El Partido Popular, que gobierna las comunidades autónomas más afectadas por la ola de incendios, se ha pasado la última semana intentando confundir sobre cuál es la administración encargada de gestionar la extinción de los fuegos lanzando nuevas acusaciones contra el Gobierno, al que desacredita desde su conformación y trata de desgastar ante cualquier acontecimiento o tragedia. El propio Alberto Núñez Feijóo interrumpió su descanso estival para asegurar que el Ejecutivo estaba llegando “tarde” a la lucha contra los incendios y desde su equipo se llegó a utilizar la tragedia medioambiental para culpar a Moncloa de las consecuencias que provocó la dana de Valencia el pasado octubre. La normativa vigente, sin embargo, es clara: en España la competencia para la extinción de incendios es de las comunidades autónomas que, según las leyes, pueden además pedir ayuda adicional al Gobierno en el caso de necesitarlo.
“Son las comunidades autónomas las que están tirando del carro con un Gobierno que está como siempre diciendo que si lo necesitan que lo pidan”, se lamentó el miércoles el coordinador general del PP, Elías Bendodo, aunque lo que él denunció es exactamente lo que contempla la ley: que deben ser los gobiernos autonómicos los que soliciten más medios al Ejecutivo si lo creen oportuno. Feijóo, por su parte, aseguró a principios de semana que “el Gobierno sigue de vacaciones”, cuando ya se habían desplegado efectivos estatales en los incendios más graves.
El jueves el PP escaló el tono de sus acusaciones. Génova 13 convocó a los medios a una comparecencia de la vicesecretaria de Política Social, Carmen Fúnez, que enseñó a la prensa un supuesto documento del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, según dijo, se trataba del contrato “para poder tener efectivos que den respuesta a la situación de incendios que iba a vivir España este verano”. “Lo que dice en uno de sus párrafos es que el total de aeronaves previstas en este expediente del año 2025 asciende a 42, cinco aeronaves menos que las que se venían contratando hasta la fecha”, apuntó. Según dijo, esa reducción se habría producido por la incapacidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales de 2025.
El Gobierno reaccionó en cuestión de minutos y acusó al PP de difundir información “falsa”. “La realidad es que el número de aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para esta campaña asciende a 56”, explicaron fuentes del departamento de Sara Aagesen. “El PP ha utilizado un solo contrato de los varios contratos efectuados por el Ministerio en el contexto de la campaña de incendios”, recordaban desde el ministerio, que también enfatizó en que el presupuesto destinado a la extinción de incendios forestales ha experimentado “un incremento del 29% respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 109,3 millones de euros frente a los 84,4 millones de 2024”.
Este sábado, Feijóo volvía a reclamar al Ejecutivo más medios y solicitaba la intervención del Ejército más allá de la UME. La respuesta del ministro Óscar Puente no tardaba en llegar: “Todo esto que pide ya se está haciendo. Pero a él le da igual”.
Después de que las comunidades autónomas afectadas solicitaran su ayuda al Gobierno, este sábado había desplegados más de 1.400 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) luchando contra las llamas, otros 2.000 en tareas de apoyo y otros 450 medios de la misma unidad activados. También están participando en las labores de extinción militares de los ejércitos de Tierra y del Aire. Solo en lo que va de semana, el Ejército del Aire ha realizado más de 375 horas de vuelo y 1.077 descargas de agua.
A ello se suman 5.000 guardias civiles y 350 agentes de la Policía Nacional, así como medio centenar de aeronaves y ocho helicópteros, entre otros efectivos. La competencia en materia de extinción corresponde a las comunidades autónomas en virtud de sus atribuciones en materia de protección civil y gestión forestal. La normativa establece, no obstante, que la administración estatal puede reforzar esos operativos ya sea aportando sus propios medios o coordinando los que aporten otras administraciones, incluida la ayuda internacional.
De hecho, el jueves aterrizaron en el aeropuerto de Santiago de Compostela los dos aviones-cisterna Bombardier CL-415 enviados por Francia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil para apoyar las labores de extinción de los incendios activos. Este domingo se sumarán a las labores de extinción dos aviones cisterna Canadair italianos llegados a nuestro país en la tarde del sábado. La distribución de esos medios debe hacerse en todo caso, sobre la base de criterios técnicos y de solidaridad interterritorial, para que actúen donde sean más necesarios.
Gravedad potencial
En todo caso, según recogen la ley de montes y desarrollan los diferentes estatutos de autonomía, que tienen rango de ley orgánica, son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en materia de prevención y extinción de incendios. Fuentes del Ministerio del Interior explican que el “principio general” es que la competencia ante una emergencia es de las comunidades, pero cuando una de ellas ve superada su capacidad de respuesta puede solicitar medios al Gobierno central o a otras comunidades.
De hecho, es la autoridad competente de cada autonomía encargada de decidir la gravedad potencial de cada fuego en función de criterios meteorológicos, topográficos, de extensión o de medios con los que se cuente, según recoge la directriz de planificación de protección civil por incendios forestales. Esa declaración va desde el nivel 0 —cuando afecta solo a bienes forestales y es controlable con medios locales— al 3, en el que se aprecia una amenaza grave a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia.
El nivel 3 sólo puede ser declarado por el Ministerio del Interior y siempre que el fuego suponga una amenaza de máxima gravedad a núcleos de población, infraestructuras o masas forestales y su extinción desborde los medios autonómicos. Y supondría una declaración de emergencia de interés nacional. Fuentes de su departamento explican que la única vez que se ha adoptado una medida similar fue como consecuencia del apagón a petición de distintas comunidades.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, afirmó este miércoles en una entrevista en Cuatro que, por el momento, no hay “ningún planteamiento al respecto”, aunque todo dependerá de cómo vayan evolucionando los incendios activos.
En paralelo, la ley de montes también establece que los municipios ubicados en las llamadas ZAR —zonas de alto riesgo de incendio— deben tener un plan específico para evitar que se produzcan o proliferen los incendios. Perseguir la elaboración, cumplimiento y supervisión de esos planes también depende de las autonomías. La ONG Greenpeace ha denunciado esta semana el listado ZAR de la Comunidad de Madrid, lo que eximía a municipios como Tres Cantos de adoptar un plan de actuación municipal ante emergencias por incendios forestales. Esta es una información que la organización solicitó en 2022 a la Comunidad de Madrid y que no se ha actualizado desde entonces.
