa por delito fiscal juzgada en septiembre pasado. La fiscalía pedía cárcel para Ana Duato e Imanol Arias por usar este despacho para eludir al fisco. Como adelantó este diario, Arias pactó con la fiscalía una pena que evitara el ingreso en prisión y Ana Duato peleó y acabó absuelta.
El núcleo del caso era Fernando Peña, un prestigioso asesor, que había sido vicedecano del colegio de Economistas de Madrid y que ya en 2002 fue detenido por crear una red de sociedades en el extranjero y fue indultado en 2009. Él ofrecía un sistema para fraccionar la renta de forma vitalicia y pagar menos impuestos. El sistema fue muy apreciado por parte de los artistas que se iban dando su número. En el juicio declararon clientes como Marta Robles o Carmen Posadas, que no fueron acusadas de delito fiscal, que exige dolo y una cantidad mínima defraudada de 120.000 euros.
Según la sentencia, ya desde el año 2000, Peña “facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos”.
El despacho, continúa, “no solo diseñaba las operaciones de fraude fiscal y de ocultación de patrimonios de sus clientes, sino que ponía a su disposición las sociedades instrumentales necesarias para llevar a cabo el mismo y realizaba actuaciones de gestión de las mismas”. Para ello, creó un entramado de sociedades en Costa Rica e Inglaterra, pero también en Canadá, Uruguay y Luxemburgo y eludió el pago de unos 10 millones de euros en IRPF y seis millones en IVA.
En total, fue condenado a 32 años por los delitos fiscales que cometió para eludir sus impuestos y otros 48 años como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda pública cometidos por sus clientes. La condena de 80 años fue recibida como un shock, aunque solo cumplirá, como máximo, el triple del mayor de los delitos individuales por el que fue condenado.
Con el fallo, la Fiscalía Anticorrupción no ha levantado el pie. El mismo día que la sentencia fue notificada, Tomás Herranz, el fiscal encargado del caso, presentó un escrito solicitando prisión provisional para Fernando Peña. Considera que se dan los requisitos previstos en la ley para ingresar en prisión aunque la sentencia no sea firme, como el riesgo de fuga o posibilidad de destrucción de pruebas. Un día después, el martes 7 de julio, la Audiencia citó a Peña junto a su defensa y al fiscal para valorar ese ingreso en prisión.
Peña no es el primer inspector de Hacienda en excedencia condenado por delito fiscal. En 2023, la justicia condenó a Joaquín Arespacochaga, hijo del último alcalde franquista de Madrid e inspector del fiscal en excedencia, por fingir su residencia en Luxemburgo.
