La irrupción de Vox en el espacio político en 2013 y su crecimiento en las urnas a partir de 2018, coincidiendo con el hundimiento del PP, impulsó un proceso de radicalización de las derechas que pese a haber compartido gobiernos autonómicos y municipales en todos estos años pugnan por el mismo electorado en cada cita con las urnas. Esa derechización hizo que los discursos y programas de PP y Vox fuesen asimilando postulados radicales y, entre otros asuntos, situaran en el centro de sus ataques a los inmigrantes, un colectivo al que responsabilizan sin pruebas de problemas que van desde el paro juvenil hasta la violencia machista u otros delitos como robos y okupaciones.
Las derechas han intentado inocular en la sociedad esa vinculación entre inmigración y delincuencia que ahora ha impulsado a grupos ultras a lanzarse a la “caza” de migrantes en Torre Pacheco (Murcia), provocando varias jornadas de violencia y disturbios de los que tanto Vox como PP evitan responsabilizar directamente al racismo o la xenofobia.
Pero incluso en las últimas jornadas, mientras las calles del municipio murciano padecían la violencia ultra y se llenaban de fuerzas de seguridad, las dos derechas han mantenido esos mismos mensajes que alientan las actitudes xenófobas. “No queremos gente así en nuestro país. Les vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno”, dijo el domingo José Ángel Antelo, el líder de Vox en la Región de Murcia. “A España se entra a trabajar. Aquí no se viene a delinquir, ni a violar, ni a asesinar ni a hacer ningún juego macabro contra nuestros ancianos, que es pegarles palizas, grabarlas en redes sociales para distribuirlas entre los magrebíes”, añadió, según informa La Verdad.
“Advertimos de lo que iba a pasar, que los españoles se iban a cansar de seguir pagando esa inmigración ilegal que, en muchos casos, es la misma que agrede a nuestros ancianos en las calles, la misma que agrede a los homosexuales y viola a nuestras hijas en las calles”, remarcó el mismo Antelo que exige al PP la retirada de las leyes de Igualdad o las que amparan los derechos de las personas LGTBI.
Desde su nacimiento hace ya 12 años, Vox lleva en su programa la vinculación entre migración y delincuencia que enciende la mecha de la xenofobia en las calles. Según reflexiona la extrema derecha en el texto con el que concurrió a las generales de 2023, la inmigración afecta a “las familias españolas que sufren la inseguridad y la degradación en sus barrios”. “España debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado fracasado en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos españoles. La inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación”, apunta el programa de Vox.
En una línea muy similar, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó este miércoles a utilizar datos falsos para relacionar migración y delincuencia. En un acto en El Escorial dijo que “España es donde más inmigración irregular ha entrado en 2023, 2024 y veremos 2025”, aunque, según la ONU, en 2023 entraron en Italia más de 157.000 inmigrantes irregulares, mientras en España, algo menos de 57.000; en 2024, Italia recibió casi 67.000 inmigrantes, por 63.970 en España, y en los primeros seis meses de 2025 se han contabilizado 32.820 entradas en Italia, por menos de 19.000 en España. Este año, Grecia también supera a España. “La inmigración no da carta blanca para cometer delitos”, añadió, además de recurrir al reciente discurso de Vox que intenta asimilar a migrantes plenamente legales, irregulares e incluso a los niños ya nacidos en España. “Tenemos más de seis millones de migrantes censados, más los irregulares más los hijos de migrantes”, dijo Feijóo.
El martes el líder del PP pidió a los migrantes que lleguen a España “respeto e integración”. El PP envió un vídeo enlatado de su máximo jefe en el que volvía a vincular delincuencia e inmigración. “Quienes hayan cruzado nuestras fronteras para quebrantar la ley no nos representan, quienes la incumplen habiendo nacido aquí, tampoco”, dijo en la misma línea de Vox. Relacionar criminalidad y migrantes es una constante en el discurso del principal partido de la oposición desde que Pablo Casado tomó las riendas del partido, en 2018, y que ha mantenido Feijóo desde su llegada a la presidencia de los populares, en 2022, pese a presentarse inicialmente como adalid de la moderación.
“La única manera de garantizar seguridad es con políticas migratorias razonables”, aseguró el portavoz del partido, Borja Sémper, en rueda de prensa, el lunes. “El que viene a nuestro país a delinquir no tiene hueco”, añadió. El propio Alberto Núñez Feijóo ciñe lo ocurrido en Torre Pacheco a un problema de “seguridad” y no de xenofobia o racismo. “No hay convivencia sin seguridad. Seguridad para caminar tranquilos, tranquilas, por las calles de España”, afirma él.
Feijóo: “¿Cómo lo ilegal va a tener derechos?”
El pasado día 6, tras ser refrendado como presidente por su partido en el XXI Congreso Nacional del PP, Feijóo ya aventuró que la vinculación entre la migración y la delincuencia iba a seguir siendo uno de los ejes de su discurso en los próximos años. Primero pidió “reducir la inmigración ilegal”. Y se preguntó: “¿Cómo lo ilegal va a tener garantías? ¿Cómo lo ilegal va a tener derechos?” Con sus palabras trata de justificar así que las personas que lleguen en situación irregular no puedan ni siquiera ser atendidos por un médico de la sanidad pública. “A quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad: aquí no”, agregó.
