El ingreso mínimo vital (IMV) sigue sin tener reglamento, cinco años después de la creación de la renta mínima estatal, como ha advertido recientemente el Tribunal de Cuentas a la Seguridad Social. El organismo fiscalizador destaca que, entre otras medidas en favor de las personas beneficiarias de la ayuda, la falta de ese desarrollo reglamentario supone que no se hayan llegado a desplegar nunca los aumentos de la prestación que prevé la ley del IMV para situaciones de coste del alquiler elevado, algo “especialmente relevante en el contexto actual”, subraya el Tribunal.
En concreto, la Ley del ingreso mínimo vital recoge en su artículo 13 que “reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías” de la prestación cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual “superiores al 10% de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia”.
Estos aumentos de la ayuda no se han llegado a desarrollar ni a aplicar, al carecer de un desarrollo legal de la medida. Tampoco otras vinculadas al reglamento, como el aumento de beneficiarios entre menores de 23 años, ni se han concretado ciertos criterios de gestión del IMV, que “favorece la adopción de criterios heterogéneos en las resoluciones adoptadas por los diversos órganos que la gestionan y controlan”, sostiene el Tribunal de Cuentas.
“Hemos trasladado la necesidad de un complemento para la vivienda al IMV. En Euskadi ese complemento existe y está articulado con su renta autonómica. Es un ejemplo de cómo puede funcionar este tipo de complementos. En el contexto que estamos teniendo desde hace años, de vivienda y de coste de vida, poder de alguna manera fortalecer el alcance y la capacidad protectora de la prestación es muy importante”, explica a este medio Helder Ferreira, responsable de Asuntos Europeos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN).
Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social responden que han “priorizado el desarrollo reglamentario de cuestiones concretas que eran más urgente”. Así consideran la Comisión de Seguimiento del IMV (con todas las CCAA y hasta 18 ayuntamientos, los mayores de toda España), el desarrollo del incentivo al empleo, aprobado en 2022, y “el sello social para que las empresas se vinculen a los proyectos e itinerarios de acompañamiento que hacen falta a los beneficiarios”, enumeran.
Respecto a la vivienda, el Ministerio no responde sobre cuándo prevé aprobar estos aumentos de la cuantía del IMV previstos en la ley. El departamento que dirige Elma Saiz destaca que ha puesto en marcha “una línea específica dentro del Fondo de Impacto Social (FIS), dotada inicialmente con 50 millones de euros, con el objetivo de fomentar soluciones habitacionales estables para colectivos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital”.
Esta línea de financiación prevé alcanzar a “más de 2.000 personas”, que “podrán acceder a una vivienda digna en entornos urbanos y rurales”, sostiene el Ministerio, que destaca que “no solo garantiza un hogar, sino que también impulsa la inclusión social y contribuye a la lucha contra el sinhogarismo y la despoblación”. Según la última nómina de la prestación, había 752.469 hogares que percibían el ingreso mínimo vital, en los que viven casi 2,3 millones de personas.
Alerta sobre la vivienda como “factor empobrecedor”
Como el Tribunal de Cuentas, asociaciones y colectivos especializados en la lucha contra la pobreza consultados, como la EAPN y ATD Cuarto Mundo, urgen a la Seguridad Social a aprobar este complemento del IMV para paliar el alto coste de la vivienda, ante el actual contexto de precios elevados (y en particular los alquileres), que lastran las economías de un gran número de hogares en España, pero que impacta más en los hogares en riesgo de pobreza.
Lo ideal, indican las ONG, sería aprobarlo a través de un reglamento, que además no requiere de aprobación parlamentaria. Esta regulación, añaden las entidades sociales, se requiere para muchas otras cuestiones, aunque “se podría aprobar sin un reglamento, como se ha hecho con muchas otras cosas, con modificaciones en la ley”, sostiene Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo.
“La vivienda es un tema que nos preocupa mucho”, subraya José Javier López, director de EAPN-ES, red de ONG contra la pobreza que en los últimos años está focalizando sus alertas sobre la vivienda como un “factor empobrecedor”: empuja a la pobreza a miles de hogares y agrava la situación de quienes ya están en esta situación de vulnerabilidad económica.
