La migración, el intercambio y la acogida de personas de distintos territorios son tres factores que sustentan el progreso de las sociedades a lo largo de la Historia. La reacción conservadora a esta realidad ha sido también una constante siglo tras siglo, incluso en situaciones en las que los desplazamientos se han debido o se deben a la huida de guerras, de la pobreza extrema o de desastres naturales. Un rechazo del que ningún estado moderno puede considerarse inmune, y que el partido ultra Vox está agitando ahora con el “queremos seguir siendo España” para justificar la petición de expulsión de extranjeros que viven y trabajan en nuestro país, a pesar de las evidencias de que el incremento de la llegada de inmigrantes de los últimos años tiene un efecto positivo y diferencial en el crecimiento económico, en las pensiones y en el mercado de trabajo.
Este martes, en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Vox, Pepa Millán, exigió la “inmediata expulsión de los migrantes ilegales en España”, así como de los migrantes legales “que hayan hecho del delito su forma de vida” o que hayan demostrado lo que consideran sin más detalles “una incapacidad manifiesta de integración”. La amenaza de romper las vidas de quienes luchan cada día por una vida próspera o por un futuro mejor choca además con los argumentos que vienen dando todas las instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, cuando analizan la evolución de nuestro país desde el shock de la pandemia.
“Uno de los efectos positivos que han tenido los flujos migratorios [en España] es que aportan trabajadores con tasas de actividad muy altas, claramente por encima de otros países de nuestro entorno”, destacó hace apenas unos días José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, en una conferencia titulada ‘El papel de la política migratoria e industrial ante los retos de la economía española’. Esa tasa de actividad —es decir, los trabajadores extranjeros que tienen un empleo o que lo están buscando— alcanzó el 78% en 2024 en nuestro país, frente al 74,4% de Alemania, al 70,7% de Francia o al 71,1% de Italia, según los datos de Eurostat recogidos por José Luis Escrivá.
En Estados como el nuestro, “que tienen una natalidad tan baja, en ausencia de este fenómeno migratorio tendríamos un problema muy agudo de envejecimiento de la población”, incidió el gobernador del regulador financiero.
Las cifras y los estudios confrontan con contundencia con los bulos que pretenden asociar inmigración y delincuencia. Por ejemplo, el centro de análisis Funcas (la fundación de las cajas de ahorro) escogió a finales de 2024 que “la inmigración aportó el 84% del crecimiento de la población española” desde 2022 como “el dato del año”. Nuestro país roza los 50 millones de habitantes, con un aumento de 1,5 millones en los dos últimos años, de los que apenas 300.000 son nacionales, y 1,2 millones extranjeros, entre los que una mayoría se han incorporado al mercado laboral contribuyendo “a ampliar la oferta [de trabajadores], aliviar la escasez de mano de obra e impulsar el crecimiento económico”, según recoge otro informe del Banco Central Europeo (BCE), dado a conocer en mayo.
Este estudio de la institución monetaria descompone el avance del PIB (Producto Interior Bruto, la forma de medir la actividad) de una manera novedosa [como se puede observar en el gráfico] que le permite afirmar que “la contribución de los inmigrantes al crecimiento del PIB es especialmente importante en España”. La nuestra es la gran economía de la zona del euro que más ha avanzado desde 2019 —un 7,5% en total, tras superar el shock de la pandemia y pese a los golpes del volcán de la Palma, la invasión rusa de Ucrania o la DANA— y donde el mercado laboral está estableciendo un récord tras otro de personas afiliadas a la Seguridad Social.
A finales del mes pasado, en otra conferencia, el vicepresidente del mismo BCE, Luis de Guindos, admitió que “el modelo de avance del PIB de España tiene unos límites”. Pero el principal “cuello de botella” no es “la importante creación de hogares, sobre todo de inmigrantes”, sino que tengan “problemas para acceder a una vivienda”, según el ex ministro de Economía en los gobiernos del PP de Mariano Rajoy.
