El catalán, el euskera y el gallego tendrán que esperar a una nueva oportunidad para intentar recibir el reconocimiento como lenguas oficiales en la Unión Europea. Este viernes, los Veintisiete han vuelto a rechazar la propuesta del Gobierno de España en un debate tenso que ha tenido a Alemania como principal escollo.
No ha sido el único, puesto que una decena de países se ha manifestado claramente en contra de la intentona de España, como parte de los acuerdos con Junts. La mitad de la UE ha manifestado sus dudas legales alrededor de una reforma cuyo rechazo afea España, alegando que algunos miembros están aplicando una «táctica dilatoria».
Según relata Europa Press, el debate lo ha encabezado, por España, el secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro. A su llegada solicitó «no secuestrar ni retrasar innecesariamente» la reforma para permitir una decisión rápida a favor de la oficialidad, sin perjuicio de que más adelante aquellos socios con mayores dudas pudieran recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para obtener un dictamen más claro.
De acuerdo con las fuentes internas crecogidas por Europa Press, el debate fue tenso y «asertivo» y se extendió durante casi una hora, sin suerte para los intereses del Gobierno español. Lo más tenso llegó en los intercambios del representante español con el ministro para Asuntos Europeos alemán, Gunther Krichbaum, quien se aferró al dictamen oral del servicio jurídico del Consejo.
Dicho posicionamiento establece que sería necesaria una reforma de los Tratados para asegurar la base legal de una eventual oficialidad del catalán, euskera y gallego, algo que España niega. «Está claro que no hace falta una revisión de los Tratados«, ha reconocido el secretario de Estado, ante lo que un amplio grupo de estados han solicitado un informe legal por escrito para aclarar este asunto y dejar clara la base legal de una eventual reforma, para dejar clara la posición de la UE si el asunto llegara ante el TJUE
Alemania, que ya en el debate que los ministros mantuvieron el pasado mayo fue el país más duro frente a la petición española y avisó de que votaría en contra si se forzaba el voto, «no se ha movido un milímetro» de su posición, apuntan desde otra delegación.
Berlín no ha estado precisamente solo en la mesa de negociación, aunque públicamente sus apoyos hayan preferido mantenerse en un segundo plano. Fuentes de la negociación reconocen que son varios los países que «a puerta cerrada«, han mostrado las mismas dudas que Alemania, entre ellos Francia o Italia, pesos pesados en Bruselas.
El rechazo al catalán, al euskera y al gallego también ha alcanzado al norte y al este de la UE. Finlandia, Suecia, Bulgaria y Croacia han sido otras delegaciones que han alzado su voz internamente para declarar problemas por la falta de claridad respecto al alcance legal de una modificación del reglamento de lenguas que incluyera las tres regionales.
Por contra, España también se ha visto respaldada, aunque en menor número. Países como Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre han mostrado su apoyo al planteamiento sobre las tres lenguas cooficiales en nuestro país, añade Europa Press.
Entre medios, otro grupo, con Polonia, Austria o Luxemburgo, quienes en la previa habían reconocido su voluntad de dialogar con España, pero dejando claro que hoy por hoy es pronto y existen otros temas prioritarios en la agenda europea antes que las lenguas.
«Los servicios legales del Consejo se lo toman en serio y esta opinión de los servicios legales sigue sin cambios. Eso significa que mientras no haya una propuesta sobre la mesa en la que las preocupaciones legales, así como las preocupaciones financieras, queden resueltas, no puede haber consentimiento», ha zanjado ante la prensa la ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm.
«Es un asunto muy sensible y simbólico y esa es la razón por la cual la presidencia danesa va a tratar este tema en un diálogo continuo con los Estados miembro, con gran cautela», ha informado, por su parte, la ministra danesa de Asuntos Europeos y presidencia de turno del Consejo de la UE, Marie Bjerre, al término de la jornada.
La Comisión Europea presentó a finales de 2023 una evaluación «preliminar» basada en la experiencia del gaélico que apuntaba a que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego tendría un coste de 132 millones anuales (44 millones por lengua), pero dijo que abordaría una evaluación específica y en detalle si así se lo pedía España o el Consejo.
En mayo, el Gobierno presentó una propuesta de reforma del reglamento de lenguas más completa que incluía en su parte de «considerando» el compromiso de asumir todo su coste y planteaba una implementación parcial a partir de 2027, de modo que a partir de esa fecha únicamente se traducirían de toda la legislación comunitaria los reglamentos del Consejo y del Parlamento, lo que en la última legislatura supuso menos de 3% de todos los actos jurídicos.
Esta aplicación parcial derivaría de una «derogación» inmediata por la que las instituciones de la UE no estarán obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en las tres lenguas, según consta en la propuesta circulada a las capitales y a la que tuvo acceso Europa Press. Dicha derogación sería revisada a más tardar en un plazo de cuatro años y podría ser revertida pero, de nuevo, mediante decisión por unanimidad de los 27.
