Los activistas españoles Santiago González Vallejo y Sergio Toribio han rechazado la deportación exprés ofrecida por las autoridades israelíes tras ser detenidos a bordo del barco humanitario Handala, interceptado cuando trataba de romper el bloqueo marítimo sobre la Franja de Gaza. La decisión de ambos supone que acabarán compareciendo ante un tribunal israelí, según ha informado el equipo legal del Centro Adalah, una organización árabe-israelí que se ha hecho cargo de su defensa.
El buque fue abordado este sábado por la Marina israelí a menos de 100 kilómetros de la costa gazatí, en una nueva acción de la Flotilla de la Libertad, coalición internacional de apoyo al pueblo palestino, para denunciar el cerco impuesto por Israel al enclave. En la embarcación viajaban 21 personas de doce nacionalidades distintas.
De ellas, doce activistas, incluidos los dos españoles, han optado por rechazar la expulsión automática. Entre quienes sí han aceptado la vía rápida de repatriación figuran la francesa Gabrielle Cathala, el italiano Antonio Mazzeo y el estadounidense Jacob Berger, según ha informado el Centro Adalah en su cuenta de la red social X.
Huelga de hambre y proceso judicial
Santiago González Vallejo se ha declarado en “huelga de hambre indefinida en protesta por su detención ilegal”, mientras espera que se inicie el procedimiento judicial. El barco Handala continúa retenido en el puerto de Ashdod, bajo control israelí. Otros dos pasajeros, los activistas israelíes-estadounidenses Bob Suberi y Huwaida Arraf, han sido trasladados a dependencias policiales, donde se les proporciona asistencia letrada.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español y la embajada en Tel Aviv se han movilizado para ofrecer protección consular a los ciudadanos españoles implicados. Según fuentes oficiales citadas por EFE, el consulado en Jerusalén se encuentra en contacto con ambos activistas para prestarles la asistencia necesaria mientras permanecen bajo custodia.
Las familias también han comenzado a movilizarse. Raquel Toribio, hermana de uno de los detenidos, ha relatado a EFE que pudo hablar con él por teléfono hasta poco antes del abordaje. El activista, un mecánico de 49 años residente en Logroño, ya fue arrestado en junio en circunstancias similares, cuando participaba en la misión del barco Madleen, también organizado por la Flotilla de la Libertad y también interceptado por Israel en aguas internacionales.
Del “secuestro” al “crimen de guerra”
La situación ha provocado una rápida reacción en el ámbito político español. Sumar y Podemos han exigido la liberación inmediata de los dos activistas y han denunciado lo que consideran un “secuestro” por parte del Estado israelí. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado sanciones y ha calificado de “crimen de guerra” el uso del hambre como arma. “El asedio al que están sometiendo a Gaza, usando el hambre, es un crimen de guerra y absolutamente inaceptable”, ha afirmado. “No pararemos hasta que se suspenda el acuerdo comercial entre la UE e Israel”, ha añadido.
Desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, ha publicado un mensaje en el que ha acusado a Israel de provocar deliberadamente una hambruna y de actuar como un “Estado terrorista”. “Vivimos en una época en la que se secuestra a los activistas y barcos que transportan ayuda humanitaria para frenar una hambruna provocada deliberadamente por el Estado terrorista de Israel y se protege a los genocidas. Vergüenza para quien permanezca en silencio”, ha escrito en su cuenta oficial.