Este aumento de la llegada de personas de otros territorios “ha sostenido el crecimiento de la economía y la creación de empleo, en especial en los sectores más afectados por la escasez de mano de obra [construcción y hostelería]”, coincide el equipo de expertos de Funcas.
“España está actualmente inmersa en una expansión económica y demográfica de características parecidas a la que había experimentado a principios del siglo. Ahora, igual que entonces, el crecimiento económico está siendo empujado por una mayor demanda de mano de obra, antes que una mayor productividad [medida como la relación entre PIB y empleo]. Igual ahora que entonces, esta expansión del mercado laboral sería inviable sin la incorporación de un elevado volumen de mano de obra inmigrante”, concluye otro estudio de marzo de este 2025 del centro de análisis Fedea.
El gobernador del Banco de España remarcó una diferencia entre el actual ciclo de crecimiento económico y de creación de puestos de trabajo y el previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Con datos de 2022, de nuevo de Eurostat, un 70% de los extranjeros “recién llegados [a nuestro país] en edad de trabajar” tenía un nivel educativo “medio y alto”, frente al 55% de 2008. Además, en promedio para Alemania, Francia e Italia esta misma ratio se queda actualmente en el 61%.
Adiós a gran parte del personal de hostelería, construcción y agricultura
La España de Vox, sin 7 u 8 millones de personas migrantes que hoy viven en nuestras ciudades y pueblos, sería un duro golpe para algunos sectores económicos que se sustentan en una gran proporción de trabajadores de origen extranjero. Con datos de afiliación a la Seguridad Social del cierre del año pasado, el sector que más personas extranjeras emplea es la hostelería, con casi medio millón de trabajadores, que suponen el 27% de su fuerza laboral. Es decir, una de cada cuatro personas trabajadoras.
Le sigue la construcción, con un 20% de su personal que viene del extranjero. Este sector es uno de los que más advirtiendo de la falta de mano de obra, con vacantes que las empresas aseguran que tienen dificultades para cubrir y para lo que los empresarios han pedido en reiteradas ocasiones facilitar la formación y la llegada de personas extranjeras. Si se atiende a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, que también incluye a las personas en situación irregular trabajando –y no solo a las que están dadas de en la Seguridad Social–, la proporción de trabajadores extranjeros en la construcción es incluso mayor, de casi el 25%.
En la agricultura, los trabajadores extranjeros alcanzan el 25.5%, según la EPA. Más de uno de cada cuatro. Un sector en el que hay muchos casos de trabajo informal, de personas migrantes sin papeles, como el temporero procedente de Pakistán que falleció hace unas semanas en Fraga (Huesca). El experimento de deportación masiva que propone Vox tiene un antecedente en directo en EEUU, donde el miedo a las expulsiones está vaciando los campos de cultivo de algunas zonas fronterizas del país, como recoge este reportaje de The New York Times, ante el temor de los trabajadores a ser capturados por las autoridades.
Frente a las expulsiones de Vox, multitud de voces, no solo de movimientos de migrantes, sino también sindical, del mundo empresarial y de organizaciones como Cáritas, defienden una regularización masiva de migrantes, como la que hubo a mediados de los 2000, para mejorar los derechos de miles de personas que ya están en nuestro país, gran parte de ellas trabajando en la informalidad para poder vivir, abocadas a peores condiciones laborales y en ocasiones a la explotación. En un análisis publicado por el centro de estudios Fedea, la investigadora Raquel Carrasco, de la Universidad Complutense de Madrid, recuerda varios hechos que desmienten los bulos y miedos que se suelen azuzar a propósito de la inclusión laboral de las personas migrantes. Por ejemplo, que “la inmigración no afecta significativamente las oportunidades de empleo y salarios de los trabajadores nativos en España. Estos resultados están en línea con los obtenidos para otros países europeos”.
