El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Así lo recoge la sentencia conocida este viernes, que incluye una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 710.000 euros) y la inhabilitación por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas para el político de 73 años.
A la espera de la lectura del veredicto para el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, el caso se ha prolongado durante más de una década. En todo este tiempo, el que fuera mandatario del país entre 2002 y 2010 ha defendido su inocencia. La defensa de Uribe ya ha confirmado que va a recurrir la sentencia.
El caso comenzó en 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región colombiana de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda. A raíz de los hechos, este último pasó de acusado a víctima, camino contrario al de Uribe, que de demandante pasó a investigado en una larguísima trama que ve luz más de una década después.
La sentencia, de más de 1.100 páginas como detalla EFE, fija una pena de 91 meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, con 29 meses más por concurso homogéneo, es decir por la participación de varias personas, lo que equivale a un total de 120 meses o 10 años.
«Como quiera que esta conducta se cometió en concurso homogéneo, fueron tres testigos de los cuales se acreditó soborno por interpuesta persona, en este caso Juan Guillermo Monsalve Pineda, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco», por lo que, agrega la sentencia «se aumenta la pena por los dos delitos restantes en 29 meses para un total de 120 meses de prisión».
Por el delito de fraude procesal, la jueza estableció una condena de 104 meses de prisión. Sin embargo, estableció el soborno en actuación penal como el delito base y sumó dos años más en virtud del fraude.
«Se establece que la conducta más grave resultó ser la del soborno en actuación penal que adoptaremos como delito base, y sobre la misma le aumentamos en dos años, en virtud del delito de fraude procesal, por ello, la pena en definitiva le queda tasada en 144 meses de prisión o lo que es lo mismo 12 años de prisión», se lee en la sentencia que recoge EFE.