Es un problema que alcanza a un alto porcentaje de la población, ya que aunque la pobreza ha descendido, aún alcanza en España una de cada cuatro personas (25,8%). Es decir, unos 12,5 millones de personas, que viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
En la actualidad, hay “una creciente dependencia de la población en situación de pobreza respecto al mercado del alquiler”, destaca la EAPN, lo que refleja una mayor dificultad de acceso a la propiedad, pero que también está convirtiendo “el pago de la vivienda en un factor de empobrecimiento acumulativo: no sólo por lo que se paga, sino por todo lo que impide”, recoge el último informe del Estado de la Pobreza de la organización.
Aquellas personas en situación de pobreza que viven en alquiler a precio de mercado destinan de media “un 54% de sus ingresos a la vivienda”, cifra la EAPN con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). En contraste, las que residen en propiedad destinan un 28%, “lo que, si bien sigue siendo una carga significativa, es considerablemente inferior”, recoge el estudio.
Este gran peso del coste del alquiler para los hogares en pobreza se visibiliza también con otros datos. Por ejemplo, se suele considerar que los gastos totales en vivienda suponen una “carga elevada” o “excesiva” cuando representan el 40% o más de la renta. “En 2024, seis de cada diez personas en pobreza que vivían de alquiler a precio de mercado (60,5%) tenían un gasto elevado, frente al 13,1% del resto de la población”, destaca la EAPN.
La EAPN refleja también lo que supone atender a este gasto a través de la cantidad de ingresos que queda disponible una vez pagada la vivienda, en términos absolutos. “En 2024 las personas en pobreza tras pagar el alquiler disponían de media de 333 euros”, frente a los 1.205 euros mensuales del resto de la población, recoge el estudio.
“Buscando la solución ideal, no hay ninguna”
Con la mayoría de competencias sobre vivienda transferidas a las Comunidades Autónomas, y también gran parte de las que alcanzan a la atención a personas en pobreza, las entidades sociales reclaman la colaboración de las distintas administraciones públicas para abordar este problema de manera transversal, con medidas a corto y largo plazo.
Por ejemplo, aumentar el parque de vivienda social y facilitar el acceso a estas de las personas más vulnerables, entre las que se encuentran las perceptoras de rentas mínimas. “Pero también tiene que haber soluciones a corto plazo, que aborden el presente, la situación de cientos de miles de personas que se están encontrando con un difícil acceso a la vivienda”, sostiene José Javier López.
“Buscando la solución ideal, no hay ninguna”, lamenta por su parte la activista Hontanares Arranz, que considera el complemento económico por vivienda un primer paso, que supondría una ayuda inmediata a los hogares, especialmente en las zonas tensionadas por los altos precios del alquiler.
El gasto en vivienda es el primero para los hogares que perciben el IMV, “sin vivienda no existes”, sostiene Arranz, y cuando no hay manera de pagar un alquiler, muchos hogares se ven obligados a recurrir a opciones más precarias, “como el hacinamiento o subarriendos, y a la economía sumergida” para afrontar los gastos. “La insuficiencia de las prestaciones fomenta la economía sumergida”, insiste la activista.
Las ONG ponen el foco también sobre muchas Comunidades Autónomas, especialmente Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, entre otras, que en lugar de utilizar sus competencias y sus rentas mínimas autonómicas contra la pobreza para complementar el ingreso mínimo vital (llegando a otros colectivos o reforzando las cuantías del IMV, por ejemplo, para afrontar estos gastos de vivienda), han reducido mucho sus inversiones.
“Es muy grave. En Servicios Sociales cae todo lo que no está resuelto. El sentir general es que están en la guerra con este tema de la vivienda, que no hay recursos, no hay alternativas… Vemos situaciones muy dramáticas”, denuncia Hontanares Arranz, también trabajadora social en la Comunidad de Madrid.
