PSOE y Sumar han acordado este lunes impulsar una ley en el Congreso para establecer en la legislación española la figura del embargo, con el fin de aplicarlo al comercio de armas con el Estado de Israel. El punto de partida será la ley que ya empezó a tramitar el Congreso hace unas semanas, impulsada por el grupo plurinacional y Podemos a partir de un texto trabajado por más de 500 organizaciones sociales comprometidas con el pueblo palestino.
“El Presidente del Gobierno y la Vicepresidenta Segunda han acordado impulsar a través de los Grupos parlamentarios del PSOE y de SUMAR la tramitación de la Proposición de Ley que permitirá incorporar la figura del embargo a la legislación española y habilitar así su aplicación efectiva para el caso de Israel”, han trasladado fuentes de ambas partes del Gobierno este lunes. Se trata de una de las exigencias que la coalición de Yolanda Díaz ha reclamado de forma insistente en las últimas semanas.
La iniciativa fue impulsada el pasado verano por la Red Estatal Contra la Ocupación en Palestina (RESCOP) y a finales de mayo Sumar, Podemos y BNG decidieron llevarla al Pleno para su toma en consideración. La ley fue registrada en aquel momento con la firma de esos partidos y la de EH Bildu y ERC.
Los planes del Gobierno son que esta iniciativa quede aprobada en septiembre. “Esta Proposición de Ley permitirá incorporar la figura del embargo a la legislación española, consolidar así el embargo a la industria militar israelí y extenderlo a todos los materiales relacionados con la defensa y a la asistencia técnica prestada por empresas armamentísticas de ese país”, trasladan fuentes del Gobierno.
Con esta ley, las organizaciones sociales y las formaciones de izquierda que impulsaron el texto buscan evitar que se completen las transacciones relacionadas con la industria armamentística. “La aplicación del embargo supondrá la prohibición de toda venta, suministro, transferencia o exportación que tenga como destino directo o indirecto el territorio del estado destinatario del embargo, por parte de personas físicas o jurídicas nacionales o residentes en España”, dice el texto que aprobó tramitar el Congreso en mayo.
El embargo afecta a material de defensa, productos y tecnologías específicas, así como a armas de fuego y municiones para uso civil o material policial y antidisturbios. También combustibles para “aeronaves, carros de combate y otros vehículos” destinados a propósitos militares. El embargo no solo afecta a la venta o a la exportación, también a la importación de todo ese tipo de material y engloba a entidades públicas pero también a empresas privadas.
La iniciativa busca modificar la ley sobre el control de material de defensa para incluir en ella la posibilidad de aplicar embargos a la compraventa de armas en países en los que se están cometiendo genocidios, crímenes de guerra o crímenes internacionales. La idea es prohibir explícitamente operaciones como las que ha desarrollado España con Israel a partir de octubre de 2023, tal y como ha desvelado elDiario.es en una serie de informaciones desde febrero del año pasado.
El Gobierno, de acuerdo con estas publicaciones, envió material a territorio israelí después de la fecha en la que comenzó la ofensiva militar contra la Franja de Gaza y ha seguido comprando material militar a empresas armamentísticas israelíes o a sus filiales, a pesar de que en las fuentes que han trasladado PSOE y Sumar este lunes aseguran que el Ejecutivo ha puesto en marcha “un bloqueo comercial por el que no se compra ni se vende armamento ni munición a Israel desde el 7 de octubre de 2023”.
Hace unas semanas, el Ministerio del Interior formalizó un contrato de dos lotes de munición dos empresas de ese país por valor de más de cinco millones y medio de euros a pesar de que había anunciado hace meses que cancelaría esa compra. La noticia provocó una crisis sin precedentes en el seno de la coalición por la presión de Izquierda Unida y los partidos de Sumar que obligó a Moncloa a ordenar que se rescindiera el contrato.
La ley también busca incorporar medidas para que barcos que surcan aguas internacionales cargados de armamento hacia Israel no puedan hacer paradas en puertos españoles. Aunque el Gobierno anunció el año pasado la suspensión de estos tránsitos, las informaciones de elDiario.es revelaron que entre mayo y septiembre de 2024 hubo al menos 1.185 envíos de suministros militares de EEUU para el Ministerio de Defensa israelí que pasaron por el puerto de Algeciras.
Durante el primer trámite parlamentario de esta iniciativa, votaron a favor de la toma en consideración los partidos del bloque de investidura, pero tanto Junts como PNV mostraron sus dudas sobre el resultado final de las negociaciones para la aprobación definitiva de la ley. El diputado Mikel Legarda ha anunciado que los jeltzales “facilitará la tramitación” para “incorporar a la ley el objeto” de la proposición de ley. “Es un documento válido para iniciar los trabajos”, sostuvo. Mientras, el diputado de Junts Isidre Gavin, fue más duro. “Votaremos a favor de coherencia y por respeto a los derechos humanos como principio irrenunciable de nuestra acción exterior”, aunque ha advirtió de que Junts presentará “enmiendas”. “No nos vamos a hacer corresponsables de que esta iniciativa se use como arma política”, zanjó.
Por lo tanto, más allá de este acuerdo, PSOE y Sumar tendrán que asegurarse ahora los votos de esas dos formaciones políticas para poder sacar adelante la iniciativa durante la tramitación parlamentaria.
“El Gobierno de coalición progresista está plenamente comprometido con la paz y la defensa de Gaza. Es por eso que, en los últimos años, España ha incrementado su apoyo financiero a UNRWA, ha reconocido al Estado Palestino, ha secundado las causas abiertas ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia contra Netanyahu, y ha impulsado varias resoluciones en Naciones Unidas para exigir alto un fuego permanente y sin condiciones. Además, el Gobierno ha puesto en marcha un bloqueo comercial por el que no se compra ni se vende armamento ni munición a Israel desde el 7 de octubre de 2023”, sostienen fuentes pactadas por las dos partes del Gobierno.
“El respeto al derecho internacional es el único camino. Y el Gobierno de España hará cuanto esté en su mano para defenderlo”, añaden esas fuentes.
