El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto, ha pedido autorización a la Mesa del Congreso para poder participar telemáticamente desde la cárcel en las votaciones que tendrán lugar este jueves en el Pleno de la Cámara Baja. Pero el Tribunal Supremo acaba de avalar la decisión del magistrado Leopoldo Puente de procesarle junto con su exasesor Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia, por lo que la Mesa del Congreso tiene previsto reunirse al final del Pleno de este miércoles para suspender oficialmente los derechos de Ábalos como diputado.
El entorno de Ábalos había difundido a través de su cuenta de ‘X’ que ha solicitado a la Cámara votar telemáticamente. El exministro se aferra a una reciente reforma del reglamento del Congreso que habla de “situaciones excepcionales de especial gravedad” como excepción para conceder el voto telemático a los parlamentarios.
El diputado subraya que la norma no especifica el motivo de dicha situación excepcional y asegura que no concederle autorización sería “una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía”.
Pero fuentes parlamentarias han explicado minutos después que el Tribunal Supremo ya “ha notificado al Congreso el auto que desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto” por Ábalos. “Por tanto, se confirma el mismo, que adquiere firmeza, y la Mesa del Congreso se reunirá hoy al acabar la sesión plenaria en el Salón de Ministros con el fin de aplicar el Reglamento”. Se trata del artículo 21 el que dice que “los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”.
El juez confirmó hace varios días su decisión de enviar a Ábalos a “prisión provisional comunicada y sin fianza”. No obstante, el Congreso evitó suspenderle directamente de sus derechos a la espera de que el auto de procesamiento contra el exministro fuera firme. El Supremo tenía previsto deliberar sobre los recursos presentados contra esa decisión el 4 de diciembre y ha comunicado su decisión finalmente este miércoles.
El Congreso ha procurado ser garantista en sus decisiones de los últimos días e interpretar el reglamento sobre este asunto de forma escrupulosa, para evitar vulnerar los derechos del todavía diputado en una situación inédita.
