Aunque el Gobierno aprobó en el último consejo de ministros del pasado martes la ampliación de los permisos parentales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a pagar una multa de seis millones de euros y una multa coercitiva diaria de 19.700 euros en caso de que el incumplimientopersista en la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia.
El TJUE argumenta que el Gobierno de España ha incumplido porque no ha adoptado las disposiciones legislativas sobre equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de los progenitores y cuidadores de una directiva europea que se aprobó en 2019.
La Comisión inició el procedimiento precontencioso el 21 de septiembre de 2022 mediante el envío de una carta de emplazamiento a España. En su respuesta del 18 de noviembre de 2022, España comunicó su intención de transponer la Directiva mediante una ley y un decreto real, comprometiéndose a remitir con la mayor brevedad posible las disposiciones pertinentes y precisas.
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