El Gobierno cierra este martes el curso parlamentario con la misma incertidumbre que atraviesa la legislatura. El Congreso celebra un pleno extraordinario, el último antes de las vacaciones, con siete reformas legislativas. Entre ellas, la convalidación de dos reales decretos ley para los que el Ejecutivo no tiene asegurados los apoyos. Especialmente el que recoge medidas para evitar un nuevo apagón como el de abril, que corre serio peligro después de que Podemos haya anunciado que votará en contra. Su aprobación queda en manos del PP.
En Moncloa se esfuerzan desde hace tiempo en combatir la idea generalizada de que la legislatura no ha producido avances. Es una crítica recurrente de la derecha, pero el diagnóstico también lo comparten algunos de los socios del Gobierno, entre ellos Sumar, que ha pedido en las últimas semanas un giro total y una reactivación de la agenda social. El Congreso ha aprobado 36 leyes hasta la fecha y los socialistas quieren elevar ese número hasta las 42, aunque para lograrlo necesiten los votos del partido que les lleva acusando de ser una mafia desde hace meses.
Pero el Gobierno quiere además terminar este último pleno del curso con buenas noticias para alejar la crisis por el caso de Santos Cerdán que colocó a Pedro Sánchez en el alambre en las últimas semanas. Los socialistas han tomado aire en los últimos días gracias a las noticias sobre el caso del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, a quien un juez de Tarragona señala por favorecer ilegalmente a empresas gasísticas, entre otras, durante su etapa en el gabinete de Mariano Rajoy.
Algunas leyes tienen los apoyos asegurados. Los partidos que conforman el llamado bloque de la investidura tienen todo a punto para aprobar definitivamente la modificación del Reglamento del Congreso que permitirá imponer sanciones a los agitadores de ultraderecha acreditados como periodistas en la Cámara. La reforma del reglamento establece un código de comportamiento pensado prácticamente ad hoc para evitar que estos activistas boicoteen las ruedas de prensa y señalen a los periodistas, como hacen habitualmente en los pasillos de la Cámara.
El texto lo registraron en marzo los partidos del Gobierno y todos los socios parlamentarios y la tramitación ha sido relativamente rápida. La semana pasada quedó redactada la ponencia y la Comisión del ramo emitió dictamen el jueves después de incorporar mediante algunas enmiendas las principales recomendaciones que hicieron al texto los letrados de la Cámara, que consideraban el texto inicial algo ambiguo en algunos de sus redactados y pedían incluir un plazo para que prescriban tanto las infracciones como las sanciones.
Junto a esta reforma, el Congreso también aprobará una modificación del reglamento para adaptarlo al lenguaje inclusivo, una iniciativa que se empezó a tramitar al inicio de la legislatura, pero que había quedado estancada. PP, Vox y UPN rechazarán en solitario ambas modificaciones en el pleno de mañana.
Dos decretos en el aire
Más difícil lo tendrá el Gobierno para sacar adelante dos de los tres decretos que el Congreso examina mañana. El que tiene más dudas de ser convalidado recoge el paquete de medidas que el Ministerio de Transición Ecológica quiere implementar para evitar un nuevo apagón como el que afectó a toda la Península Ibérica el pasado 28 de abril.
Con el decreto, según el Gobierno, se refuerza la labor de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de gestión del sistema eléctrico de Red Eléctrica de España (REE), potenciando así el control del cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes, la inclusión de nuevas herramientas para reforzar el sistema, además de medidas para impulsar la electrificación, el almacenamiento y la flexibilidad.
Pero el Ejecutivo no contará con los votos de todo el bloque que le facilitó la investidura. Esta vez no se debe a la negativa de Junts, sino a la de Podemos, que cree que la redacción del texto es una concesión a las energéticas. “Este real decreto vuelve a ser una forma de legislar que se basa en escuchar y atender lo que las grandes energéticas susurran al oído del Ministerio y no a atender el interés general y evitar situaciones así en el futuro”, dijo este lunes el portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.
Según Podemos, este decreto “no fija obligaciones para las empresas del oligopolio” ni “establece multas para sancionar los comportamientos temerarios” de esas compañías. “Las probabilidades de que haya un apagón son las mismas con este decreto que sin él”, sentenció.
También critican una disposición que el Gobierno ha incluido para conceder una subvención a Catalunya de dos millones de euros para la reducción del impacto ambiental de las macrogranjas, una medida que en Podemos ven como una subvención directa a estas compañías.
Si Podemos cumple su amenaza, el decreto quedará en manos del PP, quien podría facilitar la aprobación del decreto con una abstención sin necesidad de votar a favor. La portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, no quiso desvelar este lunes qué harían en la votación de este martes.
El Gobierno tampoco tiene asegurados los apoyos para el real decreto con las actualizaciones de los pagos a las comunidades autónomas, que se incrementan este año en 10.000 millones, según los cálculos del Ejecutivo.
En total, los gobiernos regionales recibirán más de 147.000 millones. Un dinero que ya deberían haber ingresado a principios de año, pero el Congreso rechazó el real decreto-ley previo que recogía estas entregas a cuenta. El PP votó entonces en contra ya que, dijo, el Ejecutivo las había incluido en un decreto ‘ómnibus’ que muchas otras medidas que los de Alberto Núñez Feijóo no compartían.
El PP retó al Gobierno a presentar las entregas a cuenta en un único decreto. Una vez hecho, no han desvelado si votarán a favor o no este martes.
También quedarán aprobadas las leyes que vienen del Senado. Hay un proyecto del Gobierno para mejorar la cobertura, indemnizaciones y seguridad de las víctimas de accidentes de automóviles. También una modificación del régimen económico y fiscal de Canarias para que el Gobierno autonómico pueda utilizar fondos de una reserva para inversiones (RIC) para la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler. Y por último, la Agencia de Salud Pública. El PP introdujo una serie de enmiendas gracias a su mayoría absoluta en el Senado. Lo previsible es que todas caigan y la ley quede aprobada aunque Junts podría abstenerse y facilitar alguna de esas enmiendas, entre ellas una que busca que sea la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la que resuelva las excepciones para el sistema de precios de referencia.
