El abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha abierto el turno de informes finales con la solicitud de que el fiscal general sea condenado a cuatro años de cárcel y con la afirmación de que fue él quien filtró a los periodistas que Alberto González Amador había confesado su fraude fiscal de 350.000 euros. El letrado ha apuntado a una actuación conjunta de la Fiscalía, el Gobierno e incluso los medios de comunicación para conseguir el “uso político” del correo “por parte de los rivales políticos de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, que “no ha cesado” y tiene una “intensidad gubernamental”.
El letrado ha sido la primera acusación en plantear sus conclusiones finales antes de que el juicio quede visto para sentencia. En un primer relato de los hechos, ha afirmado que fueron Álvaro García Ortiz y su jefa de prensa los que, en la noche del 13 de marzo, ya sabían que existía una propuesta de conformidad y lo filtraron a la prensa mientras elaboraban una nota de prensa. Las pruebas demuestran que el fiscal general no recibió el correo en su propio mail hasta las 21.59 horas de esa noche, pero el letrado de González Amador asegura que antes los dos “ya habían transmitido a los medios la información de que disponían”.
El letrado ha esquivado que el único contacto conocido entre Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que primero desveló el correo, y el fiscal general es una llamada de teléfono no contestada por parte de García Ortiz. Ha especulado entonces con que el hecho de que ninguno de los tres haya mostrado sus mensajes “entre ellos” apunta a su culpabilidad: “Si no es su fuente no ha tenido comunicación, déjemelo ver, ¿qué problema habría para el secreto de las fuentes?”.
Según el abogado se puso en marcha una “máquina de blanqueo” para que la Fiscalía, un día después, pudiera hacer un comunicado usando ese correo sin exponerse a consecuencias porque, horas antes, ya había sido publicado por los medios. Conclusión que ha extendido a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, y Juan Lobato. “El mecanismo de blanqueo para uso político”.
El letrado ha dedicado también varios minutos a explicar que, en su opinión, existió una acción coordinada de la Fiscalía, el Gobierno y los medios para perjudicar al comisionista y la presidenta madrileña: “Se transmite que es un delincuente confeso, se tiene una sentencia popular de condena antes de que exista un procedimiento penal, ya era el delincuente confeso”.
Las consecuencias para el empresario, añade, son “que te marquen como moneda política del Gobierno de España, arrasa con el derecho a la intimidad, y en el proceso penal arrasa la presunción de inocencia y el derecho de defensa”. Ha omitido que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado sus demandas económicas a políticos que se han referido a él en esos términos y que su defensa, ejercida por él mismo, siguió negociando con la Fiscalía después.
Rodríguez Ramos, que también representa a la pareja de Ayuso en su proceso penal de fraude fiscal, ha cargado contra varios medios explicando que no otorga credibilidad a sus testimonios, sacando a colación varios tuits de los informadores sobre la causa. “Sus afirmaciones carecen de capacidad probatoria alguna”, ha dicho sobre los informadores.
El abogado también ha despreciado el hecho de que el correo estyuviera a disposición de 16 personas en la Fiscalía durante más de un mes antes de su filtración: “Lo que no nos van a decir es que el correo se envió a la dirección indicada por Fiscalía de acuerdo con los procedimientos fijados para este tipo de trámites, y permiten ver la trazabilidad”. “Se nos habla en abstracto, no se nos concreta a nadie”.
