“Es inaceptable utilizar a los migrantes o los refugiados como arma política”, espetó el arzobispo de Santiago frente a Alberto Núñez Feijóo el pasado 25 de julio en la misa del Apóstol. El líder del PP lleva meses flirteando con la supuesta dicotomía migrantes/seguridad, pese a que en los últimos 20 años se ha duplicado el número de extranjeros en España mientras ha caído la tasa de criminalidad.
Tan solo tres días después de que el arzobispo hiciera una defensa de los derechos humanos y una crítica a quienes quieren vincular la inmigración a los problemas, el líder del Partido Popular volvió a arremeter con la misma idea en su comparecencia pública tras el comité ejecutivo en Génova: “En materia de inmigración se ha enviado un mensaje letal, que aquí se puede llegar de cualquier manera y que se puede estar de cualquier manera, sin integrarse ni respetar. Tenemos derecho a un país seguro, en el que impere la ley”, dando a entender que no lo tenemos.
La mecha de los disturbios en Torre Pacheco se ha apagado de momento, pero no la del uso político de la inmigración como problema, algo que alimenta y hace saltar emociones de odio y racistas, alertan los expertos. Después de Murcia, llegó la campaña por el joven que había quemado a su novia en Canarias o la ira por la votación en el Congreso para financiar la atención a menores no acompañados. Como prueba mediática reciente de que la inmigración se ha instalado en la agenda pública, la campaña de odio contra el futbolista Iñaki Williams hace unos días, después de que dijera en una rueda de prensa que la “ultraderecha está de moda, pero los que tenemos voz seguiremos callando bocas y derribando barreras”. Acto seguido, grupos y perfiles de extrema derecha empezaron una campaña de acoso e insultos. El partido Vox entró también a desautorizar sus palabras, sugiriendo que no forma parte del colectivo de “los españoles” y no los representa por ser “multimillonario”.
“Hay una competición entre PP y Vox. La extrema derecha se caracteriza por ser más dura en el tema de la inmigración, además no tienen responsabilidades de gobierno”, explica el politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón. “Son percibidos como eficaces cuando se habla de seguridad y la derecha tradicional comete el error de entrar a hablar de esto para que Vox no se apropie del tema, y eso favorece a Vox, que es el actor percibido como más competente en ese asunto y el que consigue colocar el tema que más le favorece”. ¿Y qué pasa con las izquierdas? “Tampoco son vistas como competentes en el ángulo de la seguridad y no han encontrado aristas distintas a esa o a la de los derechos humanos. Los colectivos obreristas tradicionales abandonan a la izquierda tradicional porque perciben que es más posible y eficaz que se eche a inmigrantes a que se pongan cuatro médicos más para atenderlos en tu barrio”.
Feijóo subió sin ambages en 2024 a la ola de la vinculación inseguridad/migración y no se ha bajado, teniendo como hito el reparto de los menores de Canarias, cuyo acogimiento se ha presentado desde el principio como un problema indeseado por parte de las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales están gobernadas por el Partido Popular. La baronesa Isabel Díaz Ayuso llegó a extender un bulo sobre violaciones en Alcalá de Henares que no se habían producido. Hace unos días, la alcaldesa popular de Pozuelo ha favorecido que se cierre el centro que acogió a ucranianos refugiados de la guerra en el momento en el que se iba a utilizar para alojar a menores africanos.
Después de los disturbios y “caza al inmigrante” en Torre Pacheco este verano, Feijóo no dio señales de querer bajar el fuego xenófobo que inundaba las redes y dijo en un curso de la universidad CEU San Pablo que “la inmigración no da carta blanca para cometer delitos” y que en Torre Pacheco hay “un nivel de delincuencia muy superior a la media” porque “hay inmigrantes que no trabajan, jóvenes que no quieren trabajar ni estudiar”. La tasa de criminalidad en esa localidad murciana está en la media y son las ciudades más pobladas de España donde se cometen más crímenes.
Como señalan expertos en migraciones, la sobrerrepresentación de extranjeros en ciertos delitos (sobre todo hurtos y robos) tiene relación con la pobreza, no con la raza o el país de nacimiento. “Hay un factor edad, porque entre migrantes la media de edad es más joven. Además, tienen más tasa de riesgo de pobreza. También los paran más en controles y registros –un latino tiene 3,5 veces más de probabilidad de que le paren, un negro tiene seis veces de probabilidades más y un gitano, 10–”, apuntaba la experta Andrea Ruiz, doctora en Antropología y directora de la Fundación Begirune del País Vasco.
“Estamos en la política de las emociones o la ira, a eso hay que sumarle el entorno digital y el algoritmo. Es una conversación que reniega de la racionalidad y las migraciones son un eje para esa ira, que también se expresa contra otros asuntos, como el cambio climático, la ciencia o la depreciación de sector público, es una corriente europea”, explica Rodrigo Fidel Rodríguez, investigador de la Universidad de La Laguna y autor del libro. “Estos mecanismos funcionan porque tienen un automatismo inconsciente, consumimos con las defensas cognitivas bajas, haciendo scroll y todo eso se sedimenta lentamente”.