Sin trabajadores para las pensiones de los ‘baby boomers’
La población inmigrante también se ha situado como un colectivo fundamental para garantizar el futuro inmediato de las pensiones. El principal problema que atraviesa el sistema, desde la actualidad a las próximas décadas, es afrontar el reto de la jubilación de la generación del ‘baby boom’. Como su nombre indica, fue una generación muy numerosa que, en cambio, ha ido seguida de otras que lo fueron mucho menos, lo que enfrenta al sistema a un desequilibrio temporal entre el número de pensionistas y el de los trabajadores en activo, que son los que pagan sus pensiones. En este contexto, la llegada de migrantes, su inmensa mayoría en edad de trabajar, se convierte en un sostén fundamental para las pensiones públicas y las finanzas públicas, destaca la AIReF.
“La migración es el fenómeno demográfico que afecta de forma más rápida y directa a la población en edad de trabajar, que es un elemento clave en la evolución del PIB”, recuerda la Autoridad Fiscal en su última Opinión sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo. Es decir, las medidas de impulso de la natalidad, dentro de los postulados de partidos como Vox (aunque por otros motivos), son mucho más lentas y ya llegan tarde para los primeros años de tensión por las jubilaciones de los ‘baby boomers’.
Por tanto, que no llegue población inmigrante –no ya reducirla como propone ahora Vox– es un problema importante para las pensiones públicas de nuestros mayores en las próximas décadas. “Los flujos migratorios más reducidos implican un aumento del gasto en pensiones en 2050 de una décima de PIB comparado con el escenario base, mientras que flujos migratorios más elevados reducen el gasto en la misma cuantía”, destaca en su informe la AIReF.
Los inmigrantes que lleguen a España luego generan derecho a una pensión fruto de su vida de trabajo, pero lo harán “una vez que el proceso de envejecimiento de la población nativa se ha estabilizado y, por lo tanto, la presión de incremento de los gastos asociados al envejecimiento se habrá reducido”, indica la institución que lidera Cristina Herrero.
El organismo advierte de que “el impacto de los cambios en los flujos migratorios, al igual que en el caso de las variables macroeconómicas, no se limita al gasto en pensiones, sino que también afecta a otros gastos e ingresos, y a través de ellos, al déficit y a la deuda acumulada”, con la previsión de aumento de déficit y deuda en caso de una menor llegada de población extranjera a nuestro país. La deuda y el déficit son conceptos que reivindica continuamente la ultraderecha para criticar al Gobierno y la inversión en ciertas partidas de gasto social, pero en este caso, ignoran el efecto adverso que supondría su propia propuesta.
Un estudio de la Fundación ISEAK del año pasado advirtió del peligro de la desinformación y de los sesgos sobre la inmigración. La investigación reflejó cómo la población española tiende a sobreestimar las cifras de inmigración y los efectos negativos que cree asociados a esta sobre el mercado laboral y el Estado del bienestar, entre otras cuestiones. Por ejemplo, la población nativa piensa que la población inmigrante alcanza el 27,8% de la población total, lo que dista bastante del dato real: un 16%. Entre los españoles, destacan los ciudadanos con ideología de derecha como los que más sobreestiman, erróneamente, datos como el paro entre los inmigrantes (41% percibido con respecto al dato real de 16%) y “la incorrecta percepción de la proporción de personas inmigrantes que reciben ayudas sociales —perciben que esta alcanza el 55% mientras que solo es del 11%”, destaca el estudio de Odra Quesada, David Martinez de Lafuente y la catedrática Sara de la Rica.
Mejorar la integración
Frente a las peticiones de expulsión, en su conferencia, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, propuso “evaluar las políticas recientes e impulsar una gobernanza adecuada para mejorar la integración y emparejamiento laboral de los migrantes”. Entre las políticas a evaluar, señaló dos incluidas en el nuevo reglamento de extranjería, como la “reducción del plazo para solicitar la residencia en España”, y “la ampliación del tiempo que pueden trabajar los estudiantes extranjeros”.
Por otra parte, advierte de que está pendiente “reducir tiempos de espera para la adquisición de la nacionalidad”, y defendió que hay que “fomentar una estrategia migratoria adaptada a nuevas formas de trabajo”, con la colaboración de las distintas Administraciones Públicas.
