El Ministerio de Hacienda ha decidido apartar de su cargo a Óscar del Amo Galán, subdirector general de Tributos Locales, imputado en el caso Montoro y que presuntamente habría colaborado en la modificación de leyes a favor de empresas que luego pagaban al despacho económico de Cristóbal Montoro. El auto del juez le señala como una de las personas que incorporó a los presupuestos generales de 2018 las modificaciones que pedían las empresas gasísticas.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dicho a primera hora de este viernes que se estaba valorando su continuidad: “Estamos viendo los pormenores por los que le imputan y en contacto con esta persona para tomar las decisiones correctas”. Fuentes de Hacienda informan de que ya se le ha comunicado el cese del puesto de subdirector de Tributos Locales, aunque Del Amo seguirá vinculado al Ministerio porque es funcionario de carrera.
Además, esta mañana Loterías y Apuestas del Estado ha comunicado el cese a su director económico financiero, Rogelio Menéndez, también imputado en el caso, en el que se le señala como uno de los participantes en una reunión en 2014 entre Montoro y representantes de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, levantó el pasado miércoles el secreto del sumario sobre una causa que se abrió hace siete años y que tiene como epicentro un despacho de abogados que creó Cristóbal Montoro y al que luego habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa al frente del Ministerio.
La trama que describe el juez arranca con la fundación del despacho Equipo Económico en 2008 por parte de Montoro. De Equipo Económico, afirma el magistrado, Montoro fue “socio fundador, presidente y consejero de EE [las siglas del despacho Equipo Económico] hasta abril de 2008”. Una vez Montoro llegó al Ministerio por segunda vez en 2011 –ya había sido ministro de Hacienda con José María Aznar, antes de fundar el despacho– se aprobaron una serie de normas que beneficiaban a los clientes del bufete.
El juez asegura que las empresas gasísticas llegaron en dos ocasiones “a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos”. Una de esas modificaciones alcanzó a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Sobre Del Amo, el auto del juez señala que “ocupó uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los correos intervenidos en la causa”.
“Los correos intervenidos, revelan que mantuvo contacto y reuniones con las gasistas, en las que les comunica la imposibilidad de atender a sus pretensiones respecto de la modificación de los epígrafes del IAE. Poco después y tras la intervención de EE, se producen nuevos contactos y reuniones, esta vez, las gasistas sí lograron la reforma legal pretendida”, señala el auto sobre del Amo.
El juez añade que en otros correos queda de manifiesto que Del Amo recibió de las gasísticas las modificaciones legales que tenían que hacer y que “que además contactó telefónicamente con ellas para aclarar dudas sobre dichos textos”. Esas modificaciones eran “impuestas por los pagadores del despacho” de Montoro, concluye el juez.
Montero dijo en la mañana de este viernes que Del Amo “no es un alto cargo, no es un nombramiento del Consejo de Ministros”, y que accedió a ese puesto que ha desempeñado con varios gobiernos a través de la escala funcionarial. La ministra de Hacienda añadió que el caso Montoro “pone de manifiesto que al PP le acompaña de forma íntima la corrupción sistémica” y en beneficio de “unos pocos, de las empresas y de los grandes patrimonios”.
Por su parte, Rogelio Menéndez fue asesor de Montoro en el Ministerio entre 2013 y 2015 y en la actualidad era director económico financiero de Loterías y Apuestas del Estado, adscrita a Hacienda. El auto del juez de Tarragona le atribuye haber participado en una reunión en 2014 entre Montoro y representantes de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Los investigadores atribuyen a esta entidad los pagos a Equipo Económico a cambio de obtener las reformas legales que necesitaban las empresas del sector y clientes del despacho.