La teoría es idéntica a la de Santiago Abascal. El lunes, el máximo líder de Vox elevaba el tono en rueda de prensa tratando de expresar aún más dureza contra los migrantes, a los que vinculó, como Feijóo, a la delincuencia. Para él, la “caza” al migrante impulsada por grupos extrema derecha en Torre Pacheco no es lo que ha provocado la violencia xenófoba en la localidad murciana. Se debe, según dijo, a la propia inmigración. Los disturbios son, para él, “las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal, que trae aumento de violaciones, aumento de la criminalidad”.
El lunes de la semana pasada, solo unos días antes de que estallara la violencia en Torre Pacheco, una de las diputadas de Vox, Rocío de Meer, llegaba a plantear un concepto acuñado por los principales líderes de la ultraderecha internacional como el presidente estadounidense, Donald Trump, o el argentino Javier Milei: habló de la “remigración”. La parlamentaria planteó una expulsión masiva de migrantes de España, e incluso de ciudadanos españoles con ascendencia extranjera.
Este fue su razonamiento: “Lo que nosotros denunciamos desde el principio es que si en los años 90 el porcentaje de población extranjera en nuestro país era más o menos de entre el 1% o el 2%, hoy estamos asistiendo a millones y millones de personas que vinieron desde los años 90 hasta ahora alentados por el bipartidismo. Están abiertas nuestras fronteras. Por lo tanto, de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país más o menos más de siete millones –porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación–, ocho millones de personas han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo”. Como para ella es “extraordinariamente difícil” que esas personas puedan “adaptarse” a lo que Vox considera “usos y costumbres” españolas, se las debe expulsar.
“Estamos viendo que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, barrios y plazas también ha cambiado y no es la misma”, aseguró. “Por lo tanto, todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos tendrán que volver a sus países”, zanjó.
Casado, en 2018: “No hay papeles para todos”
Además de Vox, el PP lleva dando vueltas a esa misma idea desde hace siete años. En julio de 2018, apenas unos días después ser elegido líder de los populares, Pablo Casado aseguró que “no es posible que haya papeles para todos y que España pueda absorber millones de africanos”. Con datos falsos, el entonces presidente del PP aseguraba tener estudios “policiales” que nunca enseñó– que decían que había “un millón de inmigrantes en las costas libias” esperando para viajar a España o que había ONG que calculaban que había “50 millones de africanos recabando dinero para poder hacer esas rutas” hacia la península.
El temor a la migración fue una constante durante su mandato y tras ser expulsado por Feijóo en 2022, este también lo hizo suyo cuando llegó la hora de hacer campaña. En 2024, cuando hubo elecciones catalanas y europeas, Feijóo estableció una cadena causal entre la “inmigración ilegal” y la “okupación” y en Catalunya pidió el voto “a todos aquellos que se dan cuenta de que Catalunya tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España”. Un mes más tarde se celebraron las europeas. Feijóo alabó a Giorgia Meloni y arremetió contra “los que eligen Europa para delinquir e infringir” los “valores” de la UE, justamente el mismo discurso que pronunció Rocío de Meer la semana pasada. “Aquí se viene a trabajar y a aceptar en igualdad de derechos y deberes. No para delinquir ni reincidir”, dijo.
En su estrategia, los presidentes nacionales del PP siempre han contado con el apoyo de una de las dirigentes del PP más afín con las ideas de la extrema derecha: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La semana pasada ella dijo que el de la llegada de “migrantes” es un “problema” que ha sido “provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país”. En los últimos meses, ella ha llegado a equiparar los problemas de la heroína en los años 80 con la llegada de menores migrantes y este lunes, preguntada por los ataques ultras de Torre Pacheco, Ayuso se limitó a señalar que “siempre que gobierna aumenta la inseguridad”, sin condenar la xenofobia ni los mensajes racistas y obviando los datos oficiales sobre criminalidad, que evidencian que los delitos se han reducido desde que está en la Moncloa el Gobierno progresista.
La tasa de criminalidad, de acuerdo con los balances trimestrales que publica el Ministerio del Interior, es de 50,6 infracciones penales por cada mil habitantes, muy por debajo de países como Suecia, Reino Unido, Dinamarca o Alemania. Los datos del INE del año 2023 revelan además que el 73% del conjunto de delitos cometidos en España (291.480 de los 403.194 registrados) fueron cometidos por ciudadanos con nacionalidad española. El balance constata, por ejemplo, que de los 1.046 homicidios que se cometieron en todo el territorio nacional durante el año 2023, el 70,6% (739) fueron cometidos por españoles, mientras que en el caso de homicidios por imprudencia, el número de delitos cometidos por nacionales se dispara hasta casi el 80% (411 de 520 casos registrados).
Pese a los datos, los mensajes contra los migrantes de PP y Vox se han trasladado a los territorios en los que gobiernan hasta el punto que fue la acogida de menores llegados de distintos países a lugares saturados como Canarias, Ceuta o Melilla, que inicialmente fue aceptada por el partido de Feijóo, la que hizo que la extrema derecha saliera de los gobiernos de seis comunidades autónomas en las que su apoyo sigue siendo necesario para el PP, con el que también gobierna en centenares de ayuntamientos. Un año después de esa amenaza consumada, los gobiernos populares siguen sin acoger a los menores migrantes que les corresponden, según el reparto que hizo el Gobierno.
