El Supremo impone a Bolsonaro la tobillera electrónica y le prohíbe usar redes sociales: «Es una suprema humillación»

La Corte Suprema de Brasil ha dictado este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado por golpismo, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales y mantener contacto con embajadores, diplomáticos extranjeros y otros investigados en el caso, han informado medios locales.

De hecho, Bolsonaro ha llegado ya a la sede la Policía Federal en Brasilia, trasladado por agentes para que le sea colocada la tobillera.

La Policía Federal de Brasil ha ejecutado este viernes 18 de julio un operativo de allanamiento en la residencia de Bolsonaro, ubicada en el barrio Jardín Botánico de Brasilia. La acción fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) y forma parte de la investigación en curso bajo el expediente PET n.º 14129, cuyo relator es el ministro Alexandre de Moraes.

Según la Policía Federal, también se han realizado registros en otros inmuebles vinculados a Bolsonaro, incluyendo su oficina en la sede del Partido Liberal, en la capital brasileña. Durante el operativo, se han llevado a cabo órdenes de búsqueda e incautación, además de la aplicación de estas medidas cautelares distintas de la detención.

Fuentes cercanas al expresidente señalan a O Globo que estas medidas podrían extenderse incluso a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos. Eduardo lidera allí un movimiento alineado con el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca la amnistía y el castigo de jueces del STF, motivo por el cual también está siendo investigado.

Bolsonaro define las medidas cautelares como «una suprema humillación»

Bolsonaro ha afirmado que estas medidas cautelares son «una suprema humillación» y ha reiterado que «jamás» conspiró contra la democracia ni pensó huir del país.

Al mismo tiempo, su defensa se ha declarado «sorprendida» e «indignada» con las medidas cautelares impuestas por la Corte Suprema. Los abogados del líder ultraderechista han afirmado en una nota que las nuevas restricciones dictadas por el alto tribunal son «severas», a pesar de que «hasta el momento siempre ha cumplido con todas las determinaciones del Poder Judicial».

«La defensa se manifestará oportunamente, cuando conozca el fallo judicial», ha indicado la nota, enviada por el letrado Celso Vilardi, quien defiende a Bolsonaro en el juicio que avanza en el Supremo por supuestamente liderar una conspiración golpista contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.

Bolsonaro, acusado de cinco delitos

Estas nuevas diligencias se producen en medio de los llamamientos de Trump para que se detenga el juicio contra el líder ultraderechista, a quien considera víctima de «una caza de brujas».

Bolsonaro es acusado de liderar, junto con varios de sus colaboradores, entre ellos antiguos ministros y militares de alto rango, un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022, que ganó Lula.

La Fiscalía lo acusa de cinco delitos, entre ellos golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derechos, cuyas penas sumadas pueden llegar a los 40 años de prisión. En paralelo, Trump anunció la semana pasada un arancel adicional del 50% a las importaciones brasileñas por motivos principalmente políticos.

El dirigente republicano mencionó en primer lugar el juicio por golpismo contra Bolsonaro y también criticó supuestas órdenes «secretas» e «ilegales» del Supremo brasileño para el bloqueo de perfiles en redes sociales dedicados a diseminar noticias falsas contra las instituciones democráticas.

Esto ha abierto una grave crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. Lula ha exigido respeto al Poder Judicial de su país y calificado los comentarios de Trump de «chantaje inaceptable».

En la víspera, Trump envió una carta de apoyo a Bolsonaro en la que confió en un próximo «cambio de rumbo» del Gobierno de Brasil y pidió el fin del supuesto «régimen de censura» que impera en el país.