De hecho, las plataformas y redes sociales son una de las preocupaciones del Gobierno, porque es donde se convocan cacerías y se expande el ideario racista. Pilar Cancela es la Secretaria de Estado de Migraciones y explica que trasladan a las plataformas el contenido racista que detectan con su monitoreo constante. Estas retiran un 35% aproximadamente de ese contenido tóxico y no siempre todo lo rápido que sería deseable. “Hemos acordado con las plataformas constituir un grupo de trabajo periódico que empieza en septiembre para ver cómo perfeccionamos el sistema para que la retirada se aumente. El impacto en nuestra vida y en los jóvenes es una realidad. Respetando las políticas de estas empresas, pero orientando a evitar delitos. Vemos que la realidad del día a día no se parece a lo que vemos en redes, pero nos condicionan el día a día”. Telegram, que tiene una protección de privacidad porque es mensajería personal pero donde se han convocado muchas de esas “cacerías” será también llamada a colaborar, explica Cancela.
138.000 mensajes de odio
En el episodio de Torre Pacheco, Oberaxe –el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia– detectó 138.000 mensajes de odio. Las palabras clave en esta monitorización fueron, por este orden, “paliza”, “mierda”, “machete” y “delincuente”. En este caso, solo el 22% de los mensajes de odio fueron eliminados por las plataformas, como refleja el informe específico.
“Cuando además hablan los políticos hacia esta dirección hay una espiral de confirmación y eso agrava el problema”, dice el experto Rodríguez, “por eso hay que dar la batalla de los datos, pero también apelar a la movilización de emociones en la otra dirección opuesta a la ira y el odio. Trabajar por contenidos que movilicen hacia la empatía, la solidaridad, que también es un sentimiento moral. No hay que renunciar a ello”. El reto es que para visibilizar eso hay que contar con los dueños de las plataformas, que de momento rentabilizan el negocio de la atención con algoritmos que abundan en sentimientos de otro tipo.
¿Esas amenazas en el mundo virtual, sumadas al blanqueo público de partidos políticos como Vox, dan como resultado más violencia en el mundo físico? En el Instituto Elcano están elaborando una base de datos para “dimensionar los actos violentos de extrema derecha y terrorismo” un problema del que se sabe poco de manera científica, explica el investigador Álvaro Vicente. “Alemania ha sido el país con niveles más altos de violencia de extrema derecha. Sin embargo, esos niveles se mantienen estables si los comparamos antes y después de la entrada del partido de extrema derecha AfD en el parlamento”. La relación entre un partido radical y la violencia de extrema derecha “no es fácil situarla”, explica. “Los partidos normalizan, reducen el estigma social, pero no estamos viendo con los medidores que tenemos que eso se traduzca en más violencia”.
La extrema derecha en España de momento está desorganizada, explica, son actores solitarios no estructurados pero que se organizan gracias a las redes: “Esto impide violencia letal, pero a la vez permite que se activen muchos más sujetos. La intensidad es menor pero el grado de activación es mayor”, explica el experto de Elcano.
Otra pregunta es cuánto cala en la sociedad el racismo o ideas xenófobas con el cóctel de partidos políticos que ponen el tema en primera línea como problema, sumado a altercados como los de Torre Pacheco, visibilización de los delitos cuando son cometidos por cierto tipo de extranjeros y el constante bombeo en redes sociales de contenido antinmigración. Según el último CIS de julio, los españoles consideran la inmigración el quinto de los “problemas” que les afectan, por detrás de asuntos económicos, vivienda, sanidad y paro. “Si desagregas la información por votantes de derecha, es el principal problema después de política”, explica el politólogo Simón. “Eso quiere decir que bajo el radar sí hay una preocupación, influida por temas nacionales e internacionales. Estamos viendo una mutación muy acelerada de Vox, que ha pasado de tener como tema principal la unidad española a la antinmigración”.
La preocupación aumenta al mirarse al espejo de otros países que van por delante de España, tanto en la proporción de población extranjera como en la explosión de la ultraderecha. En Reino Unido se cumple justamente un año de las brutales protestas racistas que la policía tardó semanas en sofocar y que pusieron en apuros al entonces recién llegado primer ministro. Sin embargo, también hay algunos datos que revelan que esa visión negativa de la inmigración, aunque sonora, no es mayoritaria. El propio Abascal tuvo que aclarar que los inmigrantes no iban a ser deportados como en EEUU tras las declaraciones de su diputada Rocío de Meer ante el rechazo que generó.
También una encuesta de la fundación de las cajas de ahorro Funcas reveló en enero que el 84% de los españoles está de acuerdo con la idea de que es bueno que una sociedad esté formada por gente de diferentes razas, religiones y culturas y que el 63% de los españoles “considera que España aún no ha alcanzado el límite de personas de otras razas, religiones o culturas que pueden ser admitidas”. Las diferencias territoriales son significativas: en Cataluña el 45% piensa que ya se ha alcanzado ese límite, pero en Madrid esta cifra se reduce al 33%. El presidente de la Patronal, Antonio Garamendi, se mostró a favor el año pasado de la regularización de cientos de miles de migrantes que persigue la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con 600.000 firmas que se tramita en el Congreso de los Diputados, a la que hace un año todos los grupos menos Vox, e incluyendo al PP, votaron a favor de la toma en consideración.
