La Abogacía del Estado pide una pena de tres años y nueve meses de cárcel para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por defraudar más de 350.000 euros usando facturas falsas. En su escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es, el representante de la Agencia Tributaria en la causa atribuye dos delitos de fraude fiscal al empresario en concurso con otro más de falsedad documental.
“Era plenamente consciente de la falta de realidad de las facturas”, dice la Abogacía sobre González Amador, que actuó así “con el ánimo de escapar la tributación correspondiente”. La Abogacía del Estado entiende que hay que aplicar la “atenuante simple de reparación del daño” al haber pagado, en mayo del año pasado, su deuda y los intereses.
La forma que tuvo el empresario a la hora de tributar el dinero que ganó durante la pandemia haciendo de intermediario en compraventa de mascarillas, añade la Abogacía del Estado, “responde a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación”. Usó, además, una sociedad “interpuesta” para “seleccionar de manera arbitraria” la empresa con la que pagaba impuestos.
Tal y como reveló en exclusiva este periódico, la Fiscalía denunció a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid hace más de un año bajo una acusación: defraudar más de 350.000 euros en su Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 usando facturas falsas para endosar gastos ficticios a su empresa. Una manera de reducir drásticamente la factura fiscal de los dos años de pandemia en los que ganó varios millones de euros como comisionista en operaciones de compraventa de material sanitario.
La Abogacía del Estado entiende que debe ser condenado a un año y nueve meses de cárcel por los 155.000 euros que supuestamente defraudó en 2020, y dos años más por los 293.927,11 euros que dejó de pagar a Hacienda en 2021. La petición es idéntica a la que realizó hace unos días la Fiscalía por los mismos delitos. González Amador ya ha sido procesado en este caso de fraude fiscal y está investigado en otra pieza por corrupción en los negocios y administración desleal por la compra de una sociedad a la esposa de un directivo del grupo Quirón, algo que la Fiscalía considera un posible “soborno”.
La representación de Hacienda acusa en su escrito a Alberto González Amador de actuar “mendazmente” con el “ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito ante la perspectiva de tener que ingresar importantes cantidades al Erario Público”. Su empresa Maxwell Cremona era una pantalla ya que “carecía de toda estructura societaria que permitiera diferenciarla de su socio único” y las investigaciones de la Agencia Tributaria han podido acreditar, añade, “que los datos declarados no eran acordes a la realidad”.
Facturas falsas de México, Costa de Marfil y Sevilla
La Abogacía del Estado, que en este procedimiento representa a la Hacienda Pública cuya investigación derivó en la denuncia de la Fiscalía, explica que la estrategia de González Amador, después de ingresar dos millones de euros durante la pandemia, fue inventarse gastos de sus empresas para rebajar al máximo la factua del Impuesto de Sociedades. Para eso presentó, en total, 15 facturas por un valor cercano a los 1,7 millones de euros por unos servicios inexistentes.
Sus empresas pasaron de tener una cifra de negocio de 357.000 euros en 2019 a uno de 2,3 millones en 2020. El dinero que pagó por el Impuesto de Sociedades a través de su empresa Maxwell Cremona, sin embargo, no solo no subió sino que disminuyó: de una cuota tributaria de 6.800 euros en 2019 a una de 2.800 euros en 2020, a pesar de que su cifra de negocio se había multiplicado por seis.
La fórmula que usó fue presentar facturas falsas y hacer creer a Hacienda que sus empresas habían tenido muchos más gastos que permitían rebajar el Impuesto de Sociedades. La factura más voluminosa, de 922.000 euros, fue emitida por una sociedad de Costa de Marfil llamada Gayani en junio de 2021. País en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había intentado vender vacunas contra el coronavirus sin que el acuerdo con el Ministerio de ese país fructificase. La segunda factura, de 630.000 euros, fue emitida por MKE Manufacturing.
Detrás de ambas operaciones aparece Maximiliano Eduardo Niederer, para quien la Abogacía del Estado también pide un año de cárcel. La misma condena que solicita para otros tres acusados, dueños de empresas radicadas en Sevilla que emitieron una decena de facturas de importes menores y consideradas igualmente falsas por la jueza, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
