El pacto entre el Gobierno y la Generalitat sobre financiación sellado este lunes en Barcelona es impreciso, contiene pocas concreciones –no hay ni una cifra ni siquiera fechas– y genera, por ahora, más preguntas que respuestas. Aunque en la comisión bilateral no estaba previsto que se detallaran grandes cifras, tampoco se esperaba un margen tan amplio para las interpretaciones.
Lo que para unos es un “cambio de paradigma”, según palabras del conseller de la Presidència, Albert Dalmau; para otros, como Junts, es “decepcionante”. Incluso Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) exige más concreción. Es acuerdo es muy parecido al previsto entre PSC y ERC, pero tiene el valor de que esta vez no es entre dos partidos, sino entre dos gobiernos.
El pacto asegura que el nuevo sistema de financiación tendrá en cuenta “las necesidades de Catalunya y su singularidad”, pero dejando claro que esto es “compatible” con un modelo que contemple “reglas comunes” y se acuerde en “reuniones multilaterales”.
Así lo refleja el documento, que consta de cinco páginas y el contenido del cual se ha divulgado al acabar la rueda de prensa entre ambas partes. Vamos a intentar dar respuestas a algunas de las preguntas.
¿Qué supone el acuerdo?
El texto pactado entre el Gobierno y la Generalitat es sobre todo un compromiso y una declaración de principios. En él, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce la necesidad de modificar el sistema de financiación, caducado en el año 2014, y de hacerlo de forma que Catalunya (y por extensión todas las comunidades que lo deseen) pueda cumplir con su aspiración de recaudar el conjunto de los impuestos.
Esta forma de gestionar los tributos, por parte de las autonomías y no de la Hacienda central es una cuestión administrativa importante, pero no modifica por sí misma el sistema de financiación, que es cómo se reparte entre administraciones estatales y autonómicas el conjunto de los recursos del Estado.
Por tanto, en paralelo a que la Agència Tributària Catalana vaya asumiendo más competencias deberá pactarse un nuevo modelo de financiación que, según ha anunciado el Gobierno este lunes, se basará en la recaudación, es decir, en la capacidad de generar ingresos de cada comunidad, y no en su necesidad de gasto.
¿El pacto de este lunes establece un modelo concreto?
No necesariamente. En el acuerdo, de cinco páginas, no hay ni cifras ni fechas. Por un lado, no se valora la cuantía que puede ganar la Generalitat de Catalunya, pues aún no se ha decidido cómo se cifrará la solidaridad ni cómo se calculará el coste de las competencias específicas. También falta por conocerse la cifra de recursos adicionales que piensa aportar el Estado. Siendo así, de los principios pactados este lunes pueden derivarse modelos muy diferentes dependiendo del acuerdo al que se llegue y la voluntad del legislador.
¿Supone una salida del régimen común para Catalunya?
La pretensión es construir un modelo completamente nuevo, por lo que la idea de “comunidades de régimen común”, vigente en el sistema de financiación actual, dejaría de tener vigencia, según defienden fuentes del Govern. Esto es así porque tanto las comunidades que decidieran avanzar en la recaudación de impuestos, como aquellas que optasen por continuar como hasta ahora, entrarían dentro del mismo sistema de reparto.
Ahora bien, lo que sí cambia es que se pasa de una situación en la que todas las comunidades están igual, ya que en la actualidad ninguna recauda y todas están sujetas a las entregas y adelantos que les hace Hacienda, a un modelo “a la carta”, en el que cada administración autonómica podrá optar por recaudar todos sus impuestos, solo una parte o ninguno de ellos, en la medida de sus intereses y capacidad.
¿Catalunya se quedará con todos los impuestos que recaude?
No. Una cosa es la administración que recauda y otra cómo se reparte. En este momento es la Agencia Tributaria (estatal) la que recauda, pero después esta recaudación va a financiar la administración estatal, la autonómica e incluso, en parte, las locales. Ahora pasaría lo mismo, solo que la recaudadora sería, llegado el momento, la Agència Tributària de Catalunya.
Una de las claves está en determinar cómo se reparte lo recaudado. El principio pactado es que se decida a través de la participación de cada administración en una “cesta tributaria”. Esto supone que la comunidad participe en un porcentaje, “que se acuerde”, de los impuestos que se recauden en su territorio, correspondiente al pago de sus competencias homogéneas, es decir, las que comparten todas las CCAA. La Hacienda central, por su parte, participaría de otro porcentaje, que servirá para financiar los servicios que la administración estatal presta en cada comunidad. De ahí también saldrá el pago de las competencias específicas, que en Catalunya son los Mossos d’Esquadra, el sistema penitenciario, Rodalies y algunos servicios más.
Por otro lado, de la recaudación que le quede, Catalunya cederá una parte en un mecanismo de nivelación y de solidaridad entre las comunidades autónomas. El mecanismo está por definir, pero el texto subraya que esta aportación se tendrá que hacer “de manera transparente”.
¿Es un sistema de cupo o de concierto a la vasca?
No. Por mucho que se hable de financiación singular, el acuerdo no se asemeja al cupo vasco. Aunque la Generalitat sea quien acabe recaudando los impuestos, su aportación a los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos, que aún se debe pactar, no como un pago de la comunidad al Estado tras un opaco cálculo bilateral, como sucede con los territorios de régimen foral.
Por otro lado, el acuerdo establece la participación de Catalunya en un amplio mecanismo de solidaridad, aspecto que en el caso de Euskadi y Navarra solo sucede en forma de aportación al Fondo de Compensación Interterritorial, en teoría mucho más limitado.
¿Se garantiza el principio de ordinalidad?
Lo que los técnicos llaman principio de ordinalidad quiere decir que una vez repartidos los recursos destinados al reequilibrio territorial (solidaridad), el volumen de recursos per cápita de las comunidades con más capacidad fiscal (más ricas) no puede quedar por debajo del de las más pobres, como ocurre hoy, no solo con Catalunya, y dejar, en cambio, comunidades sobrefinanciadas (como Cantabria, Extremadura, La Rioja, Asturias o Galicia).
La ordinalidad es una línea roja para Catalunya, pero solo aparece en la exposición de motivos del acuerdo, en el preámbulo, no forma parte del acuerdo. Dice que la administración catalana entiende que la aportación a la solidaridad tiene que calcularse “de manera transparente” y “con criterios objetivos”. Y añade: “Y es condición necesaria que su aplicación no puede desvirtuar la ordinalidad en el resultado final”. El concepto no aparece más.
¿Qué implica para el resto de las comunidades?
La arquitectura del pacto es “generalizable” a todas las comunidades que lo deseen y que quieran más autogobierno y más corresponsabilidad fiscal con sus ciudadanos, se han esforzado en subrayar tanto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Pero para que ninguna comunidad salga perdiendo al respetarse el criterio de ordinalidad, falta saber cuándo dinero (y de dónde) pondrá el Estado para el conjunto del sistema. Preguntado al respecto, Torres emplazó al modelo que el Ministerio de Hacienda presentará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a la vuelta de las vacaciones.
¿Cuándo empezará Catalunya a recaudar todos los impuestos?
No está claro. Cuando el PSC y ERC sellaron el acuerdo para la investidura de Salvador Illa, hace casi un año, se anunció que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) empezaría a recaudar el IPRF de 2026. Los expertos consideran que es el impuesto más territorializable y más vinculado a la capacidad fiscal.
El acuerdo de este lunes, sin embargo, establece que el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Economía “trabajarán para el desarrollo de la hacienda catalana (…) con el objetivo de que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asuma progresivamente competencias de gestión en IRPF, sin perjuicio de futuros acuerdos en otros tributos”. Y que “se creará un grupo de trabajo” en este sentido.
Así mismo, el pacto indica que ambas administraciones “acuerdan intensificar la participación [de la ATC] en la campaña de la renta” del año que viene en colaboración con la AEAT.
El acuerdo no concreta más y el Govern no se ha comprometido ello, puesto que la ATC no dispone de medios para poderlo hacer en solitario. Ni tecnológicos ni de personal. El conseller Albert Dalmau ha recordado que la Generalitat dispone de 4.400 empleados en Catalunya, ante los 840 del ATC y que antes de que termine el mes de julio, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, presentará el “plan operativo para reforzar y dimensionar” la agencia catalana.
Varios expertos consultados por elDiario.es consideran que hay dos grandes cabos sueltos en este sentido para ver el grado de soberanía de Catalunya. El primero es saber “a dónde va el dinero que recaude la Generalitat: ¿se lo queda el propio Govern, va a una cuenta del Banco de España?” El segundo es conocer quién tiene el voto de calidad dentro del “modelo en red de gestión” al que alude el acuerdo. La fórmula de un consorcio, tal como recoge el Estatut y proponía el PSC, facilitaba la gobernanza, pero ERC se opuso.